Comisiones médicas, la historia sin fin

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Por Marcelo Gómez

–Abogado laboralista–

A poco más de 20 años de la sanción de la ley 24557 con sus desafíos de reducción de litigiosidad en Argentina, sus reformas continúan generando innovaciones que la práctica jurídica ha debido contrarrestar para un justo resarcimiento real y efectivo del trabajador.

Desde la instauración del régimen de las ART por la ley 24.557 de 1995, las Comisiones Médicas tienen como función determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, el grado de incapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones. Tienen como objeto resolver las diferencias que puedan existir entre la ART y el trabajador afectado o sus derechohabientes.

Integradas por médicos, que no son funcionarios públicos, que carecen de estabilidad, sus gastos de funcionamiento, incluyendo las remuneraciones de sus integrantes, se hallan a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo y los empleadores autoasegurados en su mayor parte, es decir, es la segunda casa de las aseguradoras.

Lo cierto es que el Estado Nacional con sus gobiernos de turno, continúan con la insistencia de resoluciones de Comisiones Médicas en materia jurisdiccional, propone un estado de incertidumbre que inevitablemente mientras pretendamos vivir en un estado de Derecho, conllevara a un sin número de pronunciamientos judiciales.

Y es que el sistema empleado por la ley 24.557, sus modificatorias, las bajadas de líneas políticas, ayudan a la incertidumbre al existir tres regímenes procesales diferentes para acceder a las prestaciones reparadoras y dirimir los conflictos sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Sin considerar, que en estas Comisiones se debaten otras cuestiones que los médicos no están en condiciones de dilucidar. No pueden discernir planteos de inconstitucionalidad que formulen los damnificados sobre aspectos del procedimiento o las normas de fondo, tampoco la determinación de la naturaleza jurídica del accidente o enfermedad o las divergencias del Valor Mensual del Ingreso base por trabajos parcialmente registrados o el reconocimiento de un accidente in itinere desconocido por la ART, si en el mismo se ha alterado o no el trayecto entre el domicilio y el trabajo o viceversa; o sobre el nexo causal entre el hecho y el daño.

El único objetivo de la ultima reforma del sistema y fundamentación que tiene es reducir la litigiosidad, sin investigar las causas que originan la misma, y operando sobre las consecuencias, sin mayor preocupación por la mutilación obrada sobre el derecho constitucional y el libre acceso a la justicia mediante un recurso sencillo, como es la demanda judicial, derecho que se priva a los trabajadores accidentados.

Pero lo cierto es que de existir un aumento de juicios en la historia argentina por accidentes y enfermedades profesionales, no puede ser solo causa de una habilidad de los abogados de hipnotizár con el discurso, seamos honestos, se obtiene un mayor reconocimiento de derechos y mayor indemnización en las instancias judiciales, que el sistema administrativo les negaba en sintonía con las ART.

Ante los recientes acontecimientos económico-financieros que son de público conocimiento, es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo, fortalecer su normal funcionamiento y contribuir a una administración prudente por parte de los diferentes actores que lo componen.

Ahora el criticado DNU 669/2019 propugnado por el gobierno saliente, norma lógicamente inconstitucional, no solo porque el Presidente se arrogó facultades propias del Congreso sino porque además traslada el riesgo empresario de las aseguradoras a los trabajadores, viene a alarmar el sistema nuevamente, y encuentra su razonabilidad en atar el ajuste de las indemnizaciones a la evolución de los salarios para proteger a las aseguradoras. Pero deja nuevamente expuesto la fragilidad del sistema, la demora en el pago de las acreencias, y la posibilidad de las empresas de dilatar el sistema con recursos de apelaciones, extraordinarios, hasta arribar a un pago cuyo interés no compensa el tiempo perdido. Es decir, que da tiempo al gobierno y a la UART armar su próximo plan.

Resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, pero propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable y justo, mediante garantías técnicas, sin cercenar derechos.

Pero llama la atención la vuelta al pasado de los sistemas que deberíamos haber superado, la experiencia claramente nos muestra que la generación de burocracia no nos lleva a solucionar nada, solamente impone un filtro que obviamente hasta que la justicia no lo acepte, continuara la litigiosdad en los estrados.

Más bien sirve de una suerte de zanahoria para aquel trabajador que se presenta ante estas comisiones médicas sin el respectivo asesoramiento o letrado de parte, confiando en que se le provea uno que vele por sus derechos.

En este sentido, resulta necesario volver a las bases, propuestas ya por el maestro Mario E. Ackerman de la eliminación de estas Comisiones Médicas, es que esta ocurrencia de patente argentina resulta de uso exclusivo de nuestro país, sin repercusión ni replica en otros países.

Reduciendo el mismo los costos de la instancia administrativa obligatoria para el otorgamiento del beneficio, eliminación de los costos en materia de recursos materiales, locales, personal, hoy financiados por las ART.  Y Aún en los casos de pago insuficiente o de discrepancia de las indemnizaciones, la regla general del Art. 260 de la LCT se podrá considerar a cuenta del total, quedando expedita la via judicial, pudiéndose frente al riesgo de tal reclamo, celebrarse un acuerdo liberatorio en el marco del Art. 15 de la LCT, asegurándose una justa composición de derechos e intereses de las partes.  

No puede desconocerse el carácter laboral de las prestaciones debidas por el sistema de riesgo de trabajo, y en razón de los beneficios económicos, prácticos y jurídicos que puede provocar resulta conveniente un profundo análisis acerca de la eliminación de estos tribunales administrativos.   ♣♣♣

#PA.

Domingo 10 de noviembre de 2019.
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