LUC: Un “paquetazo” a la uruguaya

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Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga

El 1º de marzo asume en Uruguay el Frente Multicolor de centroderecha –liderado por el Partido Nacional– después de 15 años del progresista Frente Amplio. Poco después del triunfo de Luis Lacalle Pou en octubre pasado, se conocieron cuáles serán los primeros pasos del nuevo gobierno.

Lo que se presentó meses atrás como un paquete desconocido de medidas ya tomó forma públicamente a fines de enero. Se trata del proyecto de ley denominado “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”, que ingresará al Parlamento el mismísimo 2 de marzo y en carácter de “Ley de Urgente Consideración” (LUC).

El cuerpo de la iniciativa contiene nada más y nada menos que 457 artículos que versan entre los más distantes temas: educación, seguridad, vivienda, regulación financiera, cambios administrativos, etc. Pero además de la variedad, lo curioso radica en la profundidad e importancia de los artículos; mientras varios apartados se ciernen a cuestiones increíblemente pequeñas o que podrían tener otra consideración y no de urgencia, por ejemplo la modificación en el esquema de control de las carnicerías. Otros temas implican la modificación de elementos claves en la forma de entender el Estado, lo público y su injerencia en la sociedad uruguaya. Todo en el mismo paquete, y todo en formato “urgente”.

Como si fuera poco, la “LUC” tiene fecha de vencimiento: el hecho de que sea de urgente consideración establece que el proyecto enviado al Poder Legislativo debe ser tratado (y eventualmente modificado) en un plazo máximo de 90 días y que -de no ser rechazado o que no se apruebe un proyecto alternativo- se aprueba automáticamente el proyecto original.

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Haremos un repaso de algunos de los ejes más cuestionados por las fuerzas de oposición –que pasan a reposar en manos del Frente Amplio y de los sectores de izquierda o progresistas– o al menos que despiertan inquietudes varias.

En materia de educación, por ejemplo, se propone eliminar el artículo 14 de la ley de educación que explícitamente prohíbe suscribir “acuerdo o tratado alguno bilateral o multilateral, con estados u organismos internacionales, que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización”. También se sustituye la expresión “educación pública” por “acción educativa” y se elimina esa segunda palabrita en varios apartados. Como conclusión, se infiere una mayor participación de los entes educativos privados y se abre la puerta a posibles convenios de todo tipo incluso a partir de mecanismos de privatización parcial. Recordemos que en Uruguay, la educación pública es laica, gratuita y obligatoria desde 1876; y que la Universidad de la República, la institución educativa de nivel superior más importante del país fue fundada en 1849.

En materia económica y empresas estatales hay varias novedades: el artículo 192 del anteproyecto propone derogar “el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecido a favor del Estado y gestionado por ANCAP” (el homónimo de YPF para Argentina o Petrobras para Brasil), cuya ley original data de 1931 cuando se crea este ente nacional y el país vivía un fuerte periodo de nacionalización y estatización de servicios. Otro de los artículos prevé que ANCAP pueda constituir una sociedad comercial “con entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado”. Y ésta no es la única empresa estatal que se abriría al mundo privado: en el sector de las telecomunicaciones, la estatal ANTEL comenzaría -según la nueva LUC- a competir con ofertas privadas del servicio, mediante el alquiler de su fibra óptica (hoy en día monopolizada por la empresa estatal ANTEL).

Con el pretexto de la falta de libertad individual, parte del paquetazo de marzo propone también modificaciones en la Ley de Inclusión Financiera, que es la que regula la circulación de los activos y las operaciones comerciales. Dando marcha atrás con algunas modificaciones que intentaban regular el lavado de activos, la nueva ley habilita la utilización de dinero en efectivo para compras de bienes sin importar el monto. Según explica Marcelo Pérez para el semanario uruguayo Brecha, “una de las principales amenazas para Uruguay en materia de lavado de activos es el ingreso de fondos ilícitos”. Con esta nueva normativa, ese riesgo aumentaría por la falta de transparencia en las operaciones. Este anuncio en particular, fue expuesto por el presidente electo Luis Lacalle Pou a mediados de enero en una reunión con representantes de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, una institución que hace rato viene haciendo lobby en ese sentido.

Otro de los cambios sumamente relevantes que hace al territorio y al sector empresarial rural, refiere a la modificación de la ley sobre derechos de propiedad de un inmueble rural. Hasta ahora, sólo pueden ser titulares de predios rurales y de explotaciones agropecuarias personas físicas; elemento que se modificaría con la nueva normativa y pasaría a “corresponder a personas físicas o jurídicas”. Esto supone básicamente la apertura de compra de tierras a sociedades anónimas y entes por el estilo.

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El paquetazo (llamado LUC dentro del paisito) abraza prácticamente a todas las áreas de la vida institucional, política y económica del país. Incluye también una reforma policial, distintas reformas administrativas y la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, para ponerse a tono con las tendencias mundiales.

En materia social y de seguridad, establece un aumento de penas para delitos como violación, se incorpora el concepto de “apariencia delictiva” –una noción tan infame como la de portación de cara–; así como la “presunción de inocencia” para las fuerzas de seguridad, abriendo la puerta a una mayor intervención policial y menores castigos por si se les va la mano. Para situaciones de conflicto social la cosa no está fácil tampoco: se tipifican como ilegítimos los piquetes y se restringe el derecho a huelga.

Esta Ley de Urgencia trae consigo muchos debates, imposibles de saldar en sesiones express del Parlamento, ya que en definitiva ponen en juego los valores y principios democráticos por los que se quiere transitar como sociedad. La nueva fuerza gobernante marca el ritmo y tira sus primeras cartas: una vez resuelto el paquete de casi quinientos artículos, vendrán los debates de paritarias y el ajuste sobre el gasto público, uno de los principales ejes de campaña de Lacalle Pou y el Partido Nacional. 

Habrá que ver cuál será la reacción de la oposición a semejante proyecto y si podrán, saliendo del asombro y asumiendo la confrontación, ponerle un freno. ♣♣♣

#PA, Montevideo, Uruguay.

Domingo 9 de febrero de 2020.
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