La desmesura de Pfizer con los países latinoamericanos

La desmesura de Pfizer con los países latinoamericanos

Por Adrián Machado


Activos soberanos como garantía para llegar a un acuerdo por la vacuna, indemnizaciones aun cuando la negligencia sea propia y eximición de responsabilidades, todos ingredientes que estuvieron en el menú de negociación entre el gigante farmacéutico y los países de la región.

The Bureau of Investigative Journalism -organismo con sede en Londres- y el portal Ojo Público -medio de investigación peruano- relevaron los vaivenes sucedidos en las diferentes negociaciones entabladas por la Big Pharma y los Estados latinoamericanos. Edificios de embajadas y bases militares se encuentran entre los activos soberanos solicitados por Pfizer como seguro en caso de algún futuro litigio.

Para un país de la región las demandas del gigante farmacéutico dilataron tres meses el acuerdo de compra de esa vacuna.  En el caso de Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo nacional. En el caso de Perú, la empresa exigió durante la negociación incluir cláusulas que aligeraban la responsabilidad corporativa ante posibles efectos adversos producidos por su vacuna.

Las negociaciones, con mayor o menor hermetismo, se llevaron bajo confidencialidad -firmada- en el marco de escasez y desigual distribución de vacunas. El Bureau of Investigative Journalism relevó declaraciones de funcionarios argentinos y de otro país latinoamericano que han firmado acuerdos de confidencialidad con Pfizer en las que revelaron que desde la compañía exigieron inmunidad adicional contra cualquier reclamo civil realizado por ciudadanos que pudieran experimentar efectos adversos después de ser vacunados. Específicamente, en Brasil y Argentina, la farmacéutica pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.

En Perú, reseña Ojo Público, Pfizer solicitó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, implementar todas las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones del proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. El ministro de Relaciones Exteriores consideró excesivos dichos requerimientos y señaló que las condiciones impuestas por ese laboratorio eran distintas a las de otros fabricantes de vacunas.

Fuentes no reveladas, debido a acuerdos de confidencialidad, describieron las demandas de la empresa estadounidense como “intimidación de alto nivel” y “chantaje” para poder acceder a un bien escaso.

Estas imposiciones se tornan de suma importancia en un panorama que exhibe una profunda desigualdad en el acceso a las dosis para combatir al coronavirus: si esta dinámica continúa, la negativa de los países de la OMC ha liberar los derechos de propiedad intelectual para que otros productores puedan fabricar vacunas es un ejemplo en ese sentido, el tiempo de diferencia de inmunización entre países ricos y pobres se medirá en años. Los planteos como los de Pfizer aprovechan una extrema necesidad sanitaria -vidas-, social -recuperar cierta “normalidad- y económica -el derrumbe provocado por la irrupción del coronavirus fue más fuerte en los países pobres- y encuentran Estados de países de ingresos bajos y medios en condiciones de debilidad para negociar.

En América Latina y el Caribe Pfizer ha cerrados acuerdos con nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sin embargo, se desconocen los términos de los contratos. En declaraciones al Bureau of Investigative Journalism, desde la empresa afirmaron que “a nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con COVAX para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021. Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo”, aunque no brindaron detalles sobre las negociaciones privadas en curso.

Es menester mencionar que la mayoría de los países ofrecen inmunidad a todos los fabricantes de las vacunas que compran, si sus ciudadanos sufren algún evento adverso pos vacunación y reclaman exitosamente en sede judicial, el gobierno y no la empresa pagaría la compensación dictaminada. Este es el costo que los gobiernos han decidido pagar ante la devastación causada por la pandemia.

No obstante, las condiciones de Pfizer iban más allá de las de la mayoría de los productores de vacunas del mundo y de COVAX -una organización creada para permitir a los países pobres acceder a vacunas y que también exige la otorgación de inmunidad a los fabricantes-: más abogados, reformas legislativas para aprobar las exenciones requeridas. La empresa solicitó inmunidad extra en los procesos civiles, es decir, no sería responsable de efectos adversos extraños ocasionados por su vacuna, ni de sus actos negligentes, fraudulentos o maliciosos. Por ejemplo, si enviara alguna vacuna incorrecta o se demostrara algún error en el proceso de fabricación de la misma.

El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de Derecho sanitario mundial en la Universidad de Keele, afirmó ante la requisitoria del equipo de investigación que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y ahora quieren que los posibles costos de los efectos adversos recaigan sobre los gobiernos, que incluye a países de ingresos bajos y medios. Win-Win.

