Violencia sin control en Colombia

Violencia sin control en Colombia

Por Lucía Sabini Fraga


Este fin de semana se registraron nuevas masacres y asesinatos en el país sudamericano. Si bien se podría suponer que luego de muchos años de enfrentamientos armados con organizaciones guerrilleras en su territorio y el posterior desarme de las FARC en los llamados “Procesos de Paz”, así como el contexto de pandemia mundial y cuarentenas que aminoran la movilidad a lo largo y ancho del planeta, harían disminuir las cifras de asesinatos y muertes en el país caribeño; la realidad es justamente la contraria. Ante este escenario, la estrategia gubernamental parece ser la criminalización de la actividad política y no el combate a las organizaciones delictivas.

Colombia lleva en lo que va de 2021, 25 masacres: se trata de 91 personas asesinadas en solo 90 días. Y únicamente en lo que va del año, otros 42 dirigentes sociales o indígenas fueron asesinados por su condición de activistas por los derechos humanos. El último homicidio se perpetuó este domingo 4 de abril en Caloto (municipio perteneciente al departamento del Cauca) contra Fernando Lozada Franco, un joven comunero indígena. Como informa el sitio Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una ONG asentada en Colombia dedicada a la investigación y formación en violaciones a los DDHH), Lozada Franco pertenecía al pueblo indígena Nasa y a una de sus organizaciones, dedicada la conformación de esquemas de seguridad locales, cuyos miembros no portan armas. El joven fue encontrado por la mañana con varios impactos de arma de fuego en su cuerpo.

Esa misma madrugada, en la localidad de Circasia en el departamento del Quindío, se había notificado una masacre. Varios hombres armados arribaron a un barrio y dispararon si mediar palabras: como resultado cuatro personas murieron y otras tres quedaron gravemente heridas. Según las primeras versiones oficiales, las personas asesinadas estaban ligadas al tráfico de estupefacientes, aunque tampoco se dieron a conocer mayores detalles. Dos días antes, el viernes 2 de abril, hubo otro asesinato múltiple: en una finca del departamento de La Plata (lindera con Cauca, en el sur occidente del país) personas de una misma familia -padre y dos hijos adultos- fueron asesinadas por cuatro hombres que llegaron en motocicletas y les dispararon. La hija menor sobrevivió por esconderse a tiempo de los atacantes.

Según informa el portal de noticias “Nodal”, que recolecta noticias de distintos medios locales, “se supone que el hecho es responsabilidad de la estructura Dagoberto Ramos de la ‘Segunda Marquetalia’, una red dedicada al narcotráfico que opera principalmente en esta zona de Colombia y que ha comenzado ‘una campaña de control territorial para el dominio de rutas del narcotráfico’”. El municipio de La Plata, es justamente “un punto estratégico que conecta el centro con el suroccidente del país”.

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Un problema que se agrava

A fines de febrero, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dio a conocer su informe de 2020. Allí se reportaron 76 masacres en todo el país durante el año pasado, la cifra más alta desde 2014. Es decir, el fenómeno de la violencia viene a un ritmo frenético de crecimiento. En cuanto a los motivos o móviles de los mismos, se estableció que un porcentaje cercano al 70% son cometidos por bandas criminales relacionadas con el microtráfico y varias veces dentro de las víctimas hay mujeres o niños/as.

A su vez, está en paralelo la violencia contra los activistas de derechos humanos e indígenas: solo en el 2020 fueron muertos 133 militantes o dirigentes por motivos evidentemente políticos y/o sociales. Los departamentos más afectados vienen siendo Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, que suman el 62% de los casos registrados.

A esta lamentable lista se suman los homicidios de exguerrilleros que abandonaron las armas. Sólo en 2020, 73 exguerrilleros de las FARC-EP fueron asesinados; echando por tierra la eficacia de los Acuerdos de Paz (firmados en noviembre de 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos) y sus propósitos de alejar la violencia del país. Desde aquella firma se registraron 248 homicidios de este tipo.

Una de las grandes preocupaciones no es solo la persistencia de estos ataques, sino más bien el crecimiento en número de muertos, amenazados y desplazados. Varios analistas coinciden en que han regresado los secuestros, las extorsiones y asesinatos selectivos de manera sistemática, recordando los peores tiempos de violencia en Colombia. Sin ir más lejos, el 27 de marzo un coche bomba estalló frente a la alcaldía de Corinto (en Cauca) dejando 43 heridos: una clara muestra de la implantación del terror como política de control territorial. Durante 2020 se registraron también 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas.

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La responsabilidad del gobierno

Pero la violencia no es sólo patrimonio de los grupos delictivos. Como denunció este sábado el politólogo Sebastián Quiroga Pardo, vocero nacional de la organización Congreso de los Pueblos y secretario General del Polo Democrático Alternativo; el gobierno colombiano y el poder judicial han criminalizado el activismo político y la militancia social, con acusaciones sobre supuestos vínculos con la guerrilla. La repuesta gubernamental (en este momento con el ejecutivo al mando de Iván Duque Márquez, discípulo del expresidente Álvaro Uribe) es la de desplegar -de la mano de fuerzas policiales o hasta grupos “paraestatales”- una política abierta de confrontación violenta contra las alternativas políticas disidentes.

El propio Quiroga, que ha sido víctima de reiteradas amenazas tanto a él como a su familia, repasó en una denuncia pública lo que vive en carne propia. “Las múltiples acciones veladas de pequeños hostigamientos (…) visitas de la Policía a nuestras casas o proyectos productivos sin justificación; llamadas extrañas; abordajes en buses del transporte público; allanamientos ilegales; ingresos clandestinos a nuestras viviendas, entre otras, marcan el rigor de la persecución política, judicial y de inteligencia que el Estado colombiano despliega contra organizaciones como las nuestras”.

En un escenario de suma complejidad, los intereses empresariales no se distinguen tan fácil de los intereses políticos, y las violencias se entrecruzan; mientras el Estado retrocede a pasos agigantados. El propio informe citado de la ONU hace mención a dicha situación: “Preocupa la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (prevista en el Acuerdo de Paz)”. En los hechos, pareciera regir una lógica en el gobierno: mayor preocupación por judicializar y criminalizar la actividad política, que por reducir a las organizaciones delictivas.

A eso se suma la falta de políticas públicas para evitar mayores niveles de pobreza e indigencia, escenario perfecto para la proliferación de grupos criminales. En un contexto de crisis económica que azota a gran cantidad de países, y sobre todo a sus clases populares, la advertencia de la editorial del portal colombiano “Quira medios” en este mes de abril, tiene terrible vigencia: “El escenario de la pandemia ha aflorado no solo los problemas sistémicos de la institucionalidad, sino profundas patologías sociales enconadas generacionalmente por la interminable violencia, el desamparo, la exclusión, la inequidad y la ausencia estructural de oportunidades”. Y por último, señala, “el actual incremento del desempleo, la brusca contracción del ingreso familiar ante una inexistente capacidad de ahorro, se está convirtiendo el perfecto caldo de cultivo para el estallido de un conflicto interno de gran escala, dado que la principal y única fuente de ingreso es la ilegalidad”. Solo parece flotar en el aire una pregunta: ¿hasta cuándo? ♣♣♣

#PA.