Hay una policía que sigue siendo maldita

Hay una policía que sigue siendo maldita

Por Lucía Sabini Fraga

Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional el gobierno de Cambiemos ha sido el más represor desde la vuelta a la democracia en 1983. El caso de los cuatro jóvenes asesinados en San Miguel del Monte es otra triste historia.

En San Miguel del Monte la gente todavía cierra la puerta sin llave. El pueblo tiene poco más de 20.000 habitantes y como quien dice, se conocen todos. Monte, como le dicen los lugareños, queda a 110 kilómetros de la Capital Federal y es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Tiene una enorme laguna envuelta por una vistosa costanera que constituye el paseo dominguero de los locales y uno de los atractivos más visitados para los turistas.

La madrugada de lunes 20 de mayo se sacudió toda la tranquilidad de golpe: cinco adolescentes se estrellaron contra un camión detenido mientras eran perseguidos y tiroteados por la Policía bonaerense. Lo primero que dijeron las fuerzas de seguridad fue que no hubo tiros; pero los testigos, las filmaciones de los vecinos y las evidencias confirmaron todo lo contrario: un nuevo caso de gatillo fácil se había cobrado al menos cuatro vidas. Ellos son Gonzalo Domínguez de 14 años, Camila López y Danilo Sansone de 13 y Aníbal Suárez de 22 años; mientras que Rocío Guagliarello de 13 años –única sobreviviente– está internada en estado grave y con pronóstico reservado.

Mientras varios diarios argentinos siguen hablando de tragedia o confusión, hasta El País de España decidió nombrar las cosas como son: “La muerte de cuatro jóvenes inocentes a manos de la policía sacude Argentina”. Si no será grave, que la noticia cruzó el atlántico.

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“El hombre que tiró, yo lo cruzaba todos los días en un negocio en frente de mi casa y al nene me lo conocía”, dice llorando el padre de Danilo que con sus 13 años jugaba al fútbol e iba a la escuela, como cualquier chico de su edad. También rapeaba improvisando letras de hip hop y andaba en skate.

“Vuelen alto mis guerreros,

van a hacer carrera para ver quien llega al cielo,

desde acá del suelo, guachos los queremos,

espero que algún día de la vida nos crucemos”

Son algunas de las letras que les dedicaron sus compañeros de freestyle en la movilización a la que asistió todo el pueblo la semana pasada. Es que eran tan pibes, tan chicos, que nadie entiende nada.

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El padre de Danilo es changarín, vende mojarritas como carnada para la pesca en la ruta. Cuando juntaba 100 pesos le daba a su hijo 20 para ir a la escuela. Tenía que repartir entre él y sus otros nueve hijos, así que a veces a Danilo le tocaba menos.

La mamá de Gonzalo Domínguez está convencida que su hijo tenía miedo en el auto y que pensaba en ella antes de morir. “Esto fue una masacre”, sentenció.

Yanina, la mamá de Camila, es amiga de la mamá de Rocío de toda la vida. Como suele pasar en los pueblos o ciudades chicas, las generaciones comparten amistades y sus hijos también. Cuando la policía se apersonó en la puerta de su casa, le dijeron que su hija había tenido un accidente. Como si quien manejaba el auto hubiese perdido el control porque sí: nada más lejos de la realidad que la versión oficial. 

Aníbal Suárez tenía 22 años y era misionero oriundo de Concepción de la Sierra. Manejaba el viejo Fiat 147 que terminó incrustado en el camión. Se había quedado sin trabajo hace pocas semanas y a su auto recién comprado aún le faltaban los papeles de transferencia. Su madre, Blanca Suárez, viajó a la provincia de Buenos Aires a buscar el cuerpo pero no se lo dieron y le indicaron que tiene que esperar 60 días. En Concepción, los vecinos habían juntado la plata para ayudar a Blanca a pagar el pasaje: es que Aníbal era tan querido que la solidaridad con su familia se activó instantáneamente. 

Todavía no se esclarecieron las causas concretas o los porqués de la balacera policial, sin embargo ya asoman escándalos de corrupción, extorsiones, tejes y manejes de la fuerza local respecto al caso. La policía intervino de un modo irregular desde un primer momento: al increíble hecho de haber disparado y causado la muerte de los cuatro jóvenes se le suma el intento de encubrimiento posterior.

Levantaron los cuerpos de los chicos en solo una hora y media, mucho menos de lo que se tardó en notificar a las familias. En las actas policiales tampoco reescribieron lo que los vecinos literalmente expresaban: cuando los testigos dijeron tiros, los uniformados anotaron estruendos. Según los propios locatarios, en el lugar de los hechos –la costanera– no suelen haber inspecciones policiales, por lo que las versiones acerca de un control vehicular y una voz de alto no parece encajar demasiado bien. Y si hubiese habido un llamado policial tampoco se entiende el porqué de los disparos. Como nos explicó Victoria Darraidou, investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS (Centro de estudios Legales y Sociales), la policía contaba con medios no violentos para hacer esa detención, como por ejemplo cruzar el patrullero –de porte muy superior al obsoleto Fiat– delante del auto.

