Argentina y el FMI: La historia sin fin

Argentina y el FMI: La historia sin fin

Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga


Este miércoles el Ministro de Economía Martin Guzmán se presentó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación para explicar el proyecto de “Ley de sostenibilidad de la deuda en moneda extranjera”: el objetivo es buscar el respaldo institucional a la hora de tomar deuda, o visto desde el otro lado, establecer mecanismos de control por parte de los legisladores para que tomar deuda no sea un acto desesperado del ejecutivo. El préstamo del FMI durante el gobierno de Cambiemos y la responsabilidad del ente internacional en el bochornoso acuerdo del 2018.

El proyecto de ley que pretende Guzmán establece que, en el futuro, toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera deberá ser aprobados por el Congreso, al igual que cualquier posible préstamo de un organismo internacional. El proyecto no es casual: por estos días, el gobierno argentino negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de facilidades extendidas para devolver los US$44.000 millones (más US$ 5.000 millones de intereses) recibidos durante la gestión de Mauricio Macri.

La propuesta de Guzmán implica acordar un plazo de cuatro años y medio de gracia para el plan de pagos, y re-convertir el tipo acuerdo para que deje de ser un modelo Stand-By Agreement (SBA), y se convierta en Extended Fund Facility (EFF) o en un Servicio Ampliado del FMI (SAF).

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La deuda odiosa

Luego del histórico pedido del préstamo al FMI del gobierno de Mauricio Macri y su equipo económico de Cambiemos (el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger) en junio del 2018, hoy parecen quedar sólo malos recuerdos y una deuda impagable.

La economista Vanesa May, egresada en la Universidad de la Plata, explica: “La deuda externa argentina está plagada de irregularidades en general y con el FMI en particular. Estas irregularidades comienzan con el pago a los fondos buitres en 2016, para lo cual hubo que anular dos leyes del congreso. Esto no solo puso en jaque la reestructuración de deuda de 2005/10, sino que también habilitó el mega endeudamiento posterior, en el que entre 2016 y 2018 se tomó deuda externa por más de 100 mil millones de dólares, entre ellos la deuda a 100 años.”

Si bien la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos es legal y legítima en términos jurídicos, en tanto fue firmada por un poder ejecutivo democráticamente elegido (a diferencia de la deuda contraída durante la última dictadura militar), la misma tiene varios puntos ciegos.

Dujovne justificó el acercamiento al FMI en aquel momento, argumentando que ahora “estamos integrados al mundo y expuestos a la volatilidad. Hemos decidido buscar financiamiento preventivo para dotar de estabilidad al mercado”. En criollo: la “estabilidad del mercado” se tradujo en fuga de capitales, al ser dólares inyectados en circuitos financieros que no proponían ninguna inversión concreta en el país y mucho menos, obra pública o industrialización. La argumentación también ahondaba en la famosa “pesada herencia” y las consecuencias de -por fin- volver a estar insertos en el mundo: “El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando” se despachaba el ex presidente Mauricio Macri a mediados del 2018, en cuanta entrevista le hacían.

“Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias” es ya un clásico de la economía argentina. “El mega-endeudamiento de Macri que termina en su propio default ha tenido dos récords: fue la primera vez que un gobierno defaultea su propia deuda (deuda que el mismo tomó) y fue la primera vez que un gobierno defaultea deuda en pesos (lo que no tiene sentido, ya que tiene la maquinita de imprimir moneda). Esto demuestra tanto su incompetencia, como su saña, ya que dejó a la Argentina sumergida en problemas que podían haberse atenuado o evitado” reflexiona la economista.

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Responsabilidades internas

Es posible investigar y conocer el recorrido del dinero, determinando qué actores privados se beneficiaron con ese endeudamiento; proceso que podría ser encarado no sólo desde la Justicia, sino también por comisiones de investigación que dependan del Congreso.

“Se debe investigar y juzgar internamente, para que no se siga repitiendo a lo largo de la historia argentina, como sucede desde hace 200 años. Mientras que no haya sanciones fuertes sobre los responsables y que generen señales disciplinadoras para la posteridad -por ejemplo, prisión efectiva o responder con el propio patrimonio- seguirá ocurriendo y probablemente bajo los mismos personajes” asegura May.  

