Ni Evo ni nadie

Ni Evo ni nadie

Por Lu­cía Sa­bi­ni Fra­ga


Las elecciones presidenciales en Bolivia luego del golpe de Estado en noviembre, todavía son una incógnita. Si bien la mandataria interina Jeanine Añez, confirmó la fecha -ya pospuesta varias veces- para el 6 de septiembre próximo, los candidatos de la oposición masista no la tienen nada fácil.

Este lunes, representantes de las alianzas Juntos, Libre 21 y Creemos presentaron formalmente ante el órgano electoral de Bolivia, denuncias contra el candidato del MAS (Movimiento Al Socialismo), Luis Arce, al que acusan de haber comentado datos de una encuesta durante un programa de televisión el pasado 14 de julio. Según el artículo 136 de la Ley 26 del Régimen Electoral 2010, se establece la prohibición a las organizaciones política de difundir estudios de opinión.

Tras este suceso, los denunciantes piden nada más ni nada menos que se inhabilite toda la candidatura del MAS, dejando a este partido sin personería jurídica; un gesto al borde del ridículo.

Por su parte, el partido opositor expresó ante la opinión pública boliviana y a la comunidad internacional, que existe un “nuevo intento de proscribir al partido representativo del movimiento campesino indígena, de los trabajadores y sectores populares.” En el comunicado, señalan que durante la entrevista, el candidato a presidente Luis Arce respondió generalidades y no difundió ningún estudio de opinión.

La declaración también señala la existencia de encuestas publicadas por otros sectores políticos a los que, casualmente, el Tribunal Supremo Electoral no les realizó ninguna observación. Dos de ellos son los estudios encomendados por el candidato a vicepresidente de “Juntos” Samuel Doria Medina en junio de 2020, y el de Roxana Lizárraga de “Creemos” en febrero de 2020; dos de las fuerzas ahora denunciantes.

El ex presidente Evo Morales, quién continúa asilado en la ciudad de Buenos Aires y ya fue proscripto en febrero de este año por ese mismo Tribunal, tuiteó también al respecto: “No podrán restar la voluntad del pueblo que apoya a @LuchoXBolivia pese a la campaña política, judicial y mediática de la derecha en su contra desde que el MAS-IPSP, el movimiento político más grande de la historia de #Bolivia, lo designó como candidato a presidente.”

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Tanto el MAS como Evo Morales vienen denunciando distintos artilugios políticos y jurídicos de las fuerzas oficialistas para evitar que el gobierno quede en manos nuevamente de la fuerza que lideró el país andino por 13 años. El lunes 6 de junio, por ejemplo, la fiscalía de Bolivia imputó y pidió la detención del ex presidente Evo Morales por “Terrorismo y sedición”.

En las próximas elecciones, Bolivia deberá elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores; y por ahora, el partido que fue violentamente expulsado del poder tras las elecciones de octubre del 2019, tiene mejores chances que sus competidores. En marzo, Arce lideraba las encuestas frente a las ocho candidaturas existentes: allí compiten entre otros, el ex presidente boliviano Carlos Mesa (Alianza Comunidad Ciudadana), la presidenta interina del país, Jeanine Áñez (por la agrupación Juntos), otro ex presidente, Jorge Quiroga (de la fuerza Libre 21) y el fanático religioso Luis Fernando Camacho (de Creemos), quien cayó fuertemente en las encuestas pese a sus primeros picos de popularidad tras el golpe.

Arce tiene el desafío de evitar una segunda vuelta, por lo que deberá sacar más del 50% de los votos o conseguir una diferencia mayor del 10% respecto del segundo candidato (teniendo al menos un 40% del electorado a su favor); ya que –como la ley boliviana lo establece- en cualquiera de esos dos casos evitaría el balotaje.

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Favor con favor se paga

Este lunes, el gobierno transitorio de Añez formalizó por decreto, ascensos a generales y contralmirantes en las Fuerzas Armadas con un acto en el Gran Cuartel de Miraflores en La Paz, pese a la negativa del Legislativo (cuya mayoría parlamentaria forma parte del MAS), y a pesar del estado de excepción sanitario que rige por el Coronavirus.

Jeanine Áñez, quien observó el acto por pantalla gigante desde la residencia presidencial debido a la cuarentena obligatoria que le rige por estar en recuperación del COVID-19, dio un discurso y expresó palabras alusivas. En su oratoria, resaltó que la institución jugó “un papel decisivo en la reconquista de la democracia y en la pacificación de Bolivia el año pasado”, haciendo alusión a la intromisión militar hacia el poder ejecutivo y el pedido de renuncia al entonces presidente.

De hecho, “la pacificación” del país tuvo números nada pacíficos: 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados, fueron el triste saldo de la crisis política desatada a fines de octubre, y con los picos de mayor violencia institucional en las llamadas masacre de Senkata y Sacaba (en esas mismas localidades) durante el mes de noviembre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (perteneciente al MAS) consideró que la decisión de ascender a los oficiales mediante un decreto es inconstitucional y una muestra de que “los favores que se hicieron en un principio se tienen que pagar”. ♣♣♣

#PA.

miércoles 22 de julio de 2020