Seguridad e inteligencia: un latrocinio evitable

Por REDACCIÓN

Por Juan Patricio Furlong

Argentina tiene un sistema de seguridad de tres niveles: municipal, provincial y federal, a lo que debería agregarse una importante cantidad de agentes del sector privado y organizaciones del tercer sector dedicadas a la investigación. Tiene la mayor cantidad de policías por habitante de toda Latinoamérica (550 cada 100 mil habitantes), más del doble de lo que tiene Estados Unidos y cuatro veces los que tiene China. Complementando esta importante cantidad de recursos contamos con la estructura del Sistema Nacional de Inteligencia (AFI, DNIC y DNIEM), y áreas de investigación en varios organismos del Estado nacional y provinciales (Ministerio de Seguridad, UIF, Aduana, Migraciones, Policías Provinciales). No son pocos los recursos ni tampoco los agentes dedicados.

Sin embargo, los resultados en materia de seguridad están muy por debajo de las expectativas de todos, siendo esta una de las preocupaciones más recurrentes de los últimos 30 años, y claramente un problema creciente que afecta directamente la calidad de vida, las inversiones y la sensación de bienestar de la población.

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Argentina tiene recursos, pero carece de organización y visión política. Uno de los más grandes desafíos de la democracia es balancear correctamente, y encuadrar en un marco legal adecuado, a la actividad de inteligencia. La tensión entre libertades individuales y el acceso a la información por parte de los organismos de inteligencia es un debate muy actual en todo el mundo. Un equilibrio muy delicado, muy sensible, que debe mantenerse sobre los pilares de transparencia en sus fines y profesionalismo en su ejecución.

Lamentablemente, estos pilares no han sido el foco de las decisiones de nuestros líderes. El sistema de inteligencia ha estado altamente politizado por decisión de la clase política. Y está altamente vaciado de profesionalismo por la misma razón. Por lo tanto, no solo pudo haber servido a los fines espurios, sino que fundamentalmente no fue aplicado ni integrado al sistema de seguridad.

Si la inteligencia de Estado se enfoca en resolver pavadas y está conducida por advenedizos, entonces nadie está recolectando ni analizando información sobre los riesgos estratégicos. Si carecemos de inteligencia criminal entonces no tenemos un sistema organizado, sostenible, profesional, despolitizado que nos permita estudiar el comportamiento criminal y prevenirlo y vamos siempre detrás del problema, sin ninguna posibilidad de prevenirlo. Si no contamos con inteligencia militar entonces privamos a nuestro Estado de la única inteligencia que pueden realizar los militares, la exterior.

Por todo esto cuando nos suceden eventos que cobran relevancia (atentados terroristas, pandemias, conflictos transnacionales como el narcotráfico, el lavado de dinero o el tráfico de personas), cometemos tantos errores de diagnóstico, y por lo tanto equivocamos tantas veces el foco de la investigación.

Por eso, generalmente, no terminamos resolviendo los problemas, sino que lidiamos con ellos con la voluntad que pueda emerger de los actores que están en el campo. Es como pretender resolver un problema complejo apelando a la suerte, o a la voluntad, o como querer ganar una guerra sin información ni estrategia, o como querer descubrir una vacuna sin investigación. Nunca sucederá ninguna de estas cosas.

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Agreguemos a este problema una excesiva politización de la seguridad. Recuerdo una anécdota que refleja claramente nuestro problema. Hace unos años uno de los mayores líderes políticos de un país del G7, devenido en experto en inteligencia de Estado y que había tenido que estudiar nuestro sistema por razones profesionales me dijo casi textualmente: “ustedes, los argentinos, confunden la agenda política con la inteligencia y la seguridad. Si no trabajan seriamente en resolver esta cuestión, despolitizando la seguridad y la inteligencia, y dejando que esta vaya quedando en manos de expertos y no de políticos van a correr el riesgo de no alcanzar los niveles mínimos de profesionalismo que son indispensables para combatir al delito complejo del siglo XXI”. Y con una sonrisa cómplice agregó: “son temas demasiado serios para dejarlos en manos de los políticos”.

