La familia Villalba logró el refugio político en Argentina

La familia Villalba logró el refugio político en Argentina

Por Lucia Sabini Fraga

El lunes 22 de febrero fue notificada la Asociación La Gremial, el espacio de abogadas y abogados que viene trabajando con el caso de la familia Villalba, acerca de la aprobación por parte del estado argentino de la condición de refugiadas políticos a varios miembros de esa familia y la pronta resolución en ese sentido, de dos personas más.

El comunicado posterior, expresa la alegría luego de meses de lucha por la visibilización y el acompañamiento del caso en todos los capítulos de esta historia, que incluyó: el secuestro y ejecución de Lilian y Mary Carmen en septiembre del 2020, el fusilamiento de los tres militantes del Ejercito Popular del Pueblo (EPP), la detención de Laura Villalba y por último la desaparición de Lichita -estos tres eventos todos durante el mes de noviembre de 2020-, en tierra paraguayas. 

Según la resolución de la CoNaRe (Comisión Nacional para los Refugiados) de Argentina, con fecha del 18 de febrero de 2021, se le informó a Myriam Villalba que su solicitud de refugio político, tanto como la de su madre, una de sus hermanas y tres menores de edad, habían sido aprobadas. La Gremial expresó un profundo agradecimiento no solo por la resolución, sino a todas las organizaciones argentinas e internacionales de Derechos Humanos que colaboraron en este difícil tránsito: para que sea concedido ese estatus, se requiere la intervención de varios ministerios del estado argentino, así como del Alto Comisionado para los refugiados.

En su carta también realizan un repaso de la situación puntual de la familia Villalba y el EPP, y su acompañamiento histórico: “Hace muchos años que la Gremial dio una mano para sacar de la zona de conflicto armado a muchos niños hijos de militantes del EPP con sus madres. Algunas compañeras vinieron embarazadas, escapando en algunos casos de una muerte segura. Se establecieron en Puerto Rico, Misiones y ahí los niños fueron creciendo, estudiando e integrándose. Sus madres estudiaron, como Laura que es enfermera” refiere el comunicado.

“Pero a partir de las tragedias y matanzas que mencionamos, la inteligencia militar paraguaya (asesorada por yankis, israelíes y colombianos) puso sus miras reales y judiciales en esos niños y sus madres. Fueron denunciados y reclamados en extradición. Hubo que sacarlos de Misiones donde estaban a metros del Paraguay, y traerlos para Bs As. Con los drones de la inteligencia militar sobrevolando siempre su casa.” Ahora finalmente, para estas mujeres y niñas, se asoma otro destino posible.  

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Reacción paraguaya

La reacción del gobierno paraguayo no se hizo esperar: bajo la nueva situación judicial de las Villalba, el estado vecino no puede pedir la extradición. Este miércoles, según informaron diarios locales paraguayos, la cancillería de ese país pidió informes a su par argentino por el otorgamiento del refugio político. Según detallan, las solicitantes no deberían acceder a ese estatus por no estar acusadas ni ser requeridas por la justicia paraguaya.

Al ser consultado en una entrevista telefónica el pasado jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Euclides Acevedo, se refirió a la decisión del gobierno argentino, no muy satisfecho: “Lamentablemente esta situación bastardea el derecho al refugio que es un derecho internacional importantísimo, porque, ¿cómo le vas a dar refugio a alguien que no está perseguido, a alguien que no está imputado? Por lo tanto, es un otorgamiento despropositado” exclamó. El ministro, que se mostró consternado, dije que todavía no fueron informados oficialmente de la medida.

“El Paraguay es un país que ha suscrito todos los derechos internacionales de cara a los derechos humanos, es un estado de derecho vigente; por lo tanto, nosotros creemos por ahora incomprensible el refugio otorgado” subrayó. Sin embargo, la evidencia de cinco víctimas fatales (entre ellas dos menores de edad) y una niña desaparecida, no parecen decir lo mismo.

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“Violencia de impacto social”

De cara a la situación político social, los organismos de DD.HH viene alertando sobre la violencia desatada en el país vecino. Si bien las mediciones lejos están de lo que sucede en países como Colombia o México, el pasado viernes la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) dio a conocer su informe en base al reporteo de 31 observadores, que recorrieron los últimos cuatro días de febrero (del 22 al 26) los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.

