¿Se tiñe de rojo la Tierra Sin Mal?

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Por Marcelo Telez


Sólo ciento seis días separan al 23 de agosto del 6 de diciembre, apenas un poco más de tres meses. Exactamente durante ese tiempo a tres jóvenes misioneros un elemento común los separó de la vida: una bala de plomo proveniente del arma reglamentaria de un efectivo de la policía provincial.

Son tres casos diferentes pero con varias aristas similares, que hasta permitiría pensar en una matriz, un patrón de conducta, o tal vez era un estigma el que compartían las víctimas, para que el personal policial fuera en un primer momento justificado en su accionar.

No se caracteriza a la Policía de Misiones por ser una “policía brava” y lejos está de ser comparada con la tristemente célebre “Bonaerense”. Pero estos tres casos del último trimestre de 2019 algo están diciendo.

Amnesty Internacional elaboró, en noviembre de 2016, un interesante protocolo denominado “Uso de la fuerza”, donde plantea establecer un marco operativo para el uso de la fuerza y de armas de fuego. Allí se manifiesta que “para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan desempeñar sus funciones de mantener la ley, la seguridad y el orden público y prevenir y detectar el delito, se les confieren diversas facultades, entre ellas la de usar la fuerza y armas de fuego, esta facultad suele recibir el nombre de monopolio de la fuerza por parte del Estado”

Y agrega que “en la medida en que se conceda a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la facultad de usar la fuerza y armas de fuego, se les confiere para el desempeño de sus funciones de aplicación de la ley, facultad que lleva consigo obligaciones y responsabilidades, en particular con respecto a los derechos humanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la misma y que el Estado y sus agentes están obligados a respetar y proteger”.

Para la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, “desde fines de los ’80, la expresión “gatillo fácil”, en sentido estricto se refiere sólo a los fusilamientos y ejecuciones policiales, generalmente enmascarados como enfrentamientos, cuyas víctimas son, casi siempre, jóvenes pobres”.

Podríamos seguir con las definiciones, interpretaciones y discusiones, pero el caso es abrir más interrogantes que el del título del artículo para entender por qué, aunque se estén instruyendo las correspondientes causas, se insiste con el pedido de justicia.

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Un gurí

El primero de los casos es el de Víctor Márquez Dos Santos, un jóven de 16 años, que fue hallado en la mañana del sábado 23 de agosto sin vida en un camino terrado lindante a la Escuela de Comercio N° 10 de Santa Ana. Tras examinar el cuerpo, el médico policial le diagnosticó muerte por herida de bala 9 milímetros con entrada en la región orbitaria derecha, salida en región parietal izquierdo del cráneo y pérdida de masa encefálica.

El detenido fue otro joven, de 18 años, y las primeras versiones hablaban de investigar algún problema o vínculo por tema de drogas entre ambos.

En el diario El Territorio del lunes 26 de agosto el cronista fue más audaz al indicar que “también asomó una aparente trama narco como posible móvil del crimen, aunque se trata de una hipótesis que por el momento no tendría evidencia suficiente como para ser confirmada, más allá de comentarios de pobladores que vincularon al joven con el narcomenudeo”.

Pocos días después, y a partir de la pericia balística por parte de la policía científica, se demostró que el proyectil causante de la muerte de Víctor partió del arma reglamentaria que se le secuestró a uno de los dos oficial subayudantes que estuvieron en servicio esa noche del viernes 23 de agosto en que fue ejecutado el adolescente.

Fue el propio ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quién destacando el profesionalismo de la labor pericial y la investigación les permitió determinar que ese hecho lo cometió “un delicuente que viste uniforme policial”, con los correspondientes cambios y relevos que se dieron con la remoción de 31 funcionarios de la Comisaría de Santa Ana, incluidos también la Jefatura y Subjefatura de la Unidad Regional XIII de San Ignacio.

Todavía no se ha determinado el por qué del homicidio de Víctor y Eliana Elizabeth Marquez Dos Santos, su hermana, espera tener alguna respuesta por parte del gobierno provincial.

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Un colono

Reinaldo Andrade tenía 37 años, era un colono de El Soberbio, que el 13 de noviembre muere tras una supuesta persecución en un supuesto marco de tareas de inteligencias realizadas en dicha localidad de la costa del Río Uruguay.

Armas, un revólver y un pistolón, dos detenidos y un muerto, informaba el correspondiente parte policial. Pero el informe forense indicaba que otra vez una bala 9 milímetros proveniente de un arma reglamentaria realizó un corto recorrido antes de impactar a la víctima.

