Vicentín: La intervención es necesaria

Vicentín: La intervención es necesaria

Por Fabián Medina

Desde que se anunció, vía DNU del Poder Ejecutivo Nacional, la intervención estatal y la eventual expropiación -a través de un proyecto de ley tratado en el Congreso de la Nación- de la empresa agroexportadora Vicentin, se sucedieron múltiples eventos. Cientos de análisis, comentarios y operaciones de prensa; la actuación de un juez provincial santafesino que restituyó al directorio empresario y redujo el papel de los interventores al de simples veedores; el plan alternativo para evitar la expropiación que le presentó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a Alberto Fernández; las movilizaciones y cacerolazos en defensa de la propiedad privada y de una empresa fraudulenta. Luego de este racconto, estamos en condiciones de afirmar que la intervención es totalmente necesaria en pos de salvaguardar no solamente las fuentes de trabajo, sino también al mismo grupo empresario y al capital propio de la mayoría de los accionistas históricos de la firma.   

Lo anteriormente expresado está fundado en los datos de la investigación, a los cuales hemos accedido, que se lleva a cabo en la Corte estadounidense del Distrito Sur de Nueva York a cargo del Juez Alvin Hellerstein y cuyos demandados son Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Alberto Macua, Sergio Nardelli, Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo, Pedro y Roberto Vicentin y Norma Boschi. Todos están acusados de fraude bancario, evasión fiscal y lavado de activos, como consecuencia de la venta de acciones del grupo el 3 de diciembre de 2019, por un total aproximado de U$S 122 millones.

Ese dinero fue transferido a las Islas Vírgenes británicas, dos días después el grupo Vicentin declaró la cesación de pagos a nivel internacional. El proceso judicial se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, previo al inicio del juicio que, en caso de encontrar culpables a los acusados, puede dictar penas de cumplimiento efectivo en ese país. Estos datos de la investigación en curso fueron provistos por el buffet de abogados SAL y MORCHIO NY y estarán disponibles al final del texto.

Cuando decimos que la intervención se torna necesaria, lo afirmamos porque estamos ante un caso de vaciamiento empresario no solamente contra los trabajadores y proveedores PYMES -tanto del país como internacionales-, puesto que de ser dictada una sentencia condenatoria en la causa reseñada en los Estados Unidos -del mismo tenor que la que se está instruyendo en Paraguay-, será necesario mantener la empresa activa. Por lo que pasa a ser central la figura del interventor nombrado por el gobierno nacional, el especialista en Economía Agraria Gabriel Delgado, ya que goza de alto consentimiento