Cuadernos de Campaña (apuntes de trinchera en un año electoral)

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Por Mauro Federico

La causa de Dolores sigue generando “migrañas” en el gobierno. Un juez de Avellaneda detalla cómo quisieron comprarle la detención de los Moyano y ahora se viene el contragolpe del camionero. Un fiscal de Mercedes hacía negocios vendiendo información a los espías. Tras el papelón de Arribas y Majdalani en el Congreso, los radicales se agrandan y piden un lugar en la AFI. Pasen y lean.

MAS “DOLORES” DE CABEZA PARA EL GOBIERNO

La causa que avanza sin prisa (pero sin pausa) en el juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla se ha transformado en una verdadera pesadilla para el oficialismo. La explosiva declaración del “ex” agente Rolo Barreiro pinceló detalles de una trama que bien podría haber sido tomada como base para un guion de cualquier película de la saga de James Bond, con la única diferencia que en estas benditas tierras pampeanas, nuestros espías tienen mucho menos glamour que el británico imaginado por Ian Fleming.

En este convulsionado contexto, la presencia de los titulares de la AFI en la Comisión Bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia el pasado jueves, no hizo otra cosa que aportar confusión y más ruido en la línea que administra el manejo de la Agencia. Más allá del papelón que protagonizaron el diputado Leopoldo Moreau y la Señora 8 Silvia Majdalani cuando cruzaron chicanas políticas hasta que debió intervenir el titular del cuerpo –Juan Carlos Marino– precipitando el fin de la comparecencia tras tres horas de reunión.

El mitin no arrojó grandes resultados que contribuyan a esclarecer aspectos relacionados con la red de espionaje ilegal que investiga Ramos Padilla. Pero sí dejó en claro una cosa: la AFI se dedica a apretar jueces que llevan adelante causas que interesan políticamente al Gobierno. Y esto no son chimentos de peluquería, sino parte de una “confesión” que los titulares de la Agencia hicieron ante los miembros de la Comisión.

 #PuenteAereo accedió en exclusiva a información que proporcionó una fuente que participó de la “reunión secreta” en la que la dupla más polenta del espionaje vernáculo admitió haber ordenado que “dos funcionarios, con competencia específica en la materia, se apersonaran en el Tribunal instructor de la causa por entonces a cargo del juez Luis Carzoglio, a efectos de verificar su estado y establecer la posibilidad cierta de que el magistrado actuante eventualmente dispusiera la detención del señor Hugo Moyano”.

Y no fueron dos funcionarios cualquiera. Se trata ni más ni menos que del jefe de Legales de la AFI, Sebastián De Stéfano y el responsable financiero Fernando Di Pasquale. En declaraciones a este medio, Carzoglio relató que, tras describirle la obsesión que el presidente Macri tenía con los Moyano, ambos agentes –sentados en su despacho– le preguntaron “¿usted que quiere?”, en clara alusión a ponerle un precio al cumplimiento de la demanda que le estaban formulando. “Estaban interesados en que yo avanzara con una causa que aún no había llegado a mi escritorio”, relató Carzoglio. “Y hasta me quisieron ahorrar el trabajo: ofrecieron dejarme el borrador de una resolución de detención de Pablo Moyano para que yo lo firme y ni siquiera me tenga que gastar en redactarla”, completó. 

Carzoglio no puede vanagloriarse por la distinción. El juez de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, en cuyo despacho había tramitado el proceso contra el secretario general de Camioneros, también recibió a los visitantes, que le dejaron una resolución similar para su sola firma. “Esto demuestra un modus operandi muy común en la Agencia consistente en recorrer los tribunales para presionar a los magistrados que manejan causas calientes”, apuntó uno de los integrantes de la bicameral.

En comunicación con este medio, el abogado de Camioneros, Daniel Llermanos confirmó que en las próximas horas “haremos una ampliación de la denuncia presentada la semana pasada contra estos dos agentes de la AFI, el fiscal Scalera y un periodista que participó de la maniobra” y que pedirán a los legisladores hacer pública la transcripción de los dichos de Arribas y Majdalani “porque configuran la confesión de un delito”. Por esta razón no se descarta que la Justicia Federal de Lomas de Zamora citen a los funcionarios para que amplíen sus dichos.

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Preocupados por la marcha de un gobierno que integran pero al que muchos de sus dirigentes cuestionan por la soberbia en el manejo de la mesa chica, los radicales ven en esta crisis estructural del sistema de inteligencia nacional, la oportunidad para dar un zarpazo y aspirar a un espacio que, hasta el presente, el PRO les negó.

“Es momento de volver a colocar uno de los nuestros al frente de La Casa”. La frase –según confiaron dos fuentes– pertenece a uno de los hombres del radicalismo más conectado con el edificio de 25 de mayo: Enrique Nosiglia. Dicen en el entorno del Coti que la presión ya llegó a la Rosada y que por estas horas se estaría evaluando la incorporación de un hombre del UCR para sumarse a la conducción de la AFI o reemplazar a alguno de sus cuestionados directores.

Otro de los salpicados por la rueda de la corrupción instalada en los tribunales es el separado fiscal de Mercedes Juan Bidone, a quien varios testimonios sindicaron como parte de la red de espionaje político-empresarial y mediática con logística judicial. Parece que el investigador del triple crimen de General Rodríguez –hoy caído en desgracia tras las revelaciones de D´Alessio– era el responsable de una “pyme” dedicada a la venta de información a la que accedía gracias a su rol de fiscal.

“Juan era un pícaro que se había ganado la confianza de los muchachos que manejan las tiras telefónicas (permiten entrecruzar llamados y números, con celdas y ubicaciones de los dispositivos); entonces les ofrecía a los investigadores esta información y se la cobraba muy bien”, relató un ex agente.   ♣♣♣

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