Compromisos, objetivos, metas

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Por Nicolás Trotta

Luego del fracaso rotundo de la gestión macrista, el próximo gobierno deberá atender tanto situaciones urgentes –el hambre– como problemas estructurales del desarrollo, concertando soluciones con los diferentes actores sociales.

Argentina no se derrumbó el 11 de agosto. Hace tiempo que el país se tambaleaba mientras que el ciego optimismo del gobierno y sus comunicadores más fieles no le permitían tomar conciencia. El autoproclamado mejor equipo de los últimos 50 años fue sólo decepción, previsible, vale aclararlo. El deterioro económico y social sumado al brutal proceso endeudamiento, especulación y fuga, los ha transformado en el peor gobierno de la democracia moderna. Tarde repararon los CEOs, si es que al fin lo hicieron, en que Argentina no es una empresa, sus habitantes no son consumidores y que las políticas no se imponen, en soledad, desde un escritorio ministerial.

Macri y los suyos dejan una crisis social y económica y una deuda externa con escalofriantes vencimientos en los próximos cuatro años. La sociedad espera una rápida respuesta que permita detener la caída. El nuevo gobierno se encontrará con un país con al menos 37% de pobreza por ingreso (40% de aumento en cuatro años), una desocupación de 12% (70% de aumento), una deuda externa superior al 90% del PBI (150% de incremento), una caída de la capacidad de compra de los salarios de 20% y una contracción del PBI de al menos 4%. Ahora bien, la calamidad que se ha vivido no debe impedir analizar de forma certera las transformadoras gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Una verdad de Perogrullo: no todo se hizo bien en el pasado.

Las urgencias y las demandas son muchas y el tiempo de respuesta cada vez es más escaso en este presente de una modernidad liquida. El crédito de la pesada herencia fue agotado por el macrismo. ¡Qué bueno hubiese sido para el futuro gobierno recibir un país con los indicadores de 2015 o por lo menos uno desendeudado! Esa Argentina ya no existe. Es tiempo de mirar hacia el futuro.

El peronismo empezó a debilitarse cuando se dividió. La sociedad lo puso en penitencia en 2015 para obligar un proceso de reflexión. El contundente, pero sorpresivo, triunfo de la fórmula del Frente de Todos se cimentó sobre dos componentes. El pésimo gobierno de Macri y la edificación de una amplia unidad opositora. Se dejaron de lado desconfianzas y desencuentros. El macrismo fue un auténtico catalizador de la unidad opositora.

La legitimidad de origen será, sin dudas, contundente, y un adversario político derrotado y disperso no presentará complicaciones. Lo que definirá la suerte del futuro gobierno será su legitimidad de ejercicio basada en la respuesta a la multiplicidad de demandas, principalmente de los sectores que más sufrieron el ajuste y la distribución regresiva, y en la capacidad de concertar acuerdos sustentables de largo plazo mediante un nuevo contrato social. Con obtener el 45% de los votos alcanza para triunfar en la contienda electoral, pero se deberá ampliar los márgenes para darles mayor sostén e impacto a las políticas públicas que se desplieguen. Los complejos y difíciles momentos que se esperan recomiendan gestionar las contradicciones con los distintos sectores, incluso mediante su convocatoria a integrarse al gobierno.

La crisis en una sociedad con su tejido ajado implica la apremiante obligación de enfrentar la emergencia social con una fuerte inversión y articulación con los gobiernos subnacionales, movimientos y organizaciones sociales. No hay margen para la distracción frente al hambre. Nada más urgente. La agenda de lo inmediato, asociada a la recuperación de la capacidad de compra del salario, debe ser acompañada por la institucionalización de espacios de concertación entre los diversos sectores: trabajadores, empresarios, movimientos sociales y gobiernos provinciales.

El resultado adverso de las políticas públicas desplegadas por la gestión de Cambiemos ha sido un excelente insumo para para la reflexión colectiva. La pérdida de la calidad de vida ha sido generalizada, como también la desvalorización del capital del sector empresario. Ello genera la impostergable oportunidad de debatir en profundidad una agenda que permita una planificación concertada, con compromisos, objetivos y metas. Iniciar un debate imprescindible debe ser acompañado por la obligación de no abandonar la mesa pese a las tensiones que puedan precipitarse.

Es perentorio imaginar nuevos caminos y encontrar nuevas soluciones a problemas recurrentes. La definición de las diferencias estructurales y un certero diagnóstico de fortalezas y debilidades deben ser un punto de partida para delinear los debates. No hay resoluciones mágicas en un contexto de fuerte endeudamiento en moneda extranjera, cuyos compromisos demandaran distraer una cuota importante de dólares para enfrentar una deuda que no generó impacto positivo alguno.

Para ello será necesario crear una cartografía para el desarrollo de las economías regionales comprometiendo inversión pública para resolver problemas de infraestructuras logística, de acceso a energía ya conectividad tecnológica. Asimismo, desplegar los incentivos necesarios que permitan la radicación de capital para impulsar las ventajas de cada región, emulando ejemplos como los del sector del limón y el vitivinícola. Allí reside la posibilidad de trazar un camino de federalización del progreso, que deben cumplir un fondo que garantice mayor nivel de inversión para el desarrollo de las regiones más postergadas. El crecimiento de la economía nacional sin una estrategia de convergencia seguirá profundizando las asimetrías entre el centro y la periferia, una constante en nuestra historia. El nuevo contrato social debe navegar los ejes centrales de las diferentes áreas de gobierno.

La crisis, con liderazgo y esfuerzo colectivo, será superada. El desafío será transitar un camino hacia un verdadero desarrollo. Si el futuro gobierno de Alberto Fernández logra institucionalizar mecanismos de diálogo y concertación, realizará un aporte inconmensurable a nuestro país y su democracia. Una política concertada aumenta las posibilidades de transformarse en una auténtica política de Estado.   ♣♣♣

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