Violencia y muerte en Colombia por protestas contra la Policía

Violencia y muerte en Colombia por protestas contra la Policía

Por Jaime Ortega Carrascal


La Policía colombiana vive sus horas más bajas por una pérdida de confianza de la ciudadanía que se agrava día tras día y que, tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, sometido con brutalidad por dos agentes durante un arresto en Bogotá, pone sobre la mesa la necesidad de reformar la institución. La cifra de muertos durante las violentas jornadas de protesta ya ascendió a ocho en todo el país.

Para complicar el panorama de este centenario cuerpo, que en noviembre cumplirá 129 años de creado, la muerte de Ordóñez, de 46 años, desencadenó una ola de protestas en Bogotá y otras ciudades del país que dejó ya ocho muertos y las miradas se han vuelto sobre los policías que repelieron el vandalismo porque las primeras versiones indican que las víctimas recibieron balazos.

“Desde la Defensoría solicitamos revisar los procedimientos de la Policía con el fin de que no se repitan situaciones como las que se presentaron en las últimas horas en Bogotá. Lamento la pérdida de más vidas y me solidarizo con las familias de las víctimas”, manifestó hoy el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La función de la Policía Nacional es “el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz fundamentada en el código de ética policial”.

Sin embargo, no son pocas las denuncias ciudadanas de excesos por parte de policías, bien sea por abusos de autoridad o por corrupción, principalmente cuando ejercen la función de agentes de tráfico.

En el otro extremo, son abundantes las quejas por demoras u omisión a la hora de atender emergencias como atracos, robos e incluso riñas y se ha vuelto común escuchar que “la Policía no hace nada”.

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Las “manzanas podridas”

En Colombia, a diferencia de otros países, la Policía Nacional no depende del Ministerio del Interior sino del de Defensa, y a pesar de ser un cuerpo civil armado ha tomado parte como un ejército regular en la lucha contra los grupos guerrilleros y las bandas de narcotraficantes, por lo que también ha puesto una enorme cuota de sacrificio y pérdida de vidas en el conflicto interno.

La contribución de la Policía a la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público es innegable y quizás por eso los diferentes Gobiernos han mirado para otro lado cuando se revelan abusos por parte de sus integrantes, con el argumento de que se trata de “manzanas podridas”, también incorporado al discurso de la actual Administración.

“Hacemos un llamado para que deje de estigmatizarse a la institución policial, que es querida por los colombianos, tratando injuriosamente de señalar a todos sus miembros de conductas cometidas por algunos de ellos”, pidió hoy el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al referirse al vandalismo de anoche que destruyó instalaciones policiales en Bogotá y otras ciudades.

Sin embargo, los hechos que hoy sacuden a Colombia y que comenzaron con la brutal detención de Javier Ordóñez no parecen ser un caso aislado, cometido por dos policías que perdieron el control de sí mismos hasta llevar a la muerte al abogado, sino un indicio de que algo no está bien en el “árbol de manzanas”.

El rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud en el anterior Gobierno, de Juan Manuel Santos, considera que parte de la culpa de la situación actual se debe al nuevo “Código de Policía y Convivencia Ciudadana”, aprobado en 2016 y considerado “arbitrario” por organizaciones sociales porque convierte en infracciones o delitos actividades como las ventas en el espacio público o el consumo de licor en la calle.

Amparados en el nuevo código, policías multaron el año pasado en Bogotá con un salario mínimo (unos 294 dólares) a un estudiante por comprar una empanada en la calle a una mujer que se ganaba la vida como vendedora ambulante, y a una estudiante universitaria de artes le impusieron una sanción similar por llevar entre sus útiles un bisturí y un cuchillo de cocina.

“Poco a poco, de manera casi insidiosa, con un nuevo Código de Policía intrusivo, con un nuevo discurso prohibicionista y con unas normas autoritarias (sin evidencia) para combatir la pandemia, se fue poniendo a la policía en contra de la gente”, expresó Gaviria en su cuenta de Twitter.

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Sociedad desconfiada

El distanciamiento de la gente lo confirma una encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, según la cual en el segundo semestre de 2019 solo el 18 % de los consultados en la capital colombiana calificó como bueno el servicio policial, casi la mitad del 35 % que lo aprobaba en la segunda mitad de 2008.

A esas fallas se suman los atentados contra la vida de los ciudadanos, como el caso del joven Diego Felipe Becerra, de 16 años, asesinado el 19 de agosto del 2011 por un policía cuando pintaba grafitis con unos amigos en una avenida de Bogotá.

Otro caso es el del bachiller Dilan Cruz, que murió en una clínica de Bogotá el 25 de noviembre pasado, dos días después de ser herido en la cabeza por un disparo de perdigones de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando participaba en una protesta social.

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Hora de cambiar

La violencia de esta semana llevó a diferentes sectores, encabezados por la alcaldesa bogotana, Claudia López, a plantear una reforma de la Policía, sus métodos y armas de dotación.

“Señor presidente, usted es el comandante en jefe de la Policía, ordénele a la policía que no use armas de fuego en protestas sociales ni en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia”, manifestó hoy López, quien añadió que la gente ha perdido la confianza en esa institución: “Si ya estaba quebrantada esa confianza, anoche ya quedó rota”.

Para avanzar en una eventual reforma, la alcaldesa ha escuchado propuestas de expertos como el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, quien considera que, en primer lugar, “las autoridades deben garantizar una investigación pronta, seria y creíble” de las violaciones de los derechos humanos y capacitar mejor a los policías.

“Es importante examinar estas capacitaciones y buscar formas de fortalecerlas para asegurar que los policías estén debidamente entrenados para utilizar la fuerza cuando eso es pertinente y no hay otras opciones”, dijo.

Vivanco explicó que cuando habla de capacitación no se refiere “a la memorización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos” sino “al entrenamiento, a mecanismos de control disciplinario interno suficientemente eficaces” porque “sin ello difícilmente esto va a mejorar”. ♣♣♣

#PA. EFE, Bogotá.

viernes 11 de septiembre de 2020.