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En Argentina el gatillo fácil ha sido una constante, con sus respectivos picos represivos según contextos sociales y discursos o prácticas políticas más o menos afines. Según la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) el gobierno de Cambiemos ha sido el más represor desde la vuelta a la democracia en 1983: el promedio de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado en los últimos tres años es de un caso cada 21 horas, frente al promedio de 30 horas que llevaba el gobierno kirchnerista. Hasta febrero de este año, la CORREPI contabilizó durante todo el período democrático al menos 6.564 personas asesinadas bajo esas circunstancias. De esa cantidad, 1303 corresponden sólo al ciclo de Cambiemos, representando el 20% del total.

La “doctrina Chocobar” instaurada por el gobierno de Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nos vale como marco para entender estos números. Luego de la reivindicación de aquel policía que en diciembre de 2017 mató por la espalda a un delincuente en el barrio porteño de La Boca, y las reiteradas celebraciones del uso de armas de fuego por parte de la primera línea de funcionarios, se habilitaron normativas que avanzan en ese mismo sentido. En el polémico “Protocolo de Uso de Armas de Fuego para las Fuerzas de Seguridad” que dictaminó Bullrich en 2018 y que corre para las fuerzas federales –no las provinciales como es este caso– se menciona el uso de armas bajo la intervención de la policía en caso de peligro inminente para la comunidad o los agentes policiales. Según Darraidou, este caso en particular ni siquiera encaja en ninguna de las categorías que especifica la normativa.

El propio Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, admitió tardíamente los tiros policiales, cuando en las primeras hipótesis las fuerzas negaron el uso de armas objetando que los elementos luminosos eran linternas. “Pido a la justicia que detenga a las personas que por su mal proceder son responsables de la muerte de estos cuatro chicos”, agregó el ministro. “No vamos a proteger a nadie que haya hecho semejante cosa, queremos otra provincia para la provincia de Buenos Aires”.

Por lo pronto, el Ministerio de Seguridad desplazó a 13 oficiales involucrados, siete de los cuales están detenidos. Se conoció este viernes la imputación que sobre ellos recae –a cargo de la jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías 2 de La Plata– que supone los delitos de homicidio doblemente agravado en cuatro de los policías y por falsedad ideológica del argumento público y encubrimiento en los otros tres uniformados.

La pregunta es si estas medidas alcanzan: resulta evidentemente difícil frenar ahora lo que se instauró como ejemplo del buen proceder institucional.

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La masacre de Floresta en 2001, o la de Puente Pueyrredón ocurrida en 2002 también tuvieron como responsables a la policía no solo en los asesinatos sino en los intentos de encubrimiento. En ambos casos se limpió la escena y manipuló información para desvincular a las fuerzas del orden. En ambos casos se necesitaron valientes testigos o imágenes para reconstruir las masacres. Esta semana en San Miguel del Monte toda la ciudad se movilizó a la calle en busca de justicia y fueron los propios vecinos y testigos quienes aportaron las pruebas claves incriminatorias para la investigación.

Como sucede para que la indignación social sea de mayores proporciones, estos jóvenes no estaban cometiendo ningún delito ni el caso se vincula con actividades ilícitas. Sin embargo, queda latente el debate acerca de cómo accionan las fuerzas de seguridad ante situaciones delictivas o de cualquier otra índole que impliquen el uso de la fuerza: si hubiesen sido delincuentes ¿está bien matarlos así? Si formaban parte de una movilización o estaban realizando alguna actividad que supone quebrantar normas como la libre circulación, ¿es correcto disparar a quemarropa? Y a modo reflexivo, ¿se pueden combinar pacíficamente una crisis económica con tasas de pobreza que superan el 30 por ciento con una restricción de los derechos de protesta?

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La bonaerense posee 94.000 efectivos y según datos oficiales del Ministro de Seguridad, existen actualmente alrededor de 30.000 sumarios abiertos y unos 12.000 policías fueron separados de sus cargos por diferentes irregularidades en su función pública. Hagamos cuentas: son casi un tercio de esas fuerzas las que tienen incumplimientos en su deber. Es decir, uno de cada tres: un porcentaje un tanto alto para ser quienes deben defender a la ciudadanía de los peligros.

“No es sólo un policía, es toda la institución”, decía un viejo cántico haciendo alusión a las repetidas prácticas de corrupción, amenaza, muertes y otros tipos de delitos en los que las fuerzas de seguridad se veían recurrentemente involucradas en la década del 90. Y como dice la vieja expresión popular, para muestra un botón. ♣♣♣