Dos provincias dicen no a las minas

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Por Lucia Sabini Fraga



Desde que en Mendoza se intentó modificar la Ley 7722 el mes pasado, en Chubut se prendieron todas las alarmas. Ambas comparten la problemática minera, y esta última ha sido ejemplo de lucha ambiental ya desde Esquel 2003.

Chubut forma parte de las provincias con déficit y crisis interna que necesitó ayuda del Gobierno nacional para pagar sueldos atrasados de maestros y empleados municipales y sus correspondientes aguinaldos. El salvataje financiero se hizo carne con el anuncio el día 7 de enero, donde el ejecutivo habilitó un anticipo por la suma de 1.000.000.000 (mil millones) y cuyo monto deberá ser reintegrado “dentro del mes de su otorgamiento” a través de retenciones en el reparto de los impuestos coparticipados, según informaron distintas fuentes periodísticas. Según el gobernador Mariano Arcioni la situación financiera de la provincia es “muy delicada”, y responsabilizó a la deuda pública contraída en el mercado internacional de capitales; por ejemplo la que tomó su antecesor Mario Das Neves (cuando el mismo Arcioni era vicegobernador) de 650 millones de dólares en junio del 2016. En ese contexto, el jueves pasado se anunció desde el gobierno provincial un proyecto de Reforma Estructural del Estado, que contempla una reducción del número de personal de la administración pública –vía retiro voluntario y jubilación de personal–, una suspensión temporal en los incrementos salariales y un reperfilamiento de los plazos de vencimiento de deuda; todo en pos de ordenar un poco las arcas provinciales.

En ese contexto, hay que buscar alternativas que reactiven la economía o generen entradas, y si es en dólares mejor. Y pareciera que las posibilidades más apetecibles pasan por la inversión extranjera a cambio de la explotación de recursos naturales, que a esta altura es un clásico mundial.

En una reunión que mantuvieron el jueves pasado, Arcioni le planteó al secretario de Energía, Sergio Lanziani, la necesidad de la provincia de “reactivar inversiones energéticas para un nuevo escenario productivo”, y la vocación de “potenciar los campos maduros y las áreas marginales dentro de su territorio”. El Gobierno provincial está entusiasmado con la idea de que se acerquen todas las empresas petroleras posibles y hacer lo suficientemente atractiva su llegada al territorio chubutense: “Además de las principales operadores de la cuenca como YPF, Pan American, Tecpetrol o Capsa, apuntamos a compañías de menor escala que también tienen la posibilidad de manejar eficientemente yacimientos”, subrayó el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá. Es probable que el gobierno provincial evalúe que si la actividad minera trae problemas, es mejor arrancar por otro lado.

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Desde fines de diciembre, los vecinos y vecinas de Chubut están atentos a todo el movimiento legislativo de la provincia. La última semana de diciembre, vecinos nucleados en el espacio “La asamblea por el No a la mina”, se manifestaron hacia la cámara diputados de esa provincia ante lo que consideraron una “embestida de las corporaciones mineras” para habilitar la explotación de yacimientos metalíferos teniendo como ejemplo lo que sucedía en la provincia lindera de Mendoza. La realidad es que Chubut posee un gran potencial minero, contando con reservas de plata, plomo, oro y uranio; sin embargo la explotación a cielo abierto se encuentra prohibida gracias a la incorporación de la ley 5001, cuya sanción fue el resultado del proceso de lucha desatado en el 2003 donde la mayoría del pueblo de Esquel (una de las ciudades más proclives para dicha actividad) votó masivamente en contra. Si se quiere, una situación similar a la ley 7722 en Mendoza.

El presidente Alberto Fernández prefiere quedar bien con Dios y con el Diablo: se mostró defensor de la actividad minera como modelo de desarrollo pero al mismo tiempo consideró que son los pueblos y comunidades las que deben decidir en cada caso. Esta misma semana, Fernández declaró que “tenemos que garantizar una minería que cuente con el acuerdo de la comunidad y que garantice la no contaminación”, al mismo tiempo que ensalzó al modelo minero de San Juan.

A fines del año pasado, a poco de arrancar su mandato, el presidente ya le había echado el ojo a Chubut, y asegurado que “hemos logrado explotar oro y plata en la zona de la meseta de Chubut” dando a entender por donde podrían correr los próximos proyectos de ese tipo; de hecho, uno de los más avanzados y polémicos se denomina “Proyecto Navidad” y se orienta a la extracción de uranio tanto en la zona de la cordillera como en la meseta central. La reacción de las poblaciones locales hicieron que este mes de enero muchos funcionarios del frente gobernante se despegaran de estas declaraciones y se mostraron más bien reacios a la instalación de proyectos de explotación de este tipo: es el caso de los intendentes de Trelew, Adrián Maderna, y de Madryn, Gustavo Sastre, el vicegobernador Ricardo Sastre, o de distintos diputados provinciales y nacionales y hasta algunos senadores.

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El escenario está abierto y las organizaciones y movimientos medioambientales lo saben. Las promesas de trabajo local o de inversiones duraderas han resultado más cáscara vacía que otra cosa; y sobre todo en comparación con el daño que producen y las modificaciones irreversibles en los territorios donde se asientan. El pedido de sustentabilidad parece contradictorio con el concepto mismo de mega minería: vale recordar que en septiembre del 2015, la rotura de una de las válvulas en el circuito de la Mina Veladero en la localidad de Jachal (provincia de San Juan) a manos de la empresa Barrick Gold, generó el derrame de al menos un millón setenta y dos mililitros de solución cianurada que contaminó los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas en esa provincia.

El informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) de aquel momento, aseguró que el derrame de cianuro en la mina Veladero afectó las cuencas hidráulicas de la provincia y que la empresa no cumplió con la ley de residuos peligrosos, la Ley 24.051. A cuatro años de aquel suceso, cinco ex funcionarios nacionales están en camino al juicio oral mientras que ningún empleado de la empresa está procesado, y las aguas de esos ríos continúan con altos niveles de mercurio.   ♣♣♣

#PA.

Domingo 19 de enero de 2020.
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