Haití: corrupción, intervencionismo y violencia

Haití: corrupción, intervencionismo y violencia

Por Lucía Sabini Fraga


¿Cómo entender el enésimo conflicto en el segundo país del continente americano en haber declarado su independencia? ¿Qué particularidad traen estas nuevas manifestaciones en medio de la pandemia? Las fuerzas internacionales: ¿misiones de paz o de ocupación? Para intentar develar estos interrogantes, entre otros, conversamos con el sociólogo Lautaro Rivara, ex brigadista internacional en Haití.

Las últimas noticias que leemos o escuchamos sobre Haití -país caribeño olvidado para la agenda mediática, incluso dentro de Latinoamérica– fueron acerca de las manifestaciones de miles de ciudadanos exigiendo la renuncia del actual presidente Jovenel Moïse, por querer perpetuarse en el poder una vez terminado su mandato el 7 de febrero pasado. Sin embargo, también es conocida la continua inestabilidad política en la isla, las crisis humanitarias recurrentes y las distintas “misiones” internacionales que han llevado más problemas que soluciones. Para entender mejor el panorama actual y sus causas, desde #PUENTEAREO hablamos con Lautaro Rivara, sociólogo, periodista y ex brigadista internacional en Haití.

***

Puente Aéreo: Durante todo el verano se vieron distintos levantamientos en contra del gobierno actual de Haití, presidido por Jovenel Moïse. ¿A qué se debe este descontento popular?

Lautaro Rivara: El rechazo de la sociedad haitiana al gobierno -hoy de facto- de Jovenel Moïse tiene varias causas: algunas de larga data y otras más recientes. En primer lugar, hay que mencionar el efecto devastador de la aplicación de las recetas neoliberales en Haití desde mediados de la década del 80, de la mano de las políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del FMI: liberalización comercial y financiera, privatización de empresas públicas, estímulo a la importación de productos que históricamente fueron producidos en el país, ruina agrícola, etc. Estas políticas arrastraron al país a un umbral de pobreza pocas veces visto, dejando tras de sí una sociedad desigual y fragmentada con datos preocupantes en casi todos los índices sociales y económicos. En particular, bajo el gobierno de Moïse y su partido el PHTK, estas políticas se han profundizado, sumando algunos nuevos ingredientes a este cóctel explosivo: un decrecimiento permanente de la economía, déficit comercial y fiscal, una devaluación permanente de la moneda nacional y lo que para la media del país constituye una altísima inflación de alrededor del 20 por ciento anual. La gota que derramó el vaso fue, el 6 de julio del 2018, la eliminación del subsidio a los combustibles, que implicaba de hecho aumentos de hasta el 51 por ciento en naftas y querosene.

A estas políticas excluyentes hay que sumar numerosos y reconocidos casos de corrupción pública. El más notorio de todos ellos fue el desfalco de al menos 2.000 millones de dólares de los 3.800 millones conseguidos por el país en el marco de los beneficios de su participación en la plataforma de cooperación energética Petrocaribe, una iniciativa impulsada por Hugo Chávez Frías en el año 2005 que ofrece combustible barato con condiciones de pago muy ventajosas que permite a los Estados suscritos conseguir liquidez para inyectar en el desarrollo de estructuras energéticas y programas sociales. Este no fue el caso de Haití, tal y como lo comprobaron sucesivas auditorías por parte del Tribunal Superior de Cuentas y el propio Senado del país, en el que fue comprobada la participación en el desfalco de 12 altos funcionarios de gobierno, entre ellos el propio presidente, quién se habría apropiado de estos fondos de manera ilícita a través de falsas licitaciones con dos de las empresas de su propiedad.

