Laura Alonso y Juan José Aranguren procesados

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El ex ministro de Energía del macrismo está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que la titular de la Oficina Anticorrupción quedó imputada por encubrimiento y abuso de autoridad.

Alonso y Aranguren fueron procesados por encubrimiento y negociaciones incompatibles con la función en la causa que investiga un posible beneficio con las operaciones de compra de gas a Chile por parte de Shell de la que el exministro de Energía y Minería fue CEO.

Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado decidió el procesamiento de ambos al entender que había pruebas suficientes respecto a la acusación de negociaciones incompatibles con las funciones públicas contra Aranguren con un embargo de 1,2 millones de pesos y por supuesto encubrimiento y abuso de autoridad por parte de Alonso, a quien le trabó un embargo de 1 millón de pesos.

La denuncia se originó en 2016 por una presentación de los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade. En la misma acusaron que Aranguren entre 2003 y 2015 fue presidente de Shell, a la par que sería titular de acciones del Grupo Royal Dutch Shell Plc, por lo que existía una incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses en tanto la referida compañía petrolera participa activamente del mercado energético, cuya regulación y control le competía a él como ministro de Energía.

La sospecha es porque ocupando un lugar en la empresa la benefició con el aumento de tarifas dispuesto en 2016; pero también por la importación de gas desde Chile, favoreciendo a su vez a la firma Shell.

Además, la denuncia se centró en torno a que Aranguren convalidó un contrato donde Energía Argentina SA (ENARSA) habría comprado gas a Chile un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llegaría por barcos y un 128 por ciento mayor al abonado a Bolivia.

En su fallo, el juez Rodríguez aclaró, no obstante, que la acusación no es porque Aranguren haya trabajado en la empresa Shell, ni que tuviera acciones de la misma durante su gestión pública y evaluó los hechos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 23 de agosto de 2016, cuando finalmente se excusa de intervenir en los temas vinculados a la empresa shell.

La maniobra consistió, según explicó, en que la distribuidora CAMMESA ─la cual tiene participación estatal─ compró en tan solo siete meses a la empresa Shell 16 cargamentos de gas oil por un total de 291.891.108,20 de dólares.

“Todo esto tuvo lugar en el marco de la actividad del imputado como Ministro de Energía y Minería y en la calidad que poseía como tal en CAMMESA, según el mentado Decreto N° 231/2015”, explicó en el fallo.

Sobre la coartada de Aranguren en cuanto a que el encargado en el tema era un funcionario de menor categoría dentro del área, el juez replicó: “Pretender sostener que todas estas operaciones se desarrollaban bajo el desconocimiento del encartado, ya que había delegado esta atribución en un dependiente suyo, es como decir que un juez desconoce que va a desarrollar un allanamiento en un organismo público de relevancia, porque ha delegado dicho procedimiento en una división de la policía federal”.

Con Alonso, Rodríguez fue especialmente duro. “Con gran asombro puede leerse de sus fundamentos que Alonso reconoce que Aranguren delegó la función que tuviera encomendada en CAMMESA a un funcionario directo suyo, circunstancia que en nada le llamara la atención a la imputada y que vilmente pretendiera naturalizar como legal”.

“Parece ser que para la titular de la Oficina Anticorrupción, el hecho de que fuera el propio ministro quien delegara su función en CAMMESA en un empleado suyo y, además, mantuviera la potestad de aprobación y pago de las operaciones, no es relevante”, afirmó. Y agregó: “Se advierte que la encartada efectuó distintas recomendaciones que no vendrían al caso y que tendrían por destino brindar una apariencia de legalidad a la conducta llevada a cabo por Aranguren durante su función”.

Enterada del procesamiento, la titular de la OA tuiteó: “Apelaremos un procesamiento político e injusto. Sin evidencias ni pruebas. Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta quiénes vienen por la venganza y el ‘lawfare’”.

#PA. NA.

Sábado 7 de diciembre de 2019.
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