Estado capturado

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Por Fernando Oz

La candidatura presidencial del excomandante en jefe del Ejército uruguayo Guido Manini Ríos, tras ser echado de su cargo por el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pareciera ser otro paso de la bolsonarización de América del Sur. La situación amerita un profundo análisis y debate sobre la evidente degradación de las principales pautas del sistema democrático.

Se supone que en una democracia, donde el bien común debe primar sobre los intereses individuales, lo último que deberían hacer los gobiernos es aumentar la pobreza y las desigualdades. La función de los Estados es precisamente desarrollar políticas públicas que tiendan a aumentar el bienestar y mejorar los derechos de la ciudadanía. Pero cuando ocurre lo contrario, el ciudadano termina por perder la confianza en la clase dirigente y cuando aquello sucede el perfectible sistema democrático se deteriora.

Sólo un Estado capturado por las élites, solo en un Estado que privilegia a unos pocos frente a las mayorías, puede ocurrir que las políticas públicas reduzcan o limiten los derechos de los ciudadanos. Hoy estamos frente a un fenómeno que se extiende, y es el de los Estados capturados.

Los recientes estudios de opinión pública realizados por Latinobarómetro indican que el 75% de la población de América Latina piensa que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. Cuando se gobierna para unos pocos quiere decir que el Estado está capturado.

Latinobarómetro, una corporación de derecho privado sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, señala que el apoyo a la democracia como forma de gobierno preferida ha ido bajando desde 2010. Lo que sí ha aumentado en la región es la cantidad de personas que se sienten indiferentes ante la política. El 25% de la población dice que le da lo mismo un régimen democrático que un no democrático. El 65% de los y las latinoamericanos/as sostienen que están insatisfechos con la democracia.

El principal conflicto entre grupos que identifica la ciudadanía en la regiónes entre pobres y ricos. El 76% de los entrevistados por Latinobarómetro dice que este conflicto es fuerte o muy fuerte. Esta percepción casi no ha variado en el tiempo, y está estancada independientemente de los cambios vividos en la región con respecto a la desigualdad de ingresos desde comienzos del Siglo XXI.

Las últimas elecciones en Brasil y la intención de votos que tienen determinados actores que denigran los valores esenciales de las democracias, demuestran que estamos ingresando a una zona de riesgo.

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Otro dato que marca la compleja situación por la que atraviesan nuestras democracias es el de los altos índices de abstención electoral o de votos en blanco. Los politólogos llaman a éste fenómeno: desafecto político. Pero este desafecto o apatía puede reflejar dos opuestos estados de ánimo.

En las democracias donde a la mayoría de la gente le va bien, la abstención refleja una apatía satisfecha. En tal caso, la abstención implica una delegación implícita a los políticos, para que sigan haciendo su trabajo. Pero en las democracias donde a la mayoría de la gente le va mal, la abstención refleja una apatía desilusionada. 

Pero de la apatía a la hostilidad no hay más que un paso, y es allí donde la democracia corre peligro. En los últimos años, el voto en blanco o voto impugnado ha aumentado. Pero esto ya no es apatía sino hostilidad electoral. Ya no es “no votar” por los políticos. Es hacerlo contra ellos.

Quienes fomentaron durante años aquel sentimiento, son los que luego ingresaron a la vida política introduciendo el concepto del cambio, de lo nuevo –que siempre es bueno, o al menos esperanzador– frente a la vieja política –lo malo, el fracaso del ayer–. Así fue como llegó Mauricio Macri, Donald Trump, o Jair Bolsonaro.

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Los últimos datos difundidos por el Indec son muy claros. Aumentó la indigencia, aumentó la pobreza, disminuyó la clase media, aumentó levemente la clase alta. Las estadísticas demuestran claramente que estamos frente al fenómeno del Estado capturado.

Según los datos del Indec, la distribución del ingreso se hizo menos equitativa durante 2018, año en que la inflación ascendió al 47,6%, la desocupación aumentó al 9,1% y el índice de pobreza se incrementó al 32%.

La mayor inequidad quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al “0” como el nivel de mayor igualdad y al “1” con el mayor desequilibrio. Así, el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó en el último trimestre del año un valor de 0,434 puntos, contra 0,417 de igual período del 2017, uno de los mejores valores de la distribución.

Medido de otra manera, el Indec dio cuenta de que el 10 % de los hogares más ricos concentraron a fines del año pasado el 32,3% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre solo el 1,6%. A finales del 2017 esa relación era de 31% contra 1,8%. Esta desmejora en la distribución del ingreso se dio en un año en que la inflación fue del 47,65 y la actividad económica cayó 2,6%. A esto se le debe sumar que el índice de pobreza trepó a finales de 2018 al 32% de la población, cuando a fines del 2017 estaba en 25,7%, mientras que la tasa de desocupación ascendió al 9,1% contra el 7,2% de octubre-diciembre del 2017.

El debate sobre la desigualdad es esencialmente político. Es hora de enfrentar la captura del Estado. Las democracias deben cumplir el rol de garantizar que los conflictos de intereses se discutan en la arena pública y que sus resultados lleven a garantizar el respeto a los derechos y el beneficio del conjunto de la población. La participación ciudadana, tanto social como política, es clave para asegurar un contrapeso a los intereses de las élites en el debate y definición de las políticas públicas.  ♣♣♣

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