En tercer lugar, hay que mencionar una serie de acontecimientos más estrictamente políticos, que comienzan con el rechazo al alineamiento total de Moïse con los intereses de los Estados Unidos en la región, lo que ha llevado al Estado a la política suicida de abandonar una cooperación tan ventajosa como la de Petrocaribe, en pos de plegarse a los ataques contra los procesos soberanos de Venezuela y Cuba en la Cuenca del Caribe. En el mismo terreno político, conforme el gobierno perdía su escasa legitimidad de origen y crecían en volumen las masivas y permanentes manifestaciones exigiendo su salida del poder, los rasgos autoritarios de Moïse y el PHTK se fueron acentuando: según las propias Naciones Unidas más de 130 personas resultaron asesinadas en el marco de las manifestaciones durante el bienio 2018-2019. El gobierno se negó a convocar las elecciones parlamentarias previstas para el año 2021 y en enero del 2020 decidió cerrar el Parlamento. Creó también una policía política y estableció una serie de medidas “antiterroristas” consideradas violatorias de los derechos humanos por sus propios aliados occidentales. Y decidió, pese al vencimiento del mandato presidencial el 7 de febrero de este año, permanecer en el poder de forma anticonstitucional, consumando un autogolpe en toda la regla.

PA: Entre otras cuestiones, la oposición nombró como “presidente interino” al juez Joseph Mécène Jean Louis, ¿qué validez o legitimidad tiene ese nombramiento?

L.R: Para comprender el significado del nombramiento de este magistrado, hay que comprender primero la ausencia de un poder constitucional en un país sin Parlamento, sin Primer Ministro constitucionalmente electo, con sus principales tribunales intervenidos por decreto y con un mandato presidencial caduco. En el marco de la consolidación de este autogolpe perpetrado por Moïse y apoyado por los Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA, una amplia coalición conformada por diferentes sectores de la sociedad civil y de la oposición política decidieron nombrar a una figura de consenso que pueda llenar ese vacío. Mécène Jean-Louis no es en este sentido un presidente “autoproclamado” como han dicho quiénes insinúan una comparación completamente improcedente con la figura de Juan Guaidó en Venezuela.

Considerando que el poder judicial es el poder público relativamente menos desprestigiado en Haití, diferentes sectores -partidos políticos, sindicatos, movimientos campesinos, organizaciones de mujeres, sindicatos, colectivos de derechos humanos, organizaciones religiosas e incluso empresariales- eligieron a este juez de la Corte de Casación para presidir lo que llaman una “transición de ruptura”: es decir, una serie de reformas urgentes -entre ellas políticas y electorales- que estabilicen al país y permitan la celebración de elecciones limpias y transparentes en un plazo estipulado. Recordemos, además, que las elecciones parlamentarias y presidenciales que deberían haber tenido lugar bajo el mandato de Moïse fueron suspendidas por el gobierno, por lo que el “juego democrático” se haya completamente bloqueado en el país. Es difícil evaluar la legitimidad de una figura que apenas si es un precario punto de consenso entre sectores muy diversos, pero lo que es claro es que su nombramiento responde a la total ilegitimidad e ilegalidad de un presidente considerado dictatorial por numerosos sectores: así lo manifestaron los magistrados y abogados del país, los movimientos sociales del campo y la ciudad, los sindicatos y centrales sindicales, las cámaras empresarias, y hasta los sectores evangélicos y el Episcopado local.

PA: Hace tiempo que Haití presenta una inestabilidad social y política importante; ¿cuáles son las principales causas o rasgos de esta situación en el país caribeño durante las últimas décadas?

L.R: La inestabilidad política en Haití está estrechamente ligada a la capacidad de injerencia de numerosos actores internacionales en los asuntos internos del país: en particular países con intereses económicos y geopolíticos como Estados Unidos, Canadá y Francia, organismos multilaterales de crédito como el BID, el Banco Mundial y el FMI, y también organizaciones supranacionales como la ONU y la OEA. El esfuerzo y la capacidad de estos actores para llevar al poder a los partidos o candidatos de su preferencia es manifiesta, más aún si consideramos que el frágil sistema electoral haitiano se encuentra completamente dominado -política, logística y técnicamente- por estos países y organismos que llegan incluso a monopolizar la emisión de las cartas de identidad necesarias para sufragar un voto.

