¿No era un bien universal?

¿No era un bien universal?

Por Lucia Sabini Fraga


El martes 23 de febrero un nuevo pedido encabezado por India y Sudáfrica alertó sobre la necesidad de liberar las patentes para la producción de vacunas contra el COVID-19 con el fin de que todos los países puedan producir el producto e inmunizar a sus poblaciones. Pese a los discursos imperante sobre la solidaridad mundial, la realidad es que el pedido aún no tiene aceptación de los países líderes y por lo tanto, la posible normativa sigue sin tener efecto.


En la reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, llevada a cabo el martes 23 de febrero, se debatió el proyecto que elaboraron el país asiático y el africano en conjunto; aunque no es la primera vez que realizan este planteo.

El pasado 2 de octubre, estos mismos países solicitaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que permitiera “a todos los países optar por no otorgar ni hacer cumplir las patentes ni otras medidas de propiedad intelectual para medicamentos, vacunas, pruebas de diagnósticos y otras tecnologías para el COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta que se logre alcanzar una inmunidad de grupo a nivel mundial”, según explicó la ONG Médicos sin Fronteras en aquella oportunidad. Al planteo inicial se sumaron los países de Eswatini, Kenia, Mozambique, Pakistán, Mongolia, Venezuela, Bolivia y Egipto en términos de copatrocinio oficial (la lista de quienes apoyaron la iniciativa fue mucho más grande); pero sin embargo un pequeño grupo se resistió a la propuesta, entre los que se ubicaron el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Suiza y Australia.

Casi cinco meses después, con bastante más muertos y una crisis económica agudizada por la pandemia y las medidas de restricción, el pedido fue nuevamente rechazado por los mismos países del llamado “primer mundo”; tanto la Unión Europea y sus miembros -como Francia, Alemania, Inglaterra-; como EEUU y Japón, se opusieron. Para que la propuesta se efectivice, se necesitan 123 votos de los 164 estados o territorios integrantes del organismo; y hasta hoy, se ha logrado que 100 firmen por la positiva, incluyendo Argentina.

Los argumentos de los países del primer mundo se parecen mucho a los que esgrimen las propias empresas farmacéuticas: por ejemplo, que esta medida desestimularía la inversión privada para investigación y desarrollo. Muchos de las grandes empresas farmacéuticas también aducen que aún no han recuperado las grandes sumas que invirtieron en la producción de las vacunas; elemento discutible desde el momento en que los distintos gobiernos y organismos internacionales han colaborado activamente desde las redes públicas y estatales de salud de cada país. Según explican los investigadores María Belén Herrero y Santiago Lombardi Bouza en una nota al medio El País digital, “las principales empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas para el COVID-19 recibieron cerca de 12.000 millones de dólares en fondos públicos para producirlas. Es decir, todas las vacunas de estas empresas se desarrollaron, total o parcialmente con financiamiento público.”

Thomas Cueni, director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifmpa), defendió la postura corporativa en una entrevista a la cadena alemana de noticias Deutsche Welle durante esta semana, y expresó que la exención de patentes de las vacunas “no aumentaría el suministro a corto plazo porque pasan por alto la complejidad de la fabricación de vacunas e ignoran hasta qué punto los fabricantes, las farmacéuticas y las naciones en desarrollo ya cooperan para aumentar las capacidades de vacunación”. Sin embargo, los especialistas Herrero y Bouza advierten que en los hechos las licencias no han sido puestas a disposición de los países no centrales que efectivamente podrían producirlas; como el caso de Cuba, Indonesia, Senegal o Tailandia.

Por su parte, la UNESCO salió este miércoles a reforzar la lógica que empujan los países menos ricos del globo: en un comunicado, su titular Audrey Azoulay, recordó que hay más de 130 países en el mundo que no han recibido ni una sola dosis de vacuna, lo que evidencia que allí “los más vulnerables no están protegidos”. En parte del escrito, subrayó que las vacunas para el covid se deberían considerar “un bien público mundial”.