En sus conclusiones, alertan una “violencia de alto impacto social” en la zona norte del país, en los tres departamentos mencionados; territorio que se encuentra disputado actualmente por grupos criminales armados ligados al narcotráfico, la militarización del Estado cada vez más activa, y también espacio donde opera la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Según informa el medio digital paraguayo El Surtidor, los territorios de frontera se han convertido en territorios de guerra. Mientras que Paraguay tiene una de las 5 tasas más bajas de homicidios de la región; en la frontera con Brasil, es una de las más altas del mundo. Según explican, llega “al nivel de Honduras, el país con la mayor tasa de homicidios del planeta.”

Durante la presentación del informe, el secretario ejecutivo de Codehupy –Óscar Ayala– expuso que la situación de violencia ha ido “permaneciendo en el tiempo”, con una “alta vulnerabilidad en ciudades como Concepción y Horqueta”. Respecto a los secuestros perpetuados por el EPP, Ayala aseguró que “los fenómenos criminales asociados a la perpetración de los secuestros dejaron de ser hechos aislados, sino que por el contrario tienen un carácter sistemático en el departamento”.

Otra de las aristas del informe la dio Myrian González, la directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE) quien también formó parte de la elaboración del mismo. Enfatizó acerca de la dificultad para recabar los datos y el miedo que sufre la población local: “Existe un clima de terror por el miedo a ser imputados arbitrariamente y ser acusados de ser simpatizantes o apoyos logísticos de grupos armados ilegales”, explicó. En los hechos, esto redunda en la criminalización y estigmatización de cualquier actividad política para las organizaciones sociales o espacios civiles de activismo, particularmente de la lucha campesina por la tierra.

En relación a ello, otro de los puntos tratados refiere a los desalojos forzosos de campesinos e indígenas por la obtención de territorio. Codehupy denunció la existencia de “inversiones vinculadas a empresas extractivas” que provocan “impacto social y ambiental de bastante riesgo para la población”, combinado con procesos de desvincularización de la tierra por parte de sus moradores, quienes viven de ella y su producción. Como resultado, Ayala explicó que este proceso “agudiza la situación de desigualdad social y económica”, y recordó que los desalojos forzosos son “una práctica prohibida por el derecho internacional” que atentan contra “la obligación del Estado de garantizar los derechos de las personas”.

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Respuesta estatal: mayor militarización del territorio

La respuesta de los gobiernos colorados, como el actual de Mario Abdo Benítez y como también lo fue con Horacio Cartes (2013-2018), ha sido el de reforzar el aparato y la presencia militar en el territorio, situación que no ha dado buenos resultados en términos de pacificación, sino más bien lo contrario.

Justamente, en un informe desarrollado por la CELAG que analiza la relación entre EE.UU y América Latina durante los cuatro años del gobierno de Donald Trump, puntualiza que “Paraguay puede ser considerado como el epicentro de la militarización estadounidense en el Cono Sur. La presencia militar de EE.UU. (directa o vía militares colombianos) se incrementa a partir del contexto post 11Sp el que fortalece la hipótesis de existencia de células terroristas “dormidas” de origen islámico y las FARC en la Triple Frontera. A partir del 2008 se agrega la “amenaza” de un nuevo grupo catalogado como terrorismo interno, el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), que actuaría en la zona norte del país.”

Gracias a ello, la inversión económica en las áreas denominadas de “seguridad” vienen aumentando fuertemente en los últimos años: según informa el portal de datos económicos DatosMacro, “el gasto público en defensa en Paraguay creció 19,6 millones en 2019, es decir un 0,67%, hasta 336 millones de euros, con lo que representó el 5,31% del gasto público total.” Respecto al año anterior, esa cifra representó una subida -en relación al PBI nacional- del 0,93% al 0,99%.

Para la Codehupy, a su vez, la utilización de las Fuerzas Militares para resolver las cuestiones de seguridad interna “tiene impactos fuertemente negativos” y consideran pertinente abocarse a la “doctrina policial”, al considerar que trata de “una tarea propia de la Policía Nacional”. ♣♣♣

#PA.