Déjà vu Latinoamericano

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Por Fiorella Del Piano

Con los recientes hechos ocurridos en el continente Latinoamericano, resulta casi imposible ignorar el avance de la militarización en la región. La llegada al poder de distintos gobiernos de derecha (o centroderecha), volvió a permitir que las Fuerzas Armadas tuvieran un lugar protagónico en la historia.

La intervención militar en Río de Janeiro, la propuesta de crear una Guardia Nacional en México, la eximición de responsabilidades a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en las diversas represiones que hubo (y hay) en el gobierno de facto de Bolivia, son algunos ejemplos que demuestran que los uniformados no dejaron de ser un factor de poder.

Durante los últimos años en el continente, hemos visto que las políticas de seguridad se basaron en alimentar el endurecimiento de la respuesta estatal frente a fenómenos diversos, entre ellos, problemas sociales que no están relacionados con dinámicas delictivas. Para justificar este accionar, el argumento que se esgrime (la mayoría de las veces) es la existencia de nuevas amenazas, entre ellas el narcotráfico y delitos, varios. Es decir, según esta mirada, las Fuerzas Armadas latinoamericanas deberían ser utilizadas para la protección de la seguridad interna.

En 2018, en una audiencia a la que calificaron como histórica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido sobre el avance de la militarización en América Latina. En esa oportunidad, los integrantes de la CIDH señalaron que dicha tendencia en la seguridad pública genera un “crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos” y advirtieron sobre “el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región”.

En los países del continente, según la CIDH, la militarización aumenta los niveles de violencia y genera violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ocupación de barrios pobres y torturas, son algunas de las cuestiones que vuelven a aparecer en escena.

De acuerdo a un estudio elaborado por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la Doctrina de las nuevas amenazas hace peligrar la delimitación entre seguridad interna y defensa nacional en los países de América Latina y el Caribe con impactos políticos y sociales negativos.

Según ese informe la militarización de la seguridad interna sirve como “una coartada para evitar las reformas de fondo que requieren las policías de la región” y que a la vez trae “una expansión de la presencia militar en el sistema político y en la sociedad”.

Entre otros impactos negativos de este paradigma señalan el aumento masivo de detenciones y encarcelaciones en todos los países de la región. Brasil registra el mayor incremento con un 250% entre 1992 y 2014 en tanto que Argentina posee un 163% entre 1996 y 2016.

Las operaciones militares en las favelas de Brasil ya se han hecho frecuentes, y actualmente el Ejército brasileño está a cargo de la fuerza policiaca de Río de Janeiro.

Argentina también hizo lo suyo, el 24 de julio del año pasado, el presidente Mauricio Macri anunció una reforma a las Fuerzas Armadas. En ese momento, justificaron que los cambios se debían a la necesidad de modernizar el ejército para atender los desafíos actuales que casualmente, eran las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, pero también permitirán la intervención militar en la seguridad interna.

El gobierno de Cambiemos no sólo debilitó al país por el descomunal endeudamiento externo con el préstamo Stand-By del FMI y sus condicionamientos. Sino que también al desarticular la UNASUR, motivó a la restauración de la OEA como ámbito multilateral de la región.

Para desgracia de algunos, el próximo 10 de diciembre asumirá un gobierno que ante la inestabilidad regional comenzó a delinear un plan preventivo para evitar una posible desestabilización militar en el país.

El accionar de las fuerzas de seguridad en Latinoamérica vuelve a estar en boca de todos, trayendo a la memoria aquellos recuerdos de tiempos oscuros, en que las dictaduras tumbaban Gobiernos democráticos para instaurar un poder de facto.

La tendencia a la (re)militarización se constata ─en distintos grados─ en el grueso de la región. Un ejemplo de esto fueron Ecuador, Chile y Bolivia donde en las calles hubo un uso indiscriminado de las fuerzas para reprimir protestas, y criminalizar a la sociedad civil.

En este escenario, el Grupo de Puebla está llamado a tener un rol clave en defensa de nuestras frágiles democracias. La desestabilización en la región no se agota y el avance de la militarización es cada vez más apresurado. Parafraseando al gran Eduardo Galeano las venas de América Latina siguen abiertas.

#PA

Domingo 1 de diciembre de 2019.
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