El director de la OMS –Tedros Adhanom Ghebreyesus– también se refirió en ese sentido y expresó que “la equidad en materia de vacunas no es solo una acción justa, sino la mejor forma de controlar la epidemia, de restablecer la confianza y de relanzar la economía mundial.” El pasado lunes, Tedros fue particularmente duro en sus críticas a los países del G7, quienes han reforzado la compra de lotes (incluso muy por encima de las poblaciones de sus países) limitando el acceso a otros estados.

Como contrapartida a esta carrera por las vacunas, los países europeos se comprometieron recientemente a aportar USD 7.500 millones al famoso sistema Covax; aunque en realidad todos saben que esa medida es totalmente insuficiente. Recién ayer fue se materializó el primer envío bajo este programa creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para las Vacunas GAVI, al continente africano: 600.000 dosis fabricadas por la farmacéutica AstraZeneca (aunque producidas por su socio en la India) y destinadas a Ghana, en África occidental.

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¿Dónde van las vacunas?

A mediados de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el 95% de las vacunas contra el coronavirus estaban concentradas en diez países: Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá. Si bien esos números algo han cambiado en este mes, tampoco tanto. En esta foto de la realidad se basaban los argumentos de los países promotores de la iniciativa por la liberación de las patentes: la libre circulación de las mismas podría lograr una mayor producción y por lo tanto, una salida más rápida y efectiva de la situación pandémica.

Los laboratorios a su vez, vienen reportando serios atrasos en la entrega de sus dosis comprometidas. Según informa la Agencia EFE, hasta el momento, la Unión Europea ha recibido 40,7 millones de dosis y la previsión es que en el segundo trimestre se distribuyan 300 millones de dosis más. Esos términos incluyen los contratos firmados con las tres empresas cuyas vacunas han sido aprobadas en el viejo continente: Pfizer-BioNTech, Moderna (ambas de origen estadounidense) y AstraZeneca (Inglaterra). La vacuna de Johnson & Johnson también está en vías de ser aprobada.

Después está el caso de Israel, que con una población de 9 millones de habitantes ya ha logrado vacunar a la mitad (4,5 millones) con las dosis de la empresa Pfizer, constituyéndose en el récord mundial. Pero a su vez, este país le ha negado la vacunación a Palestina (territorio que ocupa de manera violenta hace decenas de años): el 17 de febrero, la Autoridad Palestina denunció al Ejército de Israel de haber retenido al menos 2.000 dosis de la vacuna de origen ruso Sputnik V, destinadas a la inmunización de su población, en un puesto de control de Cisjordania. Semanas atrás se había logrado un acuerdo por el cual, el sistema de sanidad palestina recibiría 5.000 dosis de la vacuna del laboratorio Moderna y un permiso para que lleguen 10.000 dosis de Sputnik V -enviadas por el gobierno de Moscú- a los territorios de Cisjordania y Gaza, donde viven 2,5 y 2 millones de habitantes respectivamente.

Luego del bochornoso suceso, el gobierno israelí emitió un comunicado en el día de ayer informando que: “Durante el último mes se ha acumulado una cantidad limitada de vacunas sin usar y, por ende, hemos decidido asistir a los equipos médicos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y a varios otros países que han contactado a Israel, con una cantidad simbólica de vacunas”. Cuando dice simbólica es justamente porque se desconocen las cifras, que probablemente sean bajas. Como dato de color, los países que serán “ayudados” por Israel son: Honduras, Guatemala, Hungría y República Checa; cuatro naciones que han prometido (o ya lo han hecho, como Guatemala) mudar sus embajadas o sedes diplomáticas a Jerusalén, como ya hizo EE.UU en 2018. Una “ayuda” de tinte más político que sanitario.

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Así las cosas, el 10 y 11 de marzo continuarán las negociaciones en una nueva reunión del Consejo de los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC. Mientras la propuesta de India y Sudáfrica toma fuerza, el lobby empresarial tampoco descansa. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo seguirá la pulseada por el acceso a las vacunas? ♣♣♣

#PA.