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Los criptonegocios acechan la Selva Paranaense

Por Federico García


Mientras se espera que la COP26 avance en la regulación del mercado de carbono, la empresa Green Bond Meter lanzó una criptomoneda para invertir en la conservación en Misiones, Argentina. Una investigación develó quiénes están detrás del proyecto, que presenta algunas irregularidades.

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Si bien la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) de 2015 fue considerada un gran éxito, al alcanzarse el llamado Acuerdo de París, desde aquella fecha se arrastra la irresolución de un punto clave en la dura tarea de revertir el calentamiento global: la regulación del mercado de carbono.

Frente a ese escenario, y tras un nuevo fracaso en la COP25 de Madrid, en 2019, el mundo ambiental y financiero mira con ansiedad y entusiasmo la próxima reunión, que se realizará en noviembre en Glasgow, Escocia, donde los más de 200 países participantes deberán darle el marco regulatorio para el comercio del nuevo oro de la economía global.

La resolución del conflicto tiene importancia tal que constituye la última regla a ser conciliada para que sea plenamente efectivo el Acuerdo de París, que habilitó la posibilidad para que los gobiernos y las empresas puedan acudir a una bolsa donde obtener cupos, derechos de emisión o toneladas de dióxido de carbono equivalentes no emitidas.

La finalidad es que un país pueda adquirir las emisiones sobrantes a otro que no las utilice, o que las empresas que las necesiten las compren para sus propias necesidades. De esta forma, podrán anotarlas o “descontarlas” de sus propios inventarios de gases para ejecutar sus objetivos de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero.

Mientras tanto, las iniciativas privadas ligadas al mundo de los criptonegocios surgen como alternativa de inversión al margen de regulaciones estatales, algo que algunos ya se animan a tildar de contradictorio, debido al gran consumo de energía contaminante que implica el tráfico y creación de divisas a través de la red.

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Dos modelos

Es el caso de la empresa de capitales internacionales Green Bond Meter (GBM), que a principios de este año se presentó a los medios de la Argentina como pionera en la generación de estructuras financieras digitales orientadas a la conservación de la naturaleza.

Su primer objetivo se instaló en la provincia de Misiones, en el Norte Argentino, hogar de 1 millón de hectáreas de Selva Paranaense, lo que representa el 5% de lo que queda del Bosque Atlántico Latinoamericano. Es, además, la segunda masa boscosa con mayor multiplicidad de especies después del Amazonas y hogar del 52% de toda la biodiversidad que habita en la Argentina.

En un predio de casi 25.000 hectáreas en la localidad de San Pedro -emplazado sobre la ruta nacional 14, al Norte de la provincia, en el límite con Brasil-, la firma GBM instalará la Reserva GS1, destinada a capitalizar los servicios ecosistémicos que ofrece la selva misionera.

Entre ellos, precisamente, se destaca la generación y venta de bonos de carbono, mediante una criptomoneda denominada GBM Coin, a la que ya se puede acceder desde 160 países. El proyecto original indica que, a través del token ecológico, se busca recuperar 1 millón de hectáreas en diez países de los cinco continentes.

En palabras del CEO global de la compañía, dadas a importantes medios argentinos como los diarios Clarín y La Nación, la inversión es una oportunidad ideal para restaurar el ambiente y, al mismo tiempo, ganar dinero, destaca Juan José Núñez, un abogado con pasado en la función pública de Buenos Aires.

A su vez, la repentina aparición de la empresa, originada en octubre de 2020 exclusivamente para comercializar la criptomoneda, podría chocar con los intereses de la provincia de Misiones, que casi en la misma fecha dio a conocer la creación del primer Ministerio de Cambio Climático de toda América, organismo que, a cargo de Patricio Lombardi, llevará adelante, justamente, la puesta en valor de los servicios ecosistémicos de la Selva Paranaense.

Pero el modelo de negocios que prepara el flamante ministro junto a Adolfo Safrán, su par de Hacienda, espera por las resoluciones de la COP26 de Glasgow, tras lo cual proyectan tener un marco legal más claro para introducirse en el mercado de bonos verdes y de carbono a través de la generación de criptomonedas.

Sin embargo, desde GBM advierten que tanto los Estados nacionales como subnacionales están impedidos de generar este tipo de monedas sin el aval del Banco Central y sin acatar las leyes del dinero fiduciario, algo de lo que la operación financiera que proponen está exenta.

Este punto es uno de los obstáculos que atraviesa el modelo propuesto por el gobierno local, ya que actualmente no existe el marco regulatorio en el país, que todavía no ha fijado posición respecto de las criptomonedas y la tecnología blockchain, algo que hicieron pocos países en el mundo.

