Pichetto y la UCR se disputan la AGN, pero no hablan de Laura Alonso

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El respaldo del radicalismo será clave, aunque existe resistencia por parte del sector liderado por Alfredo Cornejo, que se oponen a esta designación. La importancia del puesto radica en la revisión de la ejecución presupuestaria del último tramo de la gestión de Mauricio Macri

Al pasar a la oposición, el actual oficialismo deberá designar al titular de la Auditoría General de la Nación (AGN). Y aunque los dirigentes de Juntos por el Cambio imaginan al senador Miguel Ángel Pichetto en ese lugar, la UCR –que también forma parte de la alianza– pone resistencia y divide las aguas puertas adentro del legendario partido.

El cargo de titular de la AGN, siempre corresponde a la principal fuerza de la oposición y en cierto modo es un cargo estratégico debido a que este organismo asiste técnicamente al Congreso de la Nación en el control del estado de las cuentas del sector público, es decir, es la encargada de la rendición de cuentas gubernamentales y el año que viene deberá auditar la ejecución presupuestaria del último tramo de la gestión de Mauricio Macri.

Si bien Pichetto dijo no estar interesado en ese puesto, una alta autoridad del PRO con terminal en la Casa Rosada indicó que el ex compañero de fórmula del presidente saliente “sigue siendo una posibilidad” para ellos, algo que se explica por la confianza que el senador construyó con el mandatario en la campaña presidencial.

Desde la Auditoría confirmaron que dentro del organismo que actualmente preside el peronista Oscar Lamberto ya se habla de un posible desembarco del senador, aunque también se lo menciona al radical Jesús Rodríguez, quien actualmente integra el cuerpo de auditores en representación de la Cámara de Diputados.

Puertas para dentro de la UCR, el nombre de Pichetto divide aguas: el senador tiene el respaldo de un referente de peso como es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero el sector que lidera Cornejo se opone en medio de la presión que ejerce hacia dentro de Juntos por el Cambio para ocupar los puestos clave de la coalición. Tanto fuentes del radicalismo, como de la AGN señalaron que el rechazo del grupo de Cornejo no se debe a la figura de Pichetto sino más bien, a la intención de negociar en paquete ese cargo junto con la presidencia de los bloques e interbloques del Congreso.

Esta división de los radicales conspira contra la expectativa del PRO sobre Pichetto, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional establece que el presidente de la AGN debe ser nombrado a propuesta del partido opositor con mayor número de legisladores, aunque no especifica qué sucede en caso de coalición o frentes, por lo cual, la UCR corre con ventaja.

Con la nueva composición del Congreso, la UCR tendrá 63 legisladores (47 diputados y 16 senadores nacionales), mientras que el PRO contará con 59 (51 diputados y ocho senadores), por lo que el radicalismo estará en posición de designar por sí solo al futuro presidente de la AGN o bien avalar la propuesta del PRO en el marco de un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio.

El titular de la Auditoría es designado a propuesta del partido opositor con más legisladores, mediante una resolución conjunta de los presidentes del Senado y de Diputados, mientras que ambas cámaras eligen, de acuerdo a la proporción de fuerzas, a tres representantes cada una.

La AGN está compuesta por un colegio de seis auditores (tres por el Senado y tres por la Cámara de Diputados) y un presidente, cargo que actualmente ocupa Oscar Lamberto, promovido en 2016 por Miguel Ángel Pichetto.

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Para el titular de la AGN, Laura Alonso tuvo intención manifiesta para que el organismo controlador no la audite

En diciembre de 2015, con el desembarco en la casa Rosada, a través de un decreto el gobierno de Mauricio Macri modificó la reglamentación de la Oficina Anticorrupción (que establecía la obligatoriedad de que quien dirigiera el área sea obligatoriamente abogado o abogada) para permitir que la diputada del PRO, Laura Alonso, asuma al frente del organismo pese a que no es abogada, ni cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Argentina.

La OA, creada con el objetivo de investigar y perseguir los casos de corrupción política en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, es un organismo de control que se encarga ─o debería encargarse─ de investigar todas las denuncias presentadas sin importar los colores políticos de aquel que es denunciado. A pesar de esto, la encargada del área, manifestó públicamente en varias oportunidades que no investigaría las denuncias por corrupción presentadas ante su oficina contra funcionarios públicos del Gobierno actual. 

Por este motivo, y tras reiterados pedidos de información denegados, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un recurso de amparo ante la Justicia, entendiendo que Alonso impedía la realización de los controles habituales que se hacen a todos los organismos estatales, y la Justicia decidió intimar a la titular del organismo a entregar los requerimientos en un plazo no menor a los 15 días.

En el fallo judicial, el juez Enrique Lavié Pico señala que el organismo no respeta los cánones básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Además, también enumera todos los pedidos y reiteraciones que hizo la AGN, así como las excusas con las que respondía la OA para eludir la respuesta. 

El pasado jueves, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó que la Oficina Anticorrupción debe entregarle a la AGN toda la información que tiene en su poder sobre las investigaciones que realizó entre enero de 2016 y abril de 2018, para ser analizada.  La Sala III de la Cámara, con la firma de los magistrados Jorge Esteban Argento, Sergio Gustavo Fernández y Carlos Manuel Grecco, ratificó lo dicho por el juez Enrique Lavié Pico sobre la entrega de la información.

Sobre este tema el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto manifestó que Alonso tuvo “una manifiesta intención” de que el organismo controlador “no pudiera actuar” y destacó el fallo judicial que obligó a la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción a entregar al organismo la información que había solicitado.

“Evidentemente, hubo una manifiesta intención de que la AGN no pudiera actuar. Siempre apelamos a las buenas relaciones y no nos gusta tener que judicializar estos temas. A nadie le gusta que lo controlen, pero el control es esencial al funcionamiento de la democracia. Cada funcionario tiene que rendir cuentas de lo que hace”, subrayó el ex senador nacional en declaraciones a Radio 10.

En esa línea, continuó diciendo: “ahora tienen que dar la información. No tienen más alternativa que entregar lo que pedimos, el tema más conflictivo era el de las causas y las denuncias que había”.

#PA. NA.

Sábado 9 de noviembre de 2019.
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