Falacias discursivas como mano dura vs. garantismo sirven para que muchos dirigentes puedan encontrar espacio mediático haciendo responsable a la escuela opuesta de todos los males. La realidad es bien diferente y lamentable: éstas escuelas solo existen en el discurso, la realidad no las reconoce. Por eso ninguna de las dos supuestas escuelas ha dado resultado en resolver el problema, simplemente porque ninguna se ha preocupado realmente por dotar al Estado de capacidad para pensar y estudiar el problema.

Es muy importante conocer que el sistema de inteligencia de un país no es solo un recurso afectado a la seguridad, también es una comunidad de profesionales altamente capacitados, interrelacionados entre si a través de complejos mecanismos e instituciones, con altísimos niveles de especificidad en sus capacidades y saberes. Es también un reservorio permanente de conocimiento sobre las problemáticas y desafíos más complejos, como el desarrollo de recursos y energías sustentables, el desarrollo tecnológico espacial y de las comunicaciones, el análisis de la seguridad nacional y sus riesgos permanentes, la morfología del delito organizado, el terrorismo, y sobre todo el análisis permanente del desarrollo de las potencialidades estratégicas de una nación.

Menospreciar la importancia que una herramienta de estas características podría aportar a un país con tantos problemas como el nuestro no es solo falta de visión política, es un latrocinio. El hurto de un bien público que podría ser fundamental para el desarrollo.

Lo bueno de haber caído tan bajo es que la oportunidad para cambiar puede hacer una gran diferencia. Aún quedan recursos humanos altamente comprometidos y capacitados en el sistema, o en las fuerzas de seguridad, o en el sector público. Pero es necesario organizarlos, darles un foco, y, sobre todo, tomar la decisión de construir un sistema altamente profesional y mantener a la política electoral y cortoplacista alejada.

Es necesario conocer como operan las organizaciones criminales y como lavan su dinero. El concepto de seguridad depende hoy mayormente de cuan eficiente son los Estados en combatir a las organizaciones criminales organizadas. Ellas son las que generan la mayor cantidad de muertes violentas (directa o indirectamente) y delitos contra la propiedad. Narcotráfico, terrorismo, trata de personas, ciberdelitos, contrabando de armas, o las varias combinaciones de estas, son los causantes de las muertes, desapariciones y situaciones violentas que vivimos diariamente en todo el mundo. Este tipo de organizaciones no altera su conducta ni detiene sus negocios si mandamos unos gendarmes para un lado o para el otro, o si compramos 50 patrulleros o si ponemos no se cuántas cámaras. Solo alteran su conducta cuando ven afectada su rentabilidad y aumentado su riesgo. Cuando sienten que las agencias del Estado conocen su modo de operar, cuando se les encarece o dificulta al extremo la logística de personas y recursos, cuando se avanza sobre sus patrimonios, y por supuesto, cuando se amenaza su propia existencia.

Para lograr esa muy difícil tarea no hay otra salida que no sea recolectar, analizar y compartir información. Es decir, hacer inteligencia en serio.

La oportunidad está allí, ni siquiera hay que destinar grandes cantidades de dinero, solo es necesario organizar lo que tenemos, centralizar la conducción, definir responsabilidades, profesionalizar los mandos superiores y tomar la decisión de mantener a la política menor alejada. Hay muchos proyectos para comenzar, considero que una reforma moderna de la ley que fortalezca el rol de la Comisión Bicameral y establezca la creación del primer Centro de Fusión de Información desde donde centralizar las tareas de las diferentes agencias que hoy trabajan des ordenadas cuando no superpuestas sería un buen comienzo.    ♣♣♣

#PA.

Domingo 21 de junio de 2020.

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