Un informe del infierno boliviano

Un informe del infierno boliviano

Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga


A diez meses del golpe de estado en Bolivia, la situación en ese país no logró estabilizarse y muchos menos, mejorar.  Con la pandemia a cuestas y un proceso electoral trabado y con variados obstáculos para el mayor partido de oposición (el MAS) el panorama es bastante incierto. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia sacó a la luz los trágicos sucesos que vivió este pueblo a fines del año pasado, tras la renuncia obligada de Evo Morales y la asunción de la actual presidenta interina, Jeanine Áñez.

El jueves pasado salió a la luz un informe de Defensoría del Pueblo de Bolivia sobre el conflicto postelectoral de octubre del año pasado, que da cuenta de los atropellos e irregularidades surgidas por las fuerzas golpistas, entre los meses de octubre y diciembre del 2019.

El informe denominado “CRISIS DE ESTADO Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019” tiene más de 300 páginas y detalla, enumera y desmenuza una enorme cantidad de alteraciones institucionales y vulneraciones a distintos derechos humanos. También logra contextualizar el panorama previo al golpe y la actitud de los espacios que pedían la renuncia de Evo Morales y exigían su no presentación a elecciones, argumentando el resultado del referéndum constitucional del 2016, donde una mayoría de la población voto por el “no” a la reforma (aunque con una escasa diferencia: 48,70% vs 51,30%).

El informe divide los tres meses en cuestión en distintas etapas que refieren justamente al crecimiento del conflicto y sus puntos más álgidos. Por ejemplo, en una primer etapa (que el informe de la Defensoría ubica entre el 21 de octubre al 8 de noviembre de 2019) posterior a las elecciones del domingo 20, se desarrollan movilizaciones, quemas de organismos electorales e instituciones públicas, y agresiones en la vía pública. Como resultado, el informe detalla enumera “el fallecimiento de tres personas y de 403 heridas, de las cuales 342 fueron hombres y 61 mujeres. Entre éstos existen poblaciones en situación de vulnerabilidad, como ser personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, entre las personas heridas también se identificaron a agentes policiales.”

Mientras el clima se tensiona, se percibe el uso abusivo de la fuerza policial en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa cruz, Potosí, Chuquisaca. También da cuenta de la realización a finales del mes de octubre, de distintos Cabildos abiertos de la ciudadanía, cuyos objetivos se contraponían: “El 28 de octubre, en la ciudad de La Paz se desarrollaron dos cabildos de manera simultánea, ambos con una gran concentración de personas. El primero se llevó a cabo en el campo ferial de Següencoma de la zona Sur de la ciudad, convocado por el CONADE, denominado cabildo por la democracia con el objetivo de defender el voto. El segundo, desarrollado en la ciudad de El Alto, con el objetivo de brindar respaldo al entonces Presidente Morales, y para pedir que se respeten los resultados de la elección del domingo y rechazar las acusaciones de fraude.”

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Motín de la Policía y escalada de violencia

Fernando Camacho tomó gran protagonismo por estos días, quien se puso al frente del pedido de renuncia de Evo Morales y recogió los pedidos de la policía boliviana que tenía ciertas demandas laborales como institución. En su cruzada, viajó incluso en avión hasta El Alto para entregarle a presidente un pedido de renuncia, aunque fue retrasado por los cortes de ruta de esa ciudad, realizados por manifestantes que defendían al entonces mandatario. “El Alto de pie, nunca de rodillas”, fue una de las consignas más utilizadas.

La segunda etapa del informe se refiere al “Motín de la Policía Boliviana, hallazgos preliminares de la OEA y renuncia de autoridades nacionales (del 8 al 10 de noviembre)”.  Un puntapié importante fue el viernes 8, donde la Unidad Técnica Operativa Policial (UTOP) del departamento de Cochabamba inició un motín policial, y como primera cuestión exigía la renuncia del presidente Evo Morales para abrir las negociaciones de sus demandas con un nuevo Gobierno. Recién después, venían los puntos referidos a sus condiciones de trabajo.  Fue cuestión de horas para que se sumen efectivos de las ciudades de Sucre, Tarija, Santa Cruz, Trinidad, Oruro y Potosí.