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La operatoria

Más allá de las normativas legales, GBM lanzó un mecanismo que se conoce como ICO (siglas en inglés para Oferta Inicial de Monedas), una operación que utiliza activos digitales para financiar proyectos empresariales.

Siguiendo ese modelo, el consorcio de capitales internacionales ya generó la GBM Coin, un token que especuladores e inversores pueden comprar con dinero tradicional u otras criptomonedas a un valor de U$S 1,09.

A su vez, una unidad de GBM Coin equivale a 1 metro cuadrado del predio de la Reserva GS1, aunque aclaran que no existen propietarios de la tierra, sino que, al adquirir una unidad de la moneda virtual, los usuarios acceden al derecho a exigir la preservación, restitución, remediación y restauración del capital natural de 1 metro cuadrado de sumidero de carbono del campo.

El precio inicial del token, de U$S 1,09 por metro cuadrado, equivale a U$S 10.000 dólares la hectárea, una inversión de casi 250 millones de dólares por la totalidad del predio de 25.000 hectáreas.

Sin embargo, en los diez meses que llevará el período de capitalización, que comenzó en diciembre de 2020 y culminará en octubre de este año, el valor del token irá ascendiendo hasta los U$S 3,80, con lo cual estiman obtener una recaudación de más de 600 millones de dólares.

El objetivo final es que, en el plazo de un año, se pueda medir el capital natural y asignarle un valor a cada metro cuadrado, con lo cual, al tener un respaldo tangible en toneladas de carbono, el token de GBM se convertiría en lo que se conoce como stablecoin, lo que implica menor volatilidad.

Esa medición permitirá además la emisión del GBM Bono, un activo de carbono que los tenedores de GBM Coin podrán comprar al 50% del valor antes de su salida al mercado, y que después podrán gestionar a su gusto.

La emisión del bono se renovará año a año, a la par de la medición correspondiente que actualice el precio del metro cuadrado. Ese proceso se repetirá a lo largo de 100 años, tras lo cual Green Bond Meter promete donar las tierras al Estado para la creación de una reserva pública.

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Largo camino

No obstante, para llegar a ese objetivo, se deben cumplir varios pasos previos. Primero, la empresa arrienda la tierra para lograr que se deje de deforestar. En San Pedro, Misiones, GBM alquiló a fines de 2020 una propiedad perteneciente a la firma maderera Forestal Belga SA.

Transcurridos dos años, hace uso de la cláusula de compra, mediante lo cual el campo pasa a manos de una fundación, que será la encargada de gestionar las acciones de reforestación, mantenimiento e instalación de tecnología en el lugar, es decir, de agregarle valor a los servicios ecosistémicos que ofrece la Reserva GS1 y, por ello, de aumentar la cotización del bono de carbono y de la criptomoneda en sí.

Para que GBM decida llevar adelante el proyecto, el terreno debe estar en manos privadas, estar siendo explotado y estar libre de ocupación. Además, es necesario que no se encuentre dentro de algún sistema de protección ambiental -como un parque provincial o nacional- y haber sufrido incendios en los últimos diez años.

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De Uruguay a Estonia

Green Bond Meter es un consorcio empresario con capitales provenientes de Argentina, Uruguay, España y Estonia conformado a fines de 2020 exclusivamente para comercializar su criptomoneda.

Cada uno de los miembros de la sociedad tiene a cargo una parte vital de la operación mediante la cual se genera una estructura financiera digital que pretende cuidar el capital natural y ser, al mismo tiempo, una oportunidad para ganar dinero.

Una investigación del medio digital La Voz de Misiones permitió conocer quiénes son los cerebros detrás de la operación y echar claridad sobre la verdadera transparencia del proyecto de GBM, cuyo CEO aseguró que la empresa se encontraba en el proceso de certificación de carbono con Verra, la organización internacional más importante del mundo, que desconoció relaciones con la novel firma.

El consorcio es el resultado de la unión de dos empresas: la uruguaya Nideport SA y la estonia Heimdall Technologies OÜ.

La primera tiene su sede en el World Trade Center (WTC), una zona franca de Montevideo que tiene entre sus características la posibilidad de realizar transferencias internacionales de dinero sin pagar impuestos.

La firma uruguaya, al mando de Ricardo Morales Bosch, es la responsable de coordinar la adquisición de tierras privadas en las que GBM desarrollará sus proyectos y determinará la empresa adherente que implementará la estrategia de preservación.

También Nideport se encargará de la emisión del GBM Bono, la herramienta financiera que le dará respaldo sustentable al token y que se emitirá cada año con certificación de Verra, que representa el grupo de estándares de carbono sobre el que se guían la mayoría de las operaciones a nivel planetario.

