La solución verde para la crisis sanitaria y económica de Latinoamérica

La solución verde para la crisis sanitaria y económica de Latinoamérica

Por Federico García


El precio de las emisiones subió exponencialmente en lo que va de 2021. Se amplían en el mundo planes para descarbonizar las economías y Chile, México y Colombia llevan la delantera en la región.

La carrera mundial por poner fin a la crisis producida por el nuevo coronavirus plantea la necesidad de los países de generar para el futuro modelos de recuperación sostenibles que dejen en el pasado la vieja normalidad en la que la interacción de los modelos económicos vigentes con el ambiente profundizó el cambio climático.

Según los expertos, América Latina y el Caribe tienen el potencial para crear 15 millones de empleos netos para 2030 si se enfocan en profundizar el camino de cero emisiones de carbono, lo cual no sólo sería técnicamente factible sino necesario para detener la crisis climática y reducir la posibilidad de un nuevo riesgo sanitario.

La descarbonización, sin embargo, plantea desafíos tanto a nivel mundial como en la región, ya que los planes actuales no alcanzan los niveles de reducción de emisiones que son necesarios para mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados, mucho menos por debajo de 1.5.

Por ejemplo, algunos países latinoamericanos todavía consumen hasta el 10% de su presupuesto nacional anual en subsidiar combustibles fósiles, a pesar de su impacto sobre las finanzas públicas, la baja en el consumo y el incentivo a la contaminación creado por tales ayudas estatales.

A nivel mundial, la fijación de precios a las emisiones de carbono parece enviar señales claras a las empresas -y a los consumidores también- para que modifiquen sus patrones de conducta. Los gobiernos empiezan a comprender que poner un precio a la contaminación puede ser una fuente importante de ingresos públicos.

En 2019, sin ir más lejos, los Estados a nivel mundial recaudaron 45.000 millones de dólares siguiendo ese modelo, ingresos que pueden ser destinados a apoyar la protección social u otros objetivos de desarrollo, mejorando la sintonía entre las finanzas y acción climática. Además, dado que el precio al carbono también puede provocar el aumento de los precios de los productos, una parte de ese dinero se puede utilizar para abordar cualquier potencial resultado distributivo negativo, especialmente en personas y hogares de bajos ingresos.

En América Latina, este modelo viene creciendo lenta pero sostenidamente: México, Chile y Colombia son pioneros en utilizar un precio al carbono como parte de una estrategia más amplia para descarbonizar sus economías.

A principios de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó su programa de prueba del sistema de comercio de emisiones (SCE), el primero de su tipo en la región, cubriendo inicialmente los sectores de energía e industria (alrededor del 40% de las emisiones nacionales).

La Ley General de Cambio Climático de México, reformada para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París, establece el mandato legal para este instrumento de política de mitigación. El programa de prueba del SCE durará tres años, lo que dará a los participantes tiempo para familiarizarse con el mercado del carbono y permitir así a los reguladores probar su diseño general.

En Chile, el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, bajo consideración en el Congreso, establece una meta de carbono-neutralidad para el 2050 y delinea disposiciones para la generación de certificados de reducción de emisiones que podrían comercializarse y utilizarse para cumplir con estándares nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, en febrero, una reforma tributaria más amplia en el país trasandino también derivó en modificaciones en el impuesto al carbono, que ahora cubre a más entidades en los sectores de energía eléctrica e industria, e introduce el uso de certificados de carbono como una opción de cumplimiento en el futuro.

Por su parte, en Colombia, la Ley Nacional de Cambio Climático estableció un plazo de tres años para el desarrollo de un sistema de comercio de emisiones, el cual operaría junto con el impuesto al carbono impulsado por el país y su programa de certificados de carbono, que han estado funcionando desde el año 2017.

Según un informe del Banco Mundial, desde 2012 a 2017 se duplicó el número de instrumentos aplicados o previstos de fijación del precio del carbono. En la actualidad, son 42 las jurisdicciones nacionales y 25 las jurisdicciones subnacionales que han puesto un precio a las emisiones.

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A la delantera

La Unión Europea es el bloque regional que parece avanzar más rápido y mejor hacia la economía verde, puesto que a día de hoy ostenta el mercado de carbono más grande del mundo, que sigue en crecimiento.

La Comisión Europea expandirá su Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en un intento por reducir las emisiones de carbono “al menos en 55%” desde los niveles de 1990 para 2030, según un documento preliminar dado a conocer por Bloomberg.

En este sentido, los futuros de emisiones de carbono superaron otro hito en Europa, subiendo por encima de los 40 euros (49 dólares) la tonelada métrica por primera vez y convirtiéndolo en una de las materias primas con mejor rendimiento de lo que va de 2021.

La ganancia de más del 20% este año tomó a algunos por sorpresa y parece verse reforzada por especuladores financieros que apuestan por una mayor demanda de derechos de contaminación a medida que la Unión Europea endurece sus objetivos climáticos.

“Esperamos que el precio esté por encima de los 30 euros y suba a medida que el mercado se endurezca en los próximos años, pero supongo que llegar a los 40 ahora sólo demuestra que la gente está entusiasmada”, dijo Emily Jackson, analista de carbono de Bloomberg, y añadió: “El mercado no está respondiendo a los fundamentos en este momento”.

A diferencia de otros commodities, el mercado del carbono es puramente artificial, puesto en marcha por la Unión Europea para imponer un precio a la emisión de gases de efecto invernadero.

Actualmente, más de 12.000 instalaciones industriales que utilizan energía están cubiertas por el mercado, lo que las obliga a entregar los permisos para contabilizar la cantidad de sus emisiones. A medida que el bloque europeo intensifica sus objetivos climáticos, el sistema de límites máximos y comercio es fundamental para impulsar el cambio a tecnologías menos contaminantes.

Los futuros de referencia subieron hasta 40,12 euros (48,67 dólares) por tonelada antes de caer a 39,87 euros la tonelada a las 10.50 am en Londres el último jueves.

Los analistas esperaban que el carbono ganara terreno este año, pero nadie previó una trayectoria tan rápida hasta los 40 euros. Ahora, varios fondos de cobertura están apostando a que el carbono aumentará mucho más rápido, hasta los 100 euros este año o el próximo, lo cual ayudó a generar una ganancia del 16% la semana pasada.

En diciembre, los futuros de carbono superaron los 31 euros, batiendo un récord desde 2006. Solo ha llevado dos meses subir al nivel de 40 euros, un rendimiento que ha superado con creces las ganancias en los precios de referencia europeos de la energía y el gas. ♣♣♣

#PA.