¿Olvidar en Internet? Un complejo arte

¿Olvidar en Internet? Un complejo arte

Por Adrián Machado



Primera sentencia judicial sobre “derecho al olvido” en el país. Antecedentes y análisis del fallo. El “Caso Cóppola” revisitado.

El 20 de febrero pasado el juez nacional en lo civil Hernán Horacio Pagés falló a favor de Natalia Denegri y le otorgó parcialmente su pedido de desindexar imágenes y videos de su pasado. La sentencia se enmarca dentro del “derecho al olvido” en Internet y es la primera en su tipo en Argentina. Denegri es una periodista y actriz argentina radicada en Miami, pero hace 20 años fue famosa por el “Caso Cóppola”, un caso judicial que se trasladó a la pantalla chica para transformarse en un show televisivo durante meses.

La demanda fue realizada contra Google y en el fallo Pagés ordena que tanto el buscador como la plataforma YouTube no muestren referencias a los escándalos, insultos, agresiones y discusiones en torno a la vida privada de la demandante cuando se ingresa su nombre junto a palabras que remitan a ese momento de los ´90 porque “tales reproducciones no presentan a mi modo de ver, interés periodístico alguno, sino que su publicación solo parece hallarse fundada en razones de morbosidad”.

“Considero que tales videos, en cuanto exhiben escenas cuya oportuna relevancia estuvo claramente vinculada más con lo grotesco que con lo informativo, carecen de interés periodístico y no hacen al interés general que pudo revestir el caso Cóppola sino más bien a la parafernalia de contenidos excéntricos de nulo valor cultural o informativo, que cobraron notoriedad más por el culto al rating de ciertos programas que por el interés social que podían depertar” fundamentó el juez.

Antes de desglosar y analizar el fallo, veamos un antecedente que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El Antecedente

El caso de la modelo Belén Rodríguez fue el primero en el país en que una demanda contra buscadores de internet por los links que ellos indexan llegaba a la más alta instancia judicial. Al decidir sobre él, la Corte fijó el alcance de la responsabilidad de los motores de búsqueda y sentó jurisprudencia, la misma que permitió que después decenas de damnificados les ganaran juicios a los buscadores por la difusión indebida de contenidos. Esencialmente, lo que dijo la Corte en el caso de Belén fue que los buscadores no son responsables por los contenidos de los sitios a los que dirigen, excepto cuando tomen conocimiento del contenido delictual de alguno de ellos y no actúen velozmente para bloquearlo.

En octubre de 2014 el máximo Tribunal nacional se expidió sobre la responsabilidad civil de los buscadores de Internet en el caso conocido como “Rodríguez María Belén C/Google Inc. S/Daños y Perjuicios”. Allí Rodríguez promovió una demanda por daños y perjuicios contra Google Inc. y Yahoo de Argentina SRL, alegando que se había procedido al uso comercial y no autorizado de su imagen y que, además, se habían avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. Además, solicitó el cese del mencionado uso y la eliminación de todas las vinculaciones.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda instituida, considerando que tanto Google como Yahoo habían incurrido en negligencia culpable “al no proceder a bloquear o impedir de modo absoluto la existencia de contenidos nocivos o ilegales perjudiciales a los derechos personalísimos de la actora, a partir de serles comunicada la aludida circunstancia”. También dispuso “la eliminación definitiva de las vinculaciones del nombre, imagen y fotografías de la actora con sitios y actividades de contenido sexual, erótico y/o pornográfico”. Pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, revocó parcialmente esta sentencia: rechazó el reclamo contra Yahoo y lo admitió respecto de Google, redujo el monto indemnizatorio y dejó sin efecto lo resuelto por el juez de grado en relación a la eliminación de las transcripciones mencionadas. La Cámara consideró responsable a Google en el tema relativo a los llamados “thumbnails” que contenían la imagen de Belén Rodríguez, por entender que debía haber requerido el consentimiento de ella.