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Cónsul de los criptonegocios

La columna vertebral del proyecto es Heimdall Technologies, que fue la encargada de gestionar y obtener la licencia para emitir criptomonedas por parte del Ministerio de Economía y Comunicaciones del gobierno de Estonia, país que hace unos años se erigió como un referente para este tipo de negocios.

En la información pública que surge del número de licencia de la empresa, se destaca que el dinero obtenido por GBM Coin se transfiere a una cuenta del SwedBank, una entidad financiera sueca que en marzo de 2020 fue multada con 363 millones de euros por blanquear dinero en Estonia y que estuvo involucrada en el escándalo de los Panamá Papers.

El CEO de Heimdall y quien maneja las operaciones en Tallin es el empresario español Francisco Javier Ortiz de Artiñano Jiménez, que además ejerce en la ciudad como cónsul honorario de México, desde 2014.

Se trata de un personaje con amplias relaciones diplomáticas y con roce con altas esferas del poder mexicano, por lo cual llegó a ser representante del país en la capital estonia, donde se radicó a partir del 2004.

La empresa tecnológica -una de las patas fundamentales del proyecto GBM- tiene su domicilio en la calle Kohtu 3A, en pleno centro de la ciudad, algo que no es un secreto. Sin embargo, la investigación del medio misionero permitió detectar que, además, en el mismo lugar se emplaza la sede consular mexicana.

Pero ésta no es la única organización que registró su sede en esa dirección, ya que, además de Heimdall, otras 56 empresas se radicaron allí, de las cuales 19 están a nombre del mismo Javier Ortiz de Artiñano. La mayoría de las restantes 37 se encuentran bajo la rúbrica de ciudadanos españoles.

Entre las 20 empresas que le pertenecen al empresario y diplomático, está FTR Consultants, a través de la cual Ortiz de Artiñano ofrece asesoramiento para instalar negocios en Estonia y en los países bálticos. Según anuncia en su página web, el lugar es ideal “por su especial régimen, equivalente a un paraíso fiscal”.

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Certificación… ¿Independiente?

En el camino de GBM Coin, al igual que todo proyecto de carbono a nivel mundial, para obtener la validación de las toneladas medidas en su campo, que otorga la prestigiosa organización Verra, se deben ejecutar una serie de estudios técnicos de relevamiento complejo por parte de consultores externos a la empresa.

“No podemos decir nosotros cuánto estamos mejorando la selva”, explica el CEO global Núñez en un informe publicado por el medio misionero.

Además, contó que la empresa Certificación Sustentable SA será la encargada de medir todos los procesos. A ésta se sumaría EcoSecurities, que, en palabras del empresario y experto en seguridad, llevará adelante la metodología de medición. Según afirma Núñez, ambas constituirán la certificación de terceras partes requerida por Verra para emitir bonos de carbono.

No obstante, la investigación de La Voz de Misiones determinó que el gerente general de Certificación Sustentable SA, Marcelo Taboada, es a la vez el director de Certificaciones de Green Bond Meter, lo cual violaría la condición de independencia obligatoria.

En la entrevista, que puede verse por YouTube, Núñez ensayó una explicación y argumentó: “Ya con tener a EcoSecurities, que es la que hace la metodología, y a Verra de tercera parte, cumplimos la certificación de tercera parte”, adujo, a pesar de que, según él mismo había dicho, Verra fiscaliza las intervenciones de terceros y no es el tercero propiamente dicho.

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Sin relación

Pero las presuntas irregularidades no se quedan allí, ya que la organización sin fines de lucro Verra, con sede Washington, Estados Unidos, que otorga una de las validaciones más reconocidas de estándares de carbono verificado, negó tener algún tipo de relación con el proyecto de Green Bond Meter o GBM Coin.

El encargado de confirmarlo fue el director de la entidad para América Latina y el Caribe, el chileno Angelo Sartori, quien aseguró que “Verra no está actualmente vinculado con ninguna plataforma operada por esta empresa”.

“Recibimos esta misma consulta en enero de 2021, ya que aparentemente hubo una nota de prensa que nombraba a GBM y revisamos nuestro sistema de Registro y no teníamos nada a su nombre en esa fecha. Siendo 19 de abril de 2021, y revisando nuevamente nuestro sistema de Registro, nuevamente no encontramos nada a nombre de GBM”, siguió el director.

Ante una repregunta, el funcionario desconoció cualquier vínculo y agregó: “Verra no ha establecido ningún tipo de comunicación con GBM y tampoco estamos involucrados con el tema de criptomonedas, por lo que no es factible referirnos a posibles iniciativas que estarían promoviendo otras entidades sin un vínculo con nuestra organización”. ♣♣♣

#PA.