Por fin llegan reformas impositivas potables

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Por Fabián Medina

–Economista–

Si bien en 2015 poseíamos un sistema tributario que estaba aprisionando a las empresas y al resto de los contribuyentes con un 46% de presión fiscal total (sumatoria de impuestos de Nación, Provincias y Municipios), o sea que de cada $100 que gastábamos $46 eran impuestos; entre 2016 y 2019 tanto el sistema tributario nacional como en la mayoría de las provincias –como Buenos Aires– el nivel de presión fiscal total pasó al 53% para contribuyentes comunes y empresas, aunque para los profesionales independientes el nivel de presión paso a ser del orden del 63% que aumentaba su peso con los servicios públicos, tarifas, tipo de cambio e inflación a niveles insoportables para cualquiera.

Con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en lo nacional y como con la Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires se dio curso a algo casi sin precedentes en materia impositiva en nuestra historia. Para que se entienda mejor: que pasen a pagar mayores valores de impuestos aquellos que más bienes poseen –capacidad contributiva, que se llama– pasando a tener mayor gravitación en los pagos los impuestos patrimoniales (bienes personales, inmuebles y automotores o patentes, como generalmente se lo conoce) contra los impuestos al consumo (sobretodo el caso de ingresos brutos en provincia de Buenos Aires) y tratando de reducir la importancia de los nacionales al consumo –parte del IVA–.

Pero vamos a entender un poco mejor el tema de la Provincia de Buenos Aires. Se reduce en casi un 70% los ingresos brutos a verdulerías, fruterías, almacenes y kioscos con facturaciones menores a los $ 2 millones de pesos anuales; cerca del 35% los servicios de abogados, escribanos, economistas, contadores y demás profesionales y mantiene en el 1.5% en la fabricación de remedios. En cuanto a los impuestos patrimoniales en la provincia, el inmobiliario posee un incremento del 75% en propiedades urbanas con valuaciones fiscales mayores a $ 1.7 millones, lo cual quiere decir que realmente son propiedades con valores de plaza mayores a los $ 6 millones que son en total el 10% de los inmuebles. Para todo esto debemos tener en cuenta que los inmuebles urbanos con impuestos menores o iguales hasta $2200 y rurales hasta $1200 quedan plenamente exentos, lo mismo que los jubilados con beneficios de importes mínimos al 2018 siguen teniendo la exención en el pago del mismo y en caso de los contribuyentes que abonen los impuestos en forma anual se cambió de 20 a 25% el descuento pertinente.

Por eso es que entendemos que no sólo segmenta, sino que también torna progresivo un régimen tributario que en su mismo origen es regresivo por naturaleza misma.   ♣♣♣

#PA. Medina es economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Sábado 11 de enero de 2020.
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