Cuadernos de Campaña (apuntes de trinchera en un año electoral)

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Por Mauro Federico

La resolución de Ramos Padilla abre las puertas de un infierno que incendia los pasillos tribunalicios y de La Casa. Causas armadas, arrepentidos con libreto político, falsos espías, funcionarios cómplices y jueces digitados son sólo partes de un rompecabezas que el juez federal de Dolores intenta armar en medio de una campaña electoral que todo lo condiciona. La conexión MOSAD. Esquirlas de la operación impactan en tierras de la gobernadora Vidal, que le pidió a su ministro de Seguridad ir a fondo contra los sediciosos de la Bonaerense. Espionaje, narcotráfico y una interna policial que amenaza con arrojar más cadáveres. Pasen y lean, esto recién empieza.       

LICENCIA PARA “EXTORSIONAR”

La causa que investiga el juez federal de Dolores es una patada al hormiguero del anárquico sistema de inteligencia argentino. El accionar de esta banda de extorsionadores alimentada por sectores del Poder Judicial, la política y el periodismo, puso de manifiesto el vínculo de la organización criminal con un grupo de funcionarios y magistrados. Según consignó el propio Alejo Ramos Padilla en su resolución del pasado viernes, se trata de “una relación promiscua de estrecha y mutua colaboración con integrantes de la justicia y de otros poderes del Estado”.

El auto de procesamiento para los comisarios retirados Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando Barreiro y la ampliación de esa misma condición para el falso abogado Marcelo D’Alessio como integrantes de esa asociación ilícita, abrió las puertas de un infierno que, por estas horas, atormenta a muchos en los pasillos de los tribunales y en los despachos oficiales, fundamentalmente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sobre cuyos funcionarios más importantes recaen las principales sospechas de haberle otorgado el visto bueno a la organización criminal.

Uno de los tramos más contundentes de la resolución judicial de más de 300 páginas afirma que “existen numerosos elementos de prueba que permiten indicar que (…) se llevaron adelante acciones de inteligencia criminal, de espionaje político y/o ideológico, se intentó influir a través de aquellas actividades de espionaje en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país, así como en la opinión pública a través de los medios de comunicación, e incluso se pudo haber visto afectada la política exterior”. 

Es evidente que el accionar de esta banda estaba direccionado con un interés político que subyace del análisis de los nombres y personajes afectados: todos ellos guardan alguna relación más o menos directa con el gobierno kirchnerista. De alguna manera, los actores protagónicos de esta trama de espionaje tercermundista tenían la misión de involucrar a empresarios, funcionarios y dirigentes ligados a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con actos de corrupción. Y lo hicieron –según trasunta del procesamiento– valiéndose de actos de manifiesta ilegalidad y hasta de mentiras expresas, mediante operaciones de inteligencia.

Las más importantes quedaron plasmadas en dos causas a las que el poder mediático bautizaría como “la ruta del dinero K” y “los cuadernos de la corrupción”. Dos pilares de estos procesos son el “arrepentido” Leonardo Fariña, que colaboró para evidenciar el presunto funcionamiento de la estructura recaudatoria kirchnerista, y Carlos Stornelli, el fiscal federal que llevó adelante la investigación en la causa originada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Si se consideran atendibles las acusaciones respecto al supuesto “armado” de estas causas, que para el universo kirchnerista no fueron otra cosa que dos enormes “operaciones de inteligencia”, no son menos plausibles los argumentos que validan la hipótesis de que el proceso judicial llevado adelante por el juez federal de Dolores no es otra cosa que otra “gran operación de contrainteligencia” para desacreditar a las figuras claves de los supuestos ataques.  

Está clara la afectación que supone esta historia originada en las jetoneadas de D’Alessio para el fiscal Stornelli. Y, a pesar de no haber quedado alcanzado por este primer tramo de las disposiciones judiciales, también empieza a visualizarse con nitidez el golpe que se le pretende asestar a la credibilidad de Fariña. De hecho este lunes, la ex abogada del “buchón” Giselle Robles declarará ante Ramos Padilla y se prevé que le entregué documentación probatoria que detalle cómo fue guionada la declaración del arrepentido con el fin de introducir a CFK en la ruta dineraria.

“La maniobra es evidente: quieren arremeter contra las dos causas que más preocupan al kirchnerismo”, afirmó un abogado con acceso al expediente que tramita en Dolores. La fuente brindó a #PuenteAereosu particular visión respecto a la marcha de la causa y el rol de los letrados que participan de las defensas: “no podemos soslayar el hecho de que el socio de la ex abogada del valijero K Franco Bindi, hoy es abogado de Lázaro Báez y representó a Pedro Etechebest (denunciante de Stornelli) en un proceso que tramitó en los juzgados marplatenses. Además, otro de los abogados del cajero de banco que se transformó en millonario y del detenido Baratta es el exjefe penitenciario Víctor Hortel, el primero en introducir en la causa Dolores toda esta trama”.

