En búsqueda de un juicio express para Correa

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Por Lucía Sabini Fraga

Esta fue una semana movidita para Rafael Correa, para la política y para el sistema judicial ecuatoriano en general. El lunes 10 se anunció con bombos y platillos el inicio del segundo juicio al exmandatario por el denominado Caso Sobornos, pero dos días después de iniciadas las audiencias su defensa interpuso un recurso que obligó a que el juicio se suspenda por el momento. Correa está siendo juzgado en ausencia, ya que vive en Bélgica desde que terminó su mandato en el 2017.

El miércoles pasado, la defensa recusó a los jueces del caso al considerar que uno de ellos está en condición de “temporalidad” en el cargo, lo cual le impide tratar asuntos penales. Según explicó el abogado de Correa, Fausto Jarrín a la agencia EFE, la temporalidad afecta a la “inamovilidad”, que “es una garantía de imparcialidad que todo juez debe tener para que su decisiones no se vean motivadas por la necesidad de permanencia” en el cargo. En este caso en particular, esta condición la ostenta uno de los miembros del tribunal: el juez Iván León –presidente del Tribunal– que ocupa su cargo de forma interina.

El tribunal de la Corte Nacional que tenía que estudiar la petición se decidió rápido: dos días después (el pasado viernes) y través de Twitter, formas modernas si las hay, la Fiscalía General del Estado informó que “el Tribunal de la Corte Nacional rechaza la demanda de recusación presentada por Rafael C., a través de su defensa técnica, en contra de los magistrados a cargo del caso Sobornos 2012-2016”.

Ya el jueves, el abogado Jarrín había asegurado en una entrevista que no veía factible que la petición de recusación a los jueces fuese a prosperar porque en Ecuador este tipo de procesos se ven “muy matizados por las circunstancias políticas”. Efectivamente, con esta última decisión, el panel de los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, retomará esta semana sus competencias para conducir la causa.

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El “Caso Sobornos 2012-2016” juzga la presunta financiación del movimiento Alianza País (espacio de centro izquierda fundado en el 2006 por el ex presidente Rafael Correa) de parte de diversas empresas a cambio de contratos gubernamentales.

El escándalo nació en abril del año pasado con una denuncia periodística que menos de una semana después, ya era objeto de una investigación oficial abierta por la Fiscalía. La acusación es contra 11 ex funcionarios (entre los que se encuentra Rafael Correa y su ex vicepresidente Jorge Glas, preso actualmente por otra causa) y 10 empresarios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.

La rapidez en la apertura de la causa trajo ciertas suspicacias, que Correa no dudó en tildar de “persecución política”. Con increíbles similaridades a otros procesos judiciales dirigidos a otros ex presidentes de la región; según la denuncia que presentó la fiscalía, entre los años 2012 y 2016, un grupo de funcionarios del ex presidente mantenía un sistema de financiación paralela para aumentar las arcas del partido oficialista, en base a la recolección de aportes clandestinos de empresarios que tenían contratos con el Estado.

En un contexto de irritación social (recordemos las masivas movilizaciones de octubre pasado en contra de los acuerdos del actual presidente Lenin Moreno con el FMI) tanto el ex presidente como sus abogados, entienden esta avanzada judicial como un intento de frenar la posible candidatura de Correa para el año 2021, próximas elecciones presidenciales. La guerra abierta entre Correa y su sucesor es ya conocida; no son pocos lo que consideran que el gobierno de Moreno “traicionó” los principios del espacio que lo llevó como ganador.

Para el abogado Jarrín se trata entonces de una acción deliberada dado que, según explicó a la agencia EFE, el proceso debería terminar lo antes posible para impedir la inscripción de Correa como candidato, lo que le concedería inmunidad. Para ello, se necesita una “sentencia ejecutoria previo a la candidatura” (es decir sentencia firme y no de “primera instancia”); todo antes 7 de octubre próximo, fecha de cierre para la inscripción de candidatos de cara al 2021.

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Por su parte, Lenin Moreno no le hace honor a su nombre y se muestra cada vez más aliado a EEUU y su política exterior. Por estos días, el presidente ecuatoriano se encuentra en una visita oficial al país del norte en donde se reunió con nada más y nada menos que su presidente, Donald Trump, para reactivar las relaciones bilaterales. Marcando distancia con su antecesor, Moreno es el primer presidente de Ecuador que visita la Casa Blanca en 17 años – sobre todo en comparación al enfriamiento que sufrió el vínculo entre ambos países durante la presidencia de Rafael Correa durante los diez años que gobernó (2007-2017). Tras el encuentro de los presidentes el día miércoles, Trump expresó su voluntad de avanzar hacia un acuerdo comercial con Ecuador inspirado en el T-MEC de Norteamérica, y ofreció ayuda al país andino para combatir a “los narcos”, según informaron distintos medios.

Entusiasmado con la visita, al día siguiente Moreno ofreció una charla en el Atlantic Council en la ciudad de Washington, sobre sus prioridades políticas y económicas, mientras que su canciller José Valencia –quien lo acompaño en la gira– opinó sobre la democracia en América Latina durante una rueda de prensa en esa misma ciudad. El canciller aprovechó para defender y reafirmar el apoyo de su país a la candidatura del cuestionado Luis Almagro a la reelección de la secretaría general de la OEA y no a la postulante ecuatoriana María Fernanda Espinosa, ex ministra de Relaciones Exteriores y ex presidenta de la Asamblea General de la ONU. También recordó que ese apoyo se mantiene desde el año pasado, antes del anuncio de Espinosa, como para despejar dudas por si alguien hubiese pensado otra cosa. ♣♣♣

#PA.

Domingo 16 de febrero de 2020.
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