El clima se iba poniendo cada vez más espeso: el informe retoma varios relatos de campesinos o pobladores que intentaban llegar a La Paz, y en Vila Vila (departamento de Oruro) fueron interceptados, golpeados, heridos gravemente y saqueadas sus pertenencias: se calcula que al menos 25 personas fueron gravemente heridas. En aquella jornada incluso hubo numerosas tomas de rehenes. Según el Colegio de Psicólogos de Oruro que atendió posteriormente varias víctimas, un grupo de estudiantes que intentaba viajar desde Potosí fue preso de estos  sucesos; los mismos “refieren haber sufrido intimidaciones, amenazas de muerte, criminales apedreadas. Algunas fueron bañadas en gasolina y les intentaron encender fuego (el olor a gasolina era notorio en esas personas el día sábado 8). A varios hombres les obligaron a quitarse la ropa hasta quedar desnudos y fueron golpeados.”

El 10 de noviembre, Evo expresa: “Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico, con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano”.

Previamente, la OEA había hecho público su informe “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019, HALLAZGOS PRELIMINARES INFORME A LA SECRETARÍA GENERAL” donde denunciaba ciertas irregularidades en el proceso eleccionario, y sugería realizar una nueva votación.

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Renuncia de Evo y los días posteriores

A pedido de la Central Obrera Boliviana, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, Evo Morales firma su renuncia en la tarde del 10 de noviembre, en un contexto de violencia y persecución política notable hacia las autoridades nacionales.

El informe señala que “a partir de la renuncia de Evo Morales, el país se vio sumergido en dos jornadas (10 y 11 de noviembre) de ausencia de una cabeza visible de Gobierno y de protestas y actos vandálicos, que se sucedieron por la renuncia y profanación de la Whipala.” Allí se registraron saqueos y violentos ataques a distintas estaciones de policía (EPI) e incluso a locales de alcaldías y comandos de policía.

También comenzó la etapa más sangrienta y violenta del proceso sufrido por el país vecino: enfrentamientos de civiles que terminaron en asesinatos, situaciones ultrajantes y la posterior acción policial violenta y desmedida. El trágico 11 de noviembre, por ejemplo, fueron asesinadas en la calle dos personas que ni siquiera participaban de las protestas.

Uno de los testimonios relata sobre el accionar policial: “Cada oficial, todo el tiempo que estaba hasta las 6 de la tarde casi 7, eran constantes los golpes, constante. Mi dedo ya me empezaba a sangrar demasiado. En una de esas, ¡tú por qué estas sangrando, me dijo. Y me patearon, me agarraron y vinieron y me inyectaron algo para que se me baje las hinchazones. Y vino un oficial detrás, no sé quiénes eran, no podía ver las caras, y dijo: ¡Pero que le estás curando a éste!, y me dio otra patada justo en este brazo y empezó a sangrar más.”

Otro de los hechos más aberrantes suscitados por esta fecha (10/11) fue la intrusión a la casa de Marco Antonio Borda, hermano del ex presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, por un grupo de personas que lo tomó como rehén a él y a su familia; sometiéndolo a todo tipo de actos contra su integridad. Amenazas, golpes, abuso sexual contra él y su hija menor de edad, ser rociado con gasolina, entre otras atrocidades. Su delito era ser hermano de un dirigente del MAS.

Durante aquellas jornadas, hay innumerables testimonios dentro del informe que detallan detenciones arbitrarias (donde se constata la existencia de menores de edad) que incluyeron torturas, golpes y abusos dentro de las dependencias policiales en El Alto y La Paz.

En este apartado figuran al menos seis muertes sospechosas, entre las que se encuentran la del periodista argentino Sebastián Moro (trabajador de Página 12 entre otros medios), quien fue hallado en su domicilio golpeado y en estado inconsciente, por un allegado a la familia. Sebastián “fue trasladado a la Clínica Rengel (sucursal Sopocachi), donde estuvo internado en “estado de coma”. Debido a la evolución negativa de su estado de salud, falleció el sábado 16 de noviembre a las 00.00 por un infarto. Esta muerte puede ser calificada como sospechosa debido a los hechos, el contexto y lo sucedió con el cuerpo del fallecido, el cual fue inmediatamente cremado sin desarrollarse la autopsia de ley correspondiente” señala el propio informe.