“Una persona no tiene tiempo de nada cuando le pegan un tiro por atrás, porque fue eso lo que se confirmó y que al principio pensábamos se le habían pegado del costado y ahora ya con el pasar del tiempo y con los resultado de la autopsia sabemos que el tiro fue totalmente atrás en la cabeza, en la parte de atrás en la nuca y no llegó a salir el proyectil hacia arriba entonces yo creo que cualquier persona que tenga un tiro detrás no hay forma de nada”, explicaba su hermano Pablo cuando se refiere a lo que ahora ya se conoce mejor.

También manifestó que le resulta muy difícil a la familia convivir con las cosas que empezaron a decir de su hermano para justificar el hecho: “que era traficante, que era cigarrillero. Lo que indigna es que sí es todo eso que dicen, tendrían que haber actuado antes, de otra manera, traerlo delante del juez y hacerle el juzgamiento que hay que hacer normalmente”.

Pablo Andrade también relató cómo fue el trato hacia los familiares por parte de las autoridades y de la Justicia: “porque en ese momento se acercó únicamente el jefe interino de la policía de Posadas y unos jefes de acá, de San Vicente y otros de alrededor que no sabíamos quiénes eran, todos jefes, porque se conoce por la vestimenta, por la jerarquía que tienen. Se acercaron a hablar con nosotros, nos hicieron un montón de promesas y dijeron que iban a colaborar que todo eso y después terminaron haciendo algunas cosas en contra, y a la familia nunca nos dieron apoyo. Y ese día y en los días más, nos trataron como unos verdaderos delincuentes, siendo que gente de la policía fueron los que le hicieron mal a mi hermano”.

También, como en el caso de la hermana de Víctor, reclaman la visita o algún contacto con el ministro de Gobierno y el apoyo con asistencia psicológica para los familiares que están todavía tratando de entender qué fue lo que pasó con Reinaldo.

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Un pibe con antecedentes

Polémico procedimiento policial, enfrentamiento, disturbios en el asentamiento La Cantera y después de “disparos intimidatorios al suelo” Luciano Villalba, de 18 años, muere el 6 de diciembre en el Hospital de Apóstoles.

Este caso difiere de los anteriores porque hubo una movilización popular a favor de los cuatro policías implicados en el hecho. Aquella situación empujó a que el juez de Instrucción Nº 4, Miguel Ángel Faría, dictara la excarcelación de los uniformados. Después de dos semanas de detención, los policías recuperaron su libertad pero siguen imputados en la causa.

La carátula del expediente es el de “homicidio y abuso de autoridad en concurso real”, ya que al menos uno de los cuatro fue señalado como el que disparó la bala que mató al joven durante ese operativo policial.

El magistrado dispuso una prohibición para acercarse a los familiares de la víctima por parte los policías procesados. Y el personal policial implicado en el caso continúa en disponibilidad por órdenes superiores de la Jefatura de la Policía de Misiones.

En algunos sitios web de Misiones se podían ver los títulos “Delincuentes libres y Policías presos”, y también fueron parte de las consignas de la marcha a favor de los uniformados, pero sólo les faltaba agregar algo: en Apóstoles una bala de plomo procedente de un arma reglamentaria había matado a un joven, con antecedentes sí, con “mala junta” sí, pero sin lugar ni posibilidad de evitar una sentencia de muerte sin juez ni jurado.

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Rápidos reflejos

Ante cada uno de los casos descriptos hay que remarcar, nobleza obliga, que el accionar del ministerio de Gobierno de Misiones fue inmediato. Es decir que después de los hechos, se actuó siguiendo los pasos administrativos correspondientes. ¿Pero qué fue lo que pasó para tener que hacerlo? Seguramente habrá que esperar que las causas judiciales empiecen a dar sus correspondientes fallos para con eso sí obrar en consecuencia.

Volviendo al protocolo de Amnesty y “al monopolio del uso de la fuerza”, también hay que ver la manera en la que se profesionaliza a las Fuerzas, de tal manera que la proximidad con el delito no desvíe del camino a alguno de los que la utilizan. O que no sea utilizada esa “fuerza” como elemento correctivo de clases.

Siendo los implicados y autores materiales de estos hechos personal policial, a la vez empleados públicos del Ejecutivo, no estaría de más que el Gobierno de la provincia utilice otras herramientas de su gestión, en el área de Salud, con la asistencia psicológica, por ejemplo, para ponerse al servicio de las familias que todavía siguen esperando por alguien que les ofrezca alguna respuesta. ♣♣♣ 

#PA.

Domingo 2 de febrero de 2020.
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