Sin ir más lejos, el propio partido de gobierno llegó al poder tras ser ungido por la llamada “comunidad internacional”, a través de la realización de dos comicios fraudulentos consecutivos en los años 2015 y 2016. Complementario a esto, hay que comprender la tendencia de la clase política local a recurrir a estos actores internacionales para zanjar sus disputas y diferencias políticas: son recurrentes los viajes y las visitas extraoficiales para ganarse el favor del Departamento de Estado, o incluso los pedidos de intervención extranjera para derribar a algún rival político. Se suele mencionar la inestabilidad crónica del país y la rotación de presidentes que casi nunca cumplen su mandato como rasgos definitorios de Haití, pero lo que en general no se menciona es que muchos de estos partidos o presidentes no pueden culminar sus gobiernos por la recurrencia de invasiones extranjeras o de golpes de Estado de sectores minoritarios que siempre logran asaltar el poder por el apoyo de los países mencionados.

Menciónese, por ejemplo, que desde el año 93, Haití ha sufrido más de una decena de “misiones” de intervención, a veces civiles, la mayoría de las veces policiales y militares. También es importante recordar que el gobierno más popular de la historia moderna de Haití, el que fuera encabezado por el cura salesiano Jean-Bertrand Aristide y llegará al poder por una mayoría electoral abrumadora, sufrió dos golpes de Estado apoyados por los Estados Unidos, Francia y Canadá, con el silencio cómplice o la participación entusiasta de la ONU y la OEA. Pero la novedad en este rubro es que ahora la violencia política no solo corre a cuenta de militares u ocupaciones internacionales: bajo el gobierno de Moïse se ha ido implantando un modelo de control territorial en connivencia con actores delincuenciales y paramilitares. Numerosos organismos de derechos humanos del país denuncian los estrechos vínculos entre el partido de gobierno y una coalición de jefes de bandas armadas conocida como el “G9”, responsable de numerosos crímenes y masacres que aterrorizan a la población.

PA: ¿Qué rol ocupan hoy en día las distintas fuerzas internacionales en el conflicto haitiano?

L.R: En la actualidad, tanto los Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA han dado su visto bueno al autogolpe perpetrado por Moïse. Es un hecho curioso, pero estos organismos se han tomado la atribución de interpretar la carta magna de Haití a su antojo, estableciendo que el mandato de Moïse no debería terminar este año sino el próximo. Digo que es curioso porque en cualquier país soberano son los tribunales competentes los encargados de saldar cualquier conflicto de interpretación constitucional, más aún en un aspecto tan sensible como la duración de un gobierno. Al respecto, el Consejo Superior del Poder Judicial, competente en la materia, emitió un fallo extenso y fundamentado por el cual entiende que el mandato presidencial de Moïse culminó el pasado 7 de febrero, cumplidos exactamente los cinco años de las elecciones que lo llevaron al poder.

Sin el apoyo de estas poderosas fuerzas internacionales, es imposible comprender como sigue en el poder un gobierno de facto que suscita el rechazo de prácticamente todas las fuerzas sociales y políticas del país. Además de estas formas “visibles” de injerencia, hay otras más opacas y peligrosas: desde hace algunos años es conocida la infiltración de exmarines norteamericanos en el país, para cumplir el trabajo sucio de la represión a las movilizaciones masivas que tomaron las calles desde mediados del 2018 hasta la fecha. En al menos dos ocasiones fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional algunos de estos mercenarios, cargando armamento de guerra y avanzados equipos de telecomunicaciones. Además, siempre es utilizada como herramienta de presión la amenaza permanente de remilitarización del país a cuenta de nuevas misiones de “paz”, de “estabilización” o de “justicia” que históricamente han producido efectos exactamente contrarios a los pretendidos. ♣♣♣

#PA.