La Corte ha armonizado la interpretación entre los dos derechos que se encontraban en juego; por un lado, el derecho a la libertad de expresión y de información, y por el otro el derecho al honor y a la imagen, ambos de rango constitucional. Dicho Tribunal ha determinado que corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los “motores de búsqueda” a la luz de la responsabilidad subjetiva, toda vez que –y de conformidad con la tendencia dominante en el derecho comparado– los buscadores no tienen una obligación general de monitorear los contenidos que se suben a la red y que son proveídos por los responsables de cada una de las páginas web. En consecuencia, toda vez que actúan como meros intermediarios se concluye en que son, en principio, irresponsables por esos contenidos que no han creado. Sin embargo, la Corte destaca que en algunos casos los buscadores pueden llegar a responder por un contenido que le es ajeno, cuando “a partir del momento del efectivo conocimiento del contenido ilícito de una página web, al no procurar el bloqueo del resultado, sería responsable por culpa”.

En su fallo la Corte Suprema se ha expedido acerca del “efectivo conocimiento requerido para la responsabilidad subjetiva”, diferenciando dos casos: donde el daño resulte manifiesto bastaría la simple notificación privada y en los que el contenido dañino necesite un esclarecimiento para que el buscador tenga conocimiento acerca del supuesto ilícito, es necesaria la notificación del hecho en sede judicial o administrativa.

Otra cuestión que resolvieron los supremos fue la no aplicación del artículo 31 de la Ley 11.723 –norma que establece la exigencia del consentimiento del titular del derecho personalísimo para la publicación de su imagen–, toda vez que en la cuestión debatida no se trata de determinar la responsabilidad que podría atribuirse a una página de Internet, sino a un mero intermediario cuya única función es servir de enlace, como es el caso de los buscadores como Google o Yahoo.

Finalmente, el fallo cortesano alerta sobre la inconstitucionalidad que acarrearía una censura previa en casos como el citado. Por los argumentos reseñados, la Corte desestimó totalmente la demanda efectuada por Belén Rodríguez.

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 El Fallo

Natalia Ruth Denegri “solicitó con carácter urgente que se aplicara el derecho al olvido respecto de información personal ocurrida hace más de veinte años”, menciona el juez Pagés en su fallo. La conductora radicada en EEUU tildó a esa información de “perjudicial, antigua, irrelevante e innecesaria” por referirse a hechos que actualmente carecen de “interés público y general”. En su denuncia señaló su efectiva relación con el “Caso Cóppola” y que al ingresarse su nombre en Google, luego de más de veinte años de aquellos eventos, la información seguía apareciendo. Denegri no dice que la información sea falsa, sino que es irrelevante, innecesaria y perteneciente a un pasado que desea dejar atrás.

Por su parte Google afirmó su ajenidad respecto a esos contenidos y subrayó que se encuentran subidos a la web por terceros, por los cuales la empresa no tiene ningún control sobre la veracidad, calidad y alcance de sus contenidos –tanto en el motor de búsqueda como en YouTube–. En cambio, sugirió que la demanda debe realizarse contra “los sujetos responsables del contenido subido a internet y no contra los buscadores”. Finalmente, Google Inc. argumentó en sentido contrario a lo expuesto por Denegri, sostuvo que la ex mediática “se vio involucrada en sucesos de innegable interés público que la ciudadanía tiene derecho a conocer y tener disponible”.

El juez, en sus considerandos, destaca primeramente que “la libertad de expresión y de acceso a la información comprende el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través de Internet”. Y cita lo expresado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos: “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.

Luego enfatiza la importancia desempeñada por los motores de búsqueda en el funcionamiento de Internet, respaldándose en lo argumentado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta corte afirma que “la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos”.

El derecho de expresarse a través de Internet fomenta la libertad de expresión tanto desde su dimensión individual como colectiva. “Así, a través de Internet se puede concretizar el derecho personal que tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar –o no hacerlo– sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etc. Desde el aspecto colectivo, Internet constituye un instrumento para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública”, continúa el juez. Y asegura que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado la importancia de la libertad de expresión en el régimen democrático.

Otro aspecto tratado en los considerandos del fallo es el honor: se resalta que es un bien protegido jurídicamente, “un derecho personalísimo que representa la cualidad moral de una persona y se traduce en una buena reputación, la consideración social, el respeto y aprecio de terceros junto al sentimiento de la propia dignidad”. Además, deja constancia que el reconocimiento y derecho al honor tiene fundamento en el artículo 33 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional. Enlaza este derecho con los de intimidad y protección a la vida privada personal y familiar –amparados por el artículo 19 de la CN–.