El profesor Eccleston-Turner sugiere que Pfizer “está tratando de obtener el máximo beneficio y minimizar su riesgo en cada situación crítica con el desarrollo de esta vacuna, y luego con su lanzamiento. Ahora bien, el desarrollo de la vacuna ya ha sido subvencionado generosamente; es así que el riesgo para el fabricante es mínimo”.

La farmacéutica estadounidense está asociada a la empresa alemana de biotecnología BioNTech, que recibió US$ 455millones de su gobierno para el desarrollo de la vacuna. El gobierno de los Estados Unidos hizo un pedido anticipado en julio por 100 millones de dosis valuadas en casi US$ 2.000 millones, incluso antes que el desarrollo entrase en fase tres de ensayos clínicos. Pfizer planea vender vacunas por US$ 15.000 millones este año.

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Argentina

Pfizer pidió que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil. Aunque esto nunca se había hecho antes, el Congreso aprobó una nueva ley en octubre que lo permitía. Sin embargo, la compañía no estaba contenta con la redacción de la legislación, según el gobierno. Argentina creía que Pfizer debía ser responsable de cualquier acto de negligencia o malicia, lo cual no fue compartido por la empresa.

El gobierno ofreció enmendar la ley para dejar claro que “negligencia” significaba problemas en la distribución y entrega de las vacunas. Pero Pfizer seguía sin estar satisfecha y exigió que el presidente modificara la legislación a través de un decreto, lo cual fue rechazado por Alberto Fernández.

Las exigencias farmacéuticas iban in crescendo: el país tenía que contratar un seguro internacional para pagar posibles casos legales futuros contra la empresa -mismo requisito exigido durante el brote del virus H1N1-. Y, sobre el final de 2020, Pfizer exigió que el gobierno accediera a poner sus activos soberanos -las reservas del BCRA, edificios públicos o bases militares, por ejemplo- como garantía.

Las exigencias fueron dirigidas en el mismo sentido al ministerio de Salud brasileño; inmunidad y activos soberanos como garantía, creación de un fondo de garantía con dinero depositado en una cuenta bancaria en el extranjero. El ministro del área calificó a dichas condiciones como “abusivas”.

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Perú

La negociación en el país incaico fue desde agosto de 2020 hasta su aprobación en diciembre del mismo año. En el octavo mes de 2020 el gobierno peruano firmó un acuerdo de confidencialidad. Al mes siguiente, un “pliego de condiciones vinculantes”, que establecía la compra de casi 10 millones de dosis por US$ 118,8 millones. Doce dólares por dosis, veinticuatro por la vacuna completa. Aunque, en ese entonces, Perú no contaba con un marco regulatorio que le permitiera comprar medicamentos en desarrollo.

Este marco se aprobó en diciembre de 2020, al mismo tiempo que el presidente Francisco Sagasti emitía un decreto supremo que afirmaba el compromiso del país a someterse a arbitrajes internacionales ante cualquier controversia que surgiera en los contratos para la compra de vacunas. La norma también precisó que Perú renunciaba “a la inmunidad soberana del Estado para la ejecución de una decisión arbitral”.

Según explicó el abogado especialista en arbitrajes internacionales Eduardo Iñiguez ante el Bureau of Investigative Journalism el decreto confirma que el Estado peruano está de acuerdo con que otras jurisdicciones ejecuten un laudo de un tribunal arbitral, ante una controversia. “Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad”, explicó Iñiguez.

Las conversaciones con Pfizer fueron retomadas el 10 de enero, y se plantearon alternativas para superar dichos obstáculos. En febrero, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del ministerio de Salud otorgó registro sanitario condicional a la vacuna de Pfizer, con lo que se le permite su importación y distribución en el país. El 4 de febrero, finalmente, el gobierno peruano concretó el acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis de vacunas, el doble de lo que inicialmente se había conversado.

Desde el pliego de condiciones vinculantes entre Pfizer y el ministerio de Salud, el gobierno aceptó asumir todos los gastos de posibles demandas en cualquier parte; transporte; distribución; o productos relacionados a la vacuna.

Los detalles del contrato, sin embargo, no se volvieron a mencionar. Pfizer dijo al Bureau: “Pfizer y BioNTech están firmemente comprometidos a trabajar con los gobiernos y otras partes interesadas para garantizar un acceso equitativo y asequible a nuestra vacuna contra la Covid-19 para las personas de todo el mundo”.

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El caso de Pfizer es el más gráfico en cuanto a la relación de vacunas y Estados de ingresos bajos o medios, pero no el único. La dinámica de la vacuna contra el Covid-19 en el mundo es un preciso ejemplo del estado de las relaciones de fuerzas globales. ♣♣♣

#PA.