La deuda originaria de Argentina

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Por Lucía Sabini Fraga

El sábado pasado una pareja de la comunidad wichi llevó a su hijo, un bebé de siete meses, al Hospital Juan Domingo Perón de la localidad salteña de Tartagal y aunque ya llegó sin vida, el médico rápidamente constató que presentaba signos de desnutrición.

La provincia, gobernada hoy en día por el cercano a Juntos por el Cambio, Gustavo Sáenz, había declarado la emergencia socio-sanitaria en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, una semana atrás. Sucede que esta muerte por desnutrición se convirtió en la octava en lo que va del año en la provincia del norte argentino por la misma causa, y seis de ellos eran de la comunidad Wichi. Hasta el conductor televisivo Marcelo Tinelli (una de las caras visibles del programa “Argentina contra el Hambre”) usó su cuenta de Twitter para remarcar su preocupación al respecto, mientras estallaron los medios y las redes sociales con acusaciones cruzadas ante una problemática que lleva ya más tiempo del que todos querrían reconocer.

La ministra de Salud de la provincia, la pediatra Josefina Medrano, hizo declaraciones el martes pasado que dejaron boquiabierto a más de uno: “No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”. Como si las muertes por desnutrición fueran una moda de primavera-verano, también advirtió que hay “19 chicos internados en este momento y otros 10 en el centro de recuperación nutricional”. De todos modos, la ministra aseguró que “la situación es angustiante” y por supuesto, nada novedosa.

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Según el Censo de Población 2010, en Salta había 79.204 indígenas o descendientes de pueblos originarios, mientras que la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas del 2004-2005 indicaba que la comunidad Wichi representaba a 36.149 personas en las provincias de Salta, Formosa y Chaco, siendo la primera la más representativa de dicha comunidad.

Si bien es cierto que el problema de la desnutrición y de la muerte de integrantes de comunidades originarias por estas causas no es nueva, la sumatoria de factores hace que esta realidad implosione cada vez con mayor fuerza y llegue a los alarmantes números actuales de un niño muerto cada cinco días. Como elementos en la superficie, apenas arrancó su mandato Sáenz suprimió en la provincia de Salta el Ministerio de Primera Infancia (tras una reestructuración ministerial a principios del pasado diciembre), y dejó sin efecto programas de refuerzo de políticas asistenciales como el renombrado “Refuerzo Estival”.

El agua es otra de las grandes deudas: para Paula Juárez, investigadora y docente del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y coordinadora del Programa @Sedcero, Agua para el Gran Chaco, “toda la región del gran Chaco Argentino muestra índices alarmantes de falta de agua para consumo, producción y saneamiento”, y en el caso de Salta en particular, se han contabilizado alrededor de 20.000 hogares sin acceso a agua y en pobreza estructural.

En ese contexto, la gente traslada el agua que utiliza para tomar o cocinar –que recoge de pozos que están a kilómetros de sus hogares muchas veces– en bidones de plástico que a su vez no son inocuos: su uso originario corresponde al glifosato, químico industrial utilizado como herbicida. Es decir, la gente toma agua del mismo envase donde se trasladan venenos: por más limpio que parezca estar, no es un ejercicio digno para la salud humana.

Juárez, quien además dirige proyectos de Derechos Humanos con comunidades originarias y campesinas, denunció públicamente en 2018 que el Ministerio de Educación de Salta y el Ministerio de Desarrollo de Nación (durante el gobierno nacional de Cambiemos) estaban entregando filtros de plástico bacteriológico diciendo que “resolvían el problema”, pero sin informar de dónde obtenían el agua, ni que el filtro no potabilizaba el arsénico presente en las napas, ni que filtraba pocos litros, ni que ese mismo filtro quedaba rápidamente inútil por su falta de adecuación al escenario local.

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Según Juárez, entre las causas de este estado de situación se observa que “no hay estrategias para apoyar y preservar estas comunidades, sus culturas y lenguas, no hay política pública para ellos. Están fuera del radar público porque están alejados espacial y culturalmente.” Y por sobre todas las cosas, las comunidades también están atravesadas por el problema territorial: sucede que el Estado no solo no “llega” en términos concretos de asistencia de salud, ni educativa, ni en la construcción de caminos; sino que favorece a la destrucción del medio en donde están insertas y de donde proviene gran parte de sus modos de vida.

Según denunció la ONG ambientalista Greenpeace a finales de 2018, en el norte argentino (en las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa) se concentra el 80% de la deforestación del país. Y en el caso de Salta, ya en ese entonces habían sido deforestados el 30% de sus bosques nativos. Según el informe, “se destruyeron 1.406.005 hectáreas entre 1998 y 2017 en la provincia, 70 veces la superficie de CABA. Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, la mitad de los desmonte en Salta fueron ilegales.” Todos datos alarmantes que se inscriben en los dos últimos gobiernos –de signo peronista– que tuvo la provincia: Juan Carlos Romero (12 años) y Juan Manuel Urtubey (otros 12).

Sin ir más lejos, el ex gobernador Urtubey –que se mudó temporalmente a España a menos de dos meses de terminar su mandato– fue denunciado por la citada ONG, por firmar en mayo de ese 2018 un acuerdo con la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Federación de Entidades Rurales Salteñas para la ejecución de 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques.

Junto al monte, también se fueron la pesca y la caza, e incluso las changas típicas del mundo rural: el trabajo golondrina de las distintas plantaciones, hoy en día reemplazados por grandes extensiones de soja que avanzan sobre la frontera agropecuaria. A los problemas estructurales que abonaron todos los gobiernos en los últimos 30 años se le suma la desidia de otros, que ni siquiera buscaron soluciones paliativas o parciales.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó el miércoles pasado que al menos 32 niños de comunidades wichí permanecen internados por desnutrición y otros 160 fueron registrados con muy bajo peso en distintos parajes del norte de Salta, tras conocer el resultado de distintos operativos de asistencia coordinados entre su ministerio y el gobierno local. Arroyo tomó nota de la grave situación y es consciente de que parte del problema radica en el agua y su inaccesibilidad. El ministro aseguró que “en lo inmediato, ante la emergencia, llevamos módulos de alimentos y agua, para eso contamos con la ayuda del Ejército que ha llevado camiones cisterna y agua potable; pero la solución de fondo, y en la que el Ejército va a ser muy importante, es en la perforación de nuevos pozos para que haya agua potable”.

Sin embargo ni la entrega de la Tarjeta Alimentaria ni los módulos alimentarios del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales constituyen la tan mentada solución de fondo, aunque sirvan para mitigar la urgencia. “Imaginate que no es solo el agua de bebida lo que hace falta; es necesaria agua de calidad y en la cantidad necesaria para una buena vida, eso es lo que necesitan. Y para lograr eso, no es solo hacer pozos o poner cisternas” afirma la investigadora Juárez, quien conoce de cerca la problemática.

Las buena intenciones sobran, aunque del desmonte sistemático –por ahora– ni palabras. ♣♣♣

#PA.

SABADO 15 DE FEBRERO DE 2020.
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