El juez del caso efectúa una definición del llamado derecho al olvido: “bajo esa denominación se conoce la potestad de las personas de exigir a los buscadores de Internet que se suprima la conexión automática que se da entre sus nombres y los sitios que exhiben información personal acerca de esos sujetos, con independencia de que los datos puedan ser correctos y veraces. Así, se postula un mecanismo para solicitar a los motores de búsqueda que ya no enlacen noticias, blogs, imágenes o cualquier publicación en la cual se menciona a una persona afectada que la considera inadecuada, antigua, fuera de contexto o impertinente, por más que el contenido sea cierto y permanezca luego publicado en la página web en la que aparecen esos datos”. Posterior a esta definición, Pagés cita un antecedente que considera “emblemático”.

El caso “Costeja” es reseñado en la sentencia. Fue dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de mayo de 2014 y “estableció que el interesado tiene derecho a dirigirse al buscador de Internet de modo directo para hacer el requerimiento, y si éste no le concediera su petición, podrá someter el asunto a las autoridades competentes a fin de obtener, bajo ciertas condiciones, la eliminación de ese enlace de la lista de resultados”.

Mario Costeja se dirigió a la Agencia Española de Protección de Datos ante la negativa de Google a dejar de enlazar una información vinculada a una subasta por deudas de la seguridad social que aparecía publicada en un medio de comunicación de difusión nacional, habida cuenta de que cuando un internauta introducía su nombre en el citado buscador, en la lista de resultados aparecía dicha publicación con una información de hacía dieciséis años. Si bien el Tribunal consideró que el diario que publicó la información lo hizo de forma legal, cumpliendo con el derecho a la información, con lo cual podía seguir manteniendo público el contenido, obligó a Google a retirarlo de sus enlaces porque éstos ya no eran pertinentes al tratarse de una información sobre una deuda comercial que carecía de actualidad. Finalmente, Pagés reconoce que en Argentina no existe norma alguna que regule de manera específica el “derecho al olvido”.

Ante la ausencia de normativa, el juez afirma que considera “prudente apreciar que la decisión acerca de la desvinculación de los enlaces que un buscador realiza entre el nombre de una persona y los sitios que alojan información en su respecto no puede quedar librada exclusivamente a la voluntad del sujeto afectado”. Si así fuera, bastaría solamente el pedido de cualquier supuesto perjudicado para suprimir la libertad de expresión y de acceso a la información. Por ello, razona el juez, se debe exigir “a quien pretende la desvinculación de su nombre a contenidos publicados en Internet, que justifique la razonabilidad de su pedido a la luz de criterios que muestren, en el caso dado, que los derechos personalísimos afectados presentan mayor robustez que el derecho a la información pública que pueda verse limitado o postergado a raíz de su pedido de desindexación o desvinculación de los enlaces”.

El fallo también considera la naturaleza del “Caso Cóppola”: el proceso judicial que terminó con la destitución y condena del Juez Federal de Dolores, Hernán Bernasconi y algunos de sus colaboradores, al demostrarse que integraban una asociación ilícita que armaba causas penales para extorsionar a personajes de la farándula local y el show televisivo cotidiano en el que derivó dicho caso. Pagés no cree que el paso del tiempo sea un determinante para privar “de manera indiscriminada a todo internauta de la posibilidad del acceso irrestricto a los contenidos así publicados a pesar de que hayan transcurrido más de veinte años” porque todo lo referente al caso en sí y a sus derivaciones no han perdido actualidad como contenido periodístico.

“No obstante, sí advierto que entre los resultados de las búsquedas que se producen al introducir en el buscador de la demandada las palabras ‘Natalia Denegri’ o ‘Natalia Denegri caso Cóppola’ aparecen videos o imágenes que reproducen escenas de peleas o discusiones entre la actora y alguna otra circunstancial entrevistada, generalmente vinculada con el caso Cóppola, así como también, los que muestran episodios o reportajes que sólo habrían logrado alguna notoriedad a raíz de la procacidad o chabacanería propiciada por el espacio televisivo del momento. Tales reproducciones no presentan, a mi modo de ver, interés periodístico alguno, sino que su publicación sólo parece hallarse fundada en razones de morbosidad”, diferencia el juez.  Por eso el magistrado piensa que la demanda debe ser parcialmente tomada, “admitiéndose así la desindexación solicitada por la actora exclusivamente respecto de los eventuales enlaces que puedan exhibir videos o imágenes obtenidos hace veinte años o más que contengan escenas que pudo protagonizar la peticionaria cuyo contenido muestre peleas, agresiones verbales o físicas, insultos, discusiones en tono elevado, escenas de canto y/o baile de precaria calidad artística, así como también, posibles reportajes televisivos en los que la actora hubiera brindado información acerca de experiencias de su vida privada, sea de contenido sexual o de cuestiones relacionadas al consumo”.

