Crisis

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Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga

Un clima desestabilizante recorre América Latina

Esta semana no fue una más para los líderes populares de la región que protagonizaron una etapa de fuerte recambio ideológico en América Latina hace no tantos años atrás. Hoy en día, de esa experiencia de unidad progresista o de izquierda latinoamericana, pocos gobiernos quedan en pie –y los que sí, es con graves problemas, desequilibrios y retrocesos- y quienes intentaron volver al poder no lo hicieron sin pocos conflictos.

El mismo lunes, fueron noticia las dos inhabilitaciones que sufrieron Evo Morales y Rafael Correa. En el caso del primero de ellos, la justicia de Bolivia rechazó el recurso de amparo que había interpuesto la defensa del ex presidente, ratificando su inhabilitación para postularse a senador en las elecciones generales del 18 de octubre próximo, por la lista del MAS que lleva a Luis Arce como principal candidato.

Lo curioso de la justificación radica en el argumento: Evo no cumple el requisito legal de residencia en el país en los dos años inmediatos anteriores a los comicios, situación comprensible tras el golpe institucional sufrido por su gobierno en octubre pasado -que lo obligó a renunciar a la presidencia- y asilarse en Argentina.

En Twitter, Morales hizo su defensa: “Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional; la historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo”. Por su parte, la presidenta interina Jeanine Áñez festejó lo acontecido y por la misma red social esgrimió: “Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos”.

Aunque es conveniente relativizar algunas de sus expresiones: la oposición en Bolivia ligada principalmente al Movimiento al Socialismo, viene denunciando amenazas, persecuciones y secuestros a sus miembros; sin contabilizar las violentas reacciones de las fuerzas armadas de ese país durante los meses posteriores al golpe del año pasado, que dejó decenas de muertos y heridos.

Sin ir más lejos, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia argentina y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, declaró hace pocos días en una entrevista radial que no le sorprendía la noticia de la inhabilitación a Evo Morales: “Los jueces bolivianos no están en una situación común (…) sino que realmente están bajo amenazas. En Bolivia hay grupos civiles armados que amenazan a las familias”. El magistrado también lo denominó un proceso de “lawfare” –formato que implica el armado de causas judiciales con motivaciones políticas- como también señaló que sucedió en nuestro país con Cristina Fernández de Kirchner.

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Por su parte, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa sufrió este lunes su propio revés de cara a la posibilidad de presentarse como vicepresidente (en un esquema similar al ideado en Argentina para la vuelta del peronismo-kirchenrismo) junto al joven economista candidato a presidente Andrés Arauz; tal como habían anunciado en el mes de agosto, por el Frente Unión por la Esperanza (UNES).

El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Ecuador, rechazó el recurso presentado por el ex presidente Correa y dejó firme su sentencia por corrupción a 8 años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por la causa denominada “Sobornos”; lo que en los hechos implica la imposibilidad de presentarse como candidato.

Según explica la agencia de noticias Télam, la denuncia que presentó la Fiscalía en contra de Correa precisaba que entre los años 2012 y 2016, “un grupo de funcionarios de la Presidencia tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios que tenían contratos con el Estado y que terminaban en las arcas del partido oficialista”.

Lo curioso, además de que el detonante de la causa son las anotaciones en “un cuaderno” de una supuesta ex asesora del presidente, es que la misma Fiscalía no pudo demostrar un vínculo directo entre Correa y los montos denunciados; aunque estableció que existía una influencia del ex presidente a los funcionarios, a quienes habría “instigado” a cometer el delito.

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¿La buena noticia?

“De nuevo se produce el uso político de la Justicia, al servicio de las elites y de los intereses extranjeros. Ya vimos esa película”, salió a decir por Twitter el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, el más popular en la historia de ese país, y quien conoce bastante de cerca los artilugios judiciales del poder para frenar procesos políticos.

Si bien Lula, de 74 años, se encuentra actualmente en libertad tras haber sido encarcelado durante más de un año y medio; su situación judicial no es particularmente favorable: según la legislación brasilera, las personas condenadas en segunda instancia no pueden aspirar a mandatos públicos. Sin embargo, la semana pasada algo de suerte comenzó a correr (o quizás más que suerte, sea la propia justicia) para el ex mandatario brasuca, y se cayó otra de las causas que tenía abierta por falta de pruebas, precisamente la referida a tráfico de influencias para favorecer con créditos de la banca pública a la corporación Odebrecht, según indica el diario Tiempo Argentino.

El 7 de septiembre, la fecha que conmemora la Independencia de Brasil, Lula posteo un mensaje inquietante que dejó entrever posibles aspiraciones electorales. En el video subido a la web, realiza fuertes críticas al actual presidente, a su política respecto al Coronavirus, y agrega que “está a disposición de los brasileños para terminar con la pesadilla de Bolsonaro”.

Es sabido que la estrategia política puede ser mucho más amplia que su figura, incluso que del propio PT; pero sin duda el ex presidente ocupa un rol destacado en el armado opositor de cara a las elecciones generales del 2022. Pero para eso, falta una eternidad.

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En un escenario de crisis abierta, nada está a salvo, ni siquiera las democracias que tanto costaron construir. Esta semana, el aún flamante Frente de Todos en Argentina (que tiene recordemos 9 meses en el poder, siete de los cuales al frente de una crisis pandémica global) enfrentó una protesta policial que más que reclamo, pareció una apretada.

Si bien las aguas parecieron calmarse luego de algunos anuncios, la vara del contrato social básico para el funcionamiento democrático quedó más lejos de lo esperable; y hasta la propia oposición hizo leña del árbol caído. Los proyectos populares del continente están, una vez más, asediados por flacos cada vez más diversos que incluyen los frentes judiciales, mediáticos, o corporativos. Agudizar la estrategia parece la única salida. ♣♣♣

#PA.

viernes 11 de septiembre de 2020
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