Vale la última frase para hacer un poco de historia: Federico Sturzenegger, junto a Luis Machinea, Domingo Cavallo y Daniel Marx fueron los principales protagonistas del llamado “salvataje”, que implicó la toma de 40.000 millones de dólares como préstamo al FMI en los años 2000 y 2001. Según sus negociadores, los planes Blindaje y Megacanje servirían para “blindar” la economía maltrecha y “prevenir el desempleo y la crisis social”, aunque en los hechos provocaron la mayor crisis social, política y económica de las últimas décadas. Puntualmente, se trató del canje de bonos por 20.000 millones USD para retrasar el pago de la deuda pública (contraída en los 90) a cambio de aumentar el capital y los intereses de ese pasivo, que se disparó -debido al salto de la tasa de interés que implicaba el canje de bonos- hasta los 50.000 millones.

Por este beneficioso negocio para los financistas, las ex AFJP y sobre todo los bancos (y nulo para el Estado) gracias a las cuantiosas comisiones que se llevaron, fueron procesados varios de los exfuncionarios de aquel gobierno -entre ellos Sturzenegger- por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública; ya que no quedaba claro a quien realmente representaban.

Casualmente en julio de 2016, Sturzenegger fue sobreseído por segunda vez, declarándose que no habían participado en la operación; y ahora la causa duerme en alguna carpeta de algún edificio judicial. Gracias a ello, Sturzenegger pudo volver a formar parte de otro de los grandes equipos de endeudadores seriales, como fue la gestión de Cambiemos para el Estado argentino. “Los delitos económicos deberían ser delitos de lesa humanidad, ya que lesionan a la humanidad toda, comprometiendo el futuro de generaciones enteras, es la única manera que dejen de prescribir este tipo de causas” asegura May.

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¿La culpa no es del Fondo sino del que le da de comer?

En su gira del 2019 por la presentación del libro “Sinceramente” que la devolvió a la escena política con más mística que estrategia de campaña (aunque funcionó increíblemente bien para esto último), la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se refirió al préstamo del FMI y sentó postura. En febrero de este año que parece eterno, en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro de La Habana en Cuba, Cristina aseguró: “Dieron un préstamo violando el estatuto. Ahora escucho que no se puede hacer una quita al capital del Fondo porque su estatuto lo prohíbe. También prohíbe que se den préstamos para que se fugue el dinero ¿por qué vamos a hacer valer una prohibición y otra no? Apliquen el estatuto entero”, sostuvo. También pidió investigar para qué se prestó ese dinero o en que se invirtió: un pedido que se extiende en varios sectores del Frente de Todos, y por fuera de él.

Lo cierto es que el FMI es un organismo financiero internacional que se conoce como prestamista de última instancia; es decir, al que se acude cuando el sistema financiero deja de prestar dinero por considerar al país riesgoso o mal pagador. Como su propia página web informa, el otorgamiento de préstamos tiene como fin darle a los países en crisis “margen de maniobra para implementar políticas de ajuste orientadas a restablecer la estabilidad y el crecimiento económico”.

El FMI también tiene reglas: por un lado, exige “compromisos” que implica la adopción de determinadas medidas de política económica , focalizadas en la baja del gasto público. La entonces directora gerente del FMI, la francesa Christine Lagarde (quien a solo un mes del acuerdo con Argentina renunció a su puesto en el ente) felicitó en su momento a las autoridades argentinas por lograr el acuerdo y aseguró que “el plan económico del gobierno gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal. Avalamos plenamente esa prioridad y celebramos la intención de las autoridades de acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal, restableciendo el balance primario para 2020.”

Pero dentro del estatuto del organismo (artículo VI de su Acta Constitutiva) también figura la prohibición de prestar plata que será destinada a la fuga de capitales, y allí es cuando el perro se muerde la cola. “Su estatuto prohíbe hacer prestamos que puedan ser destinados a fuga de capitales, y ha violado su propio estatuto cuando le presta el 60 % de su cartera a un solo país” asegura May. El incumplimiento de sus propias normas (conociendo detalladamente el escenario argentino) sólo se explica si hay objetivos que no están a la vista. “El negocio del acreedor no es cobrar la deuda, sino que sea impagable para seguir reestructurando y cobrando intereses hasta el punto en que se termina pagando varias veces el mismo capital”.

A su vez, muchos analistas señalaron lo obvio ya en aquel momento: el préstamo no fue (sólo) una cuestión económica, sino un claro gesto político para asegurarse la reelección de Mauricio Macri; quien no sólo abrió nuevamente las puertas del país al FMI, sino que constituía un aliado concreto de las políticas norteamericanas en el país y la región. La geopolítica es la madre de todas las batallas, y nada fue tan azaroso. Hoy en día, con un cambio de gobierno y de estrategia, Argentina busca reencausar una vez más un problema del que parece nunca salir. ¿Llegará alguna vez el “Nunca Más” de la deuda externa? ♣♣♣  

#PA.

sábado 21 de noviembre de 2020