Por último, Pagés se adentra en el fallo ya que admite parcialmente la pretensión: “dispongo que Google Inc. deberá proceder, dentro del plazo de diez días hábiles judiciales de consentida o ejecutoriada la presente decisión, a suprimir toda vinculación de sus buscadores, tanto del denominado ‘Google’ como del perteneciente a ‘YouTube’, entre las palabras ‘Natalia Denegri’, ‘Natalia Ruth Denegri’ o ‘Natalia Denegri caso Cóppola’ y cualquier eventual imagen o video, obtenidos hace veinte años o más, que exhiban eventuales escenas que pudo haber protagonizado la peticionaria cuyo contenido pueda mostrar agresiones verbales o físicas, insultos, discusiones en tono elevado, escenas de canto y/o baile, así como también, eventuales videos de posibles reportajes televisivos en los que la actora hubiera brindado información de su vida privada”.

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Escenarios posibles

Manuel Larrondo, abogado que se dedica a investigar cuestiones sobre el Derecho a la Comunicación, analizó el fallo a través de cuatro ejes: legalidad; arbitrariedad; diferencias entre el precedente europeo y el sistema basado en La Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los pasos procesales.

  1. Legalidad: el mismo fallo reconoce que el “derecho al olvido” (en realidad “derecho a desindexar”) no está previsto por ley en Argentina y, sin embargo, se apoya en una construcción jurídica basándose en el precedente “Costeja vs Google” de España.
  2. Arbitrariedad: del texto de la sentencia no surge ni cita al menos un elemento de prueba, siquiera pericial en comunicación, que avale el juicio de valor que realiza sobre indeterminados episodios y reportajes que protagonizó Denegri, a los que tilda de procaces o chabacanos. De hecho, destaca que “a su modo de ver” esas imágenes y videos no revisten interés periodístico alguno, sino que su difusión se basaría en “razones de morbosidad”, en lo grotesco, en excentricidad de nulo valor cultural que cobraron notoriedad por el culto al rating de la TV. Es respetable dicha opinión, pero para validar jurídicamente una orden de remoción de contenido online, necesariamente debió haber explicado que elementos probatorios valoró para llegar a esa conclusión. Solo se advierte la propia opinión del magistrado como fundante de la orden.
  3. CADH: Se hace un completo detalle del marco legal en juego en este caso y se cita el precedente de “Costeja” resuelto en Europa. Una importante diferencia a resaltar es que el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más protectorio de la libertad de expresión y, por ende, toda restricción a la expresión humana debe ser excepcionalísima, estar prevista por ley, que se demuestre su necesidad en miras a respetar los objetivos legítimos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que la eventual sanción a aplicar sea proporcional.
  4. Pasos procesales: se trata de un juicio “ordinario”, es decir que una vez que quede firme la decisión final tendrá carácter de “cosa juzgada”. Es probable entonces que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, si sale en contra de la actora, pues hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Fuera de los efectos judiciales, Denegri y sus videos tendrán seguramente más visitas en YouTube y hasta quizás se muden a otras plataformas desde donde se puedan continuar viéndolos. Así las nuevas generaciones seguirán disfrutando de los avatares del caso Coppola”, finaliza Larrondo. En casos como el que estamos abordando, la intención de acallar, restringir, censurar u “olvidar” en Internet se conoce como “Efecto Streisand”, debido a un hecho ocurrido en 2003 relacionado con la actriz y cantante Barbra Streisand.

La estadounidense demandó a pictopia.com y al fotógrafo Kenneth Adelman por una fotografía aérea de su casa, incluida en una publicidad que contenía imágenes de la costa californiana. Streisand intentó que se retirara dicha imagen de la web, alegando el derecho a la privacidad. El resultado fue el inverso al buscado: la foto se hizo viral y una cuestión totalmente intrascendente en un primer momento, como una fotografía aérea de la costa de California, tomó gran relevancia mediática. Es lo que podría suceder para la generación centennial, desconocedora de las delicias del “Caso Cóppola”, que animaba todas las tardes de la TV argentina. ♣♣♣

#PA.

Sabado 7 de marzo de 2020.