Perú y la mamushka de corrupción

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Por Lucia Sabini Fraga

Perú es uno de los países que tampoco tuvo un año tranquilo. El presidente Martín Vizcarra asumió en marzo del 2018 en reemplazo de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, de cuyo gobierno había sido vicepresidente. A un año y medio de asumir, Vizcarra disolvió el Congreso de la República tras fuertes tensiones con la oposición ─liderada por el partido fujimorista de Fuerza Popular─ que produjo una crisis y vacío institucional considerable.

Tras meses de mucha convulsión, el presidente promulgó el miércoles pasado un decreto de urgencia que le permite convocar a elecciones legislativas anticipadas el 26 de enero de 2020. Meses atrás, había anticipado la intención de adelantar también las elecciones presidenciales, que podrían desarrollarse a mediados del 2020: un año antes de la finalización de su mandato ─que en Perú son períodos de cinco años─. Los comicios legislativos de enero buscan elegir a 130 representantes para que completen los mandatos que quedaron truncos en septiembre, tras el cierre del Parlamento por disposición del Ejecutivo.

Para lograr una temprana victoria desde los inicios del año, el partido Fuerza Popular comenzó a trabajar en posibles estrategias de campaña y definir sus probables candidatos. Fue noticia el jueves pasado que desde la cárcel donde cumple su condena, el ex presidente devenido en dictador Alberto Fujimori, está coordinando las candidaturas para el espacio que dirige entre sombras.

Si bien el movimiento político es técnicamente presidido por la hija de Alberto, Keiko Fujimori ─quien fuera además candidata en las últimas elecciones presidenciales por este espacio─la dirigente está atravesando un revés judicial que la alejó momentáneamente del escenario político. La hija del ex mandatario recuperó su libertad a fines de noviembre tras permanecer en prisión preventiva por 13 meses, y aseguró que se tomará una pausa en su actividad política para enfocarse en la familia y en las denuncias que la acechan. A las causas originales, se sumaron ahora por parte de la fiscalía, los delitos de obstrucción a la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.

Keiko afirmó el miércoles pasado que el nuevo pedido de prisión preventiva –previsto por un periodo de 36 meses- presentado en su contra es “el regalo más perverso” de cara a la Navidad próxima. De confirmarse las pruebas en su contra, la líder del partido Fuerza Popular podría recibir una condena de cerca de 25 años de prisión.

Así las cosas, la campaña electoral se va ensuciando poquito a poco: el martes pasado salieron la luz, videos que vinculan al presidente Martín Vizcarra con políticos de izquierda y líderes del grupo Sendero Luminoso (grupo armado de tendencia comunista que operó durante más de dos décadas en ese país). El montaje responde a una superposición de fotografías en donde figuran el ex mandatario venezolano ya fallecido Hugo Chávez; el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y otros políticos de la izquierda peruana.

La maniobra impulsada y difundida a través de redes sociales durante la semana pasada por el partido conservador Solidaridad Nacional (SN), fue criticada por diversos sectores políticos, e incluso el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE – un compromiso que suscriben los partidos que participan en las elecciones peruanas) pidió que sea retirado.

Tirando más leña al fuego, el actual secretario general del partido Solidaridad Nacional, Rafael López, recordó que su partido no suscribió el Pacto Ético Electoral y ─compartiendo la opinión con fujimoristas de que Vizcarra es un dictador desde que disolvió el Congreso─ agregó en Twitter que “la brisita bolivariana’ es una amenaza real contra el Perú”.

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Vizcarra asumió en un contexto donde la corrupción parecía el tumor que acechaba a todas las fuerza políticas presentes. Por un lado, su propio antecesor fue removido envuelto en un escándalo sobre sus vínculos con la gigante empresa de origen brasilero Odebrecht; cuyos sobornos y coimas a varios funcionarios y legisladores de casi todo el continente para lograr licitaciones de obras públicas entre otros beneficios, fueron material de tapa de todos los diarios durante gran parte del 2017. En Perú particularmente se calcula que la empresa pagó casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas al ex presidente Kuczynski ─líder del partido político “Peruanos Por el Kambio”, economista, empresario y banquero de signo derechista─ mientras este ejercía como Ministro de Economía antes de ser elegido como presidente en el año 2016.

Sin embargo, la actual oposición liderada por el clan Fujimori no se queda atrás en acusaciones: Keika Fujimori es investigada por presunto lavado de activos y otros delitos de corrupción a raíz de los aportes que la empresa brasileña Odebrecht entregó a sus campañas en 2011 y 2016. Cuando se desató el escándalo dentro de su partido dos años atrás, la crisis interna hizo que varios representantes dejaran sus bancas; y si bien mantuvieron la mayoría parlamentaria, pasaron de 73 miembros a 55. En octubre del 2018 el gobierno de Vizcarra propició otro duro golpe al corazón fujimorista: se anuló el indulto humanitario que gozaba el ex mandatario, quien volvió a la cárcel con una condena de 25 años que arrastraba tras gran cantidad de denuncias por corrupción y juicios perdidos. Entre ellos, figura su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos en 1991, y de La Cantuta en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina.

Alberto Fujimori condujo los destinos peruanos por diez años, entre 1990 y el 2000. Si bien fue elegido democráticamente, en 1992 suspendió todas las instituciones políticas tornando su gobierno a una expresión autoritaria. Modificó la Constitución y ciertas leyes para poder ser reelegido en varias oportunidades, logrando incluso ganar por tercera vez en el año 2000 con acusaciones de fraude incluidas.  

El laberinto de crisis y acusaciones en Perú parece no tener una resolución a corto plazo. Con la institucionalidad en juego y la democracia como signo de pregunta, el gobierno tiene por delante el desafío de devolver la confianza de la ciudadanía e intentar erradicar los aceitados mecanismos de corrupción presentes en la política peruana; si es que constituye verdaderamente su objetivo. Lo que es seguro, es que a Perú le espera un 2020 más que agitado. ♣♣♣

#PA

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019.
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