Otro de los ítems que quedaron fuera de este primer auto procesal de Ramos Padilla refiere a las presuntas conexiones de D’Alessio con los servicios de inteligencia extranjeros. En particular, con el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales del Estado de Israel, más conocido por sus siglas MOSAD. Tal como se desprende de varias declaraciones sobre cuya certeza el magistrado deberá profundizar, el vínculo entre el falso abogado y la inteligencia israelí sería la firma Security Team, que se autopresenta en su portal como una “compañía líder fundada en 2009 por ciudadanos israelíes residentes en Argentina, con el propósito de distribuir productos de alta tecnología en seguridad desarrollados y fabricados en Israel”. En el Boletín Oficial del 27 de febrero de 2009 aparece inscripta la empresa fundada por Ianir Kilinsky y Patricia Mabel Mansilla, quienes junto a Dov Kilinsky  y Shira Kilinsky, fueron integrando los directorios a través de los años. “Lo proveían a D’Alessio de teléfonos encriptados, cámaras ocultas, rastreadores, utilizados para tareas de inteligencia preventiva y fueron los que lo conectaron con el MOSAD a quienes también le vendían tecnología”, relató una fuente tribunalicia.

***

LA BANDA SIGUE TOCANDO

La gobernadora María Eugenia Vidal le pidió a su ministro de Seguridad que avance “a fondo” con la investigación interna para determinar el rol de exfuncionarios policiales de la Bonarense en la trama de espionaje que investiga Ramos Padilla. Más allá de los procesados y detenidos comisarios Degastaldi y Bogoliuk, la mira de Asuntos Internos está puesta en el exjefe policial Daniel Salcedo, quien encabezara la fuerza durante catorce meses en la gestión de Daniel Scioli como gobernador y –oh casualidad- de Stornelli como titular de la cartera.

La semana pasada el senado provincial citó a Ritondo para dar explicaciones sobre la intervención de personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en territorio provincial y el vínculo con la cartera a su cargo. Uno de los requerimientos que se le harán a Ritondo, en caso de comparecer, es para que explique cuáles son las pruebas del presunto espionaje ilegal del que habrían sido víctimas tanto el ministro como la propia gobernadora y si se efectuó la correspondiente denuncia penal para que se investigue a los responsables.     

La presidenta del Bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, advirtió: “Si el Ministerio detectó irregularidades en el desempeño de la AFI debió haber denunciado; lo mismo si la información que suministró la Agencia hubiera dado cuenta de que los policías bonaerenses estaban involucrados en redes criminales”.

Además de ellos, estarían involucrados el comisario general Vicente Melito, el comisario mayor Gustavo Carreiras (de la ex base La Matanza), el inspector José Luis Fiorentino (ex base San Martín) y el comisario Pedro García (ex base Quilmes).

Pero no es la única preocupación de Ritondo. Luego de los episodios ocurridos en Avellaneda cuando una brigada de la Federal desbarató una banda de presuntos extorsionadores integrada por policías bonaerenses, en un operativo que le costó la vida al responsable de Drogas Peligrosas de Avellaneda, se desató una feroz interna con los azules conducidos por el comisario Néstor Roncaglia. “Se lo quieren cargar al Ronco (apodo del jefe de la PFA) pero la fiscal Soledad Garibaldi está haciendo un trabajo impecable y va a demostrar que el operativo cumplió con el objetivo de evitar que se sustanciara un delito”, confió a este medio una fuente de la investigación.

Es que la viuda del comisario Hernán Martín –ultimado durante los episodios ocurridos en las inmediaciones del Centro Comercial Avellaneda y presunta cabeza de la banda de extorsionadores de uniforme– vociferó públicamente su hipótesis acerca de lo sucedido: “fue un fusilamiento”, dijo la mujer refiriéndose a la secuencia que terminó con la vida de su marido, y con dos federales de la Brigada seriamente heridos. Las pruebas periciales efectuadas en el cuerpo de Martín –donde se hallaron oficios causados por siete proyectiles– y los aún desconocidos resultados de las pericias balísticas efectuadas en las armas de los participantes del tiroteo, terminarán de echar luz sobre un enfrentamiento que amenaza con no ser el último.    ♣♣♣

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