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EL racismo como arma de ataque

Las mujeres sufrieron además, por ser mujeres, otro tipo de violencias. Y si a eso se suma su condición indígena la ecuación da aún más negativo. En ese sentido, se denunciaron cientos de hostigamientos y actos de discriminación y racismo por parte de las fuerzas policiales hacia las llamadas “mujeres de pollera”.

“Les decían: ¡Estas indias! Ahí había una señora que estaba mal y decía: ¡ésta seguro que es una empleada! y le pegaban. Yo me metía ahí, tal vez por eso me hacía pegar. ¿Por qué le lastiman? Estos indios ahora van a ver quién manda, ahora van a ver, lo decían de una manera muy fuerte. Los trataban de todo, los humillaban, los humillaban bastante. Ahora ya no está el MAS, ya no está el Evo ¿quién les va a defender? ¡”, expresó en primera apersona un testigo.

Un interesante apartado del informe, refiere exclusivamente a los ataque a símbolos representativos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, asociándolos directamente como “muestra de desprecio del Estado Plurinacional”, consagrado en la Constitución de 2009 durante el gobierno de Evo Morales y el MAS.

“Estos actos de ultraje hacia la Wiphala, no sólo representaron el agravio hacia un símbolo patrio reconocido en la CPE, sino que para las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano representaba y demostraba la exclusión y desconocimiento de estos pueblos, generando un mensaje de eliminación del modelo de Estado denominado “Plurinacional”.

En relación a este tema, el informe de la Defensoría señala que “Se observó una masificación y normalización de actos racistas y discriminatorios que provenían de agentes particulares y estatales (policía y militares)”, mientras que esos mismos actos fueron enfocados y dirigidos a cierto grupo poblacional, de rasgos indígenas, tez morena y vestimenta típica. También se señala el ingreso a instalaciones públicas como el Palacio de gobierno, de autoridades de gobierno como Jeanine Añez con la biblia en mano, afirmando que “la Biblia vuelve a Palacio”, y en clara contradicción con lo estipulado por la Constitución que avala la libertad de religión y de creencias espirituales.

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Rol de la Policía de Bolivia y su faceta más represiva

Respecto a los fallecimientos (de los cuales figuran en detalle datos alusivos a sus condiciones y lugares de muerte), el informe es contundente: “durante el conflicto postelectoral suscitado, se confirmó el lamentable deceso de 37 personas en todo el país, a consecuencia directa e indirecta de actos y omisiones del Gobierno.”

Allí por supuesto merecen un párrafo aparte las masacres de Sacaba y Senkata, que arrojaron un total de 20 muertos -ocurridas entre mediados y fines de noviembre- durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Según el informe, las mismas “se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad.”

Dentro de las conclusiones, el Informe señala como evidente cierto comportamiento de las fuerzas policiales del país andino, en tres órdenes: la permisividad frente a las actuaciones violentas de personas y grupos particulares en el marco de enfrentamientos violentos y con muertos de por medio; la discrecionalidad a la hora de definir qué ciudadano era digno de ser protegido o no; y por último, la coordinación entre la Policía y los grupos paraestatales, en especial entre el 8 y el 11 de noviembre.

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En relación a la situación judicial, el Informe no es menos lapidario: a marzo del 2020, 25 de los 37 asesinatos donde están involucradas las fuerzas de seguridad, están en “etapa preliminar sin posibles autores identificados.” En criollo, no se sabe nada.

En ese sentido, señalan desde la Defensoría que “el hecho de que no existan investigaciones abiertas contra vulneraciones a derechos humanos, y que las que existen no están avanzando, no sólo se debe a la complejidad de los hechos investigados, sino sobre todo a la falta de voluntad del Estado de realizar una investigación eficiente, e incluso a la clara obstaculización estatal para que estas investigaciones no avancen.”

Para finalizar, dentro de las conclusiones se percibe poco margen para el optimismo. Entre sus páginas, se encuentran elementos preocupantes para pensar el momento actual de cara a las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre: “No ha existido, ni existe un proceso de pacificación real en el país, pues si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas (…) la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre estas, no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia.” ♣♣♣

#PA.

miércoles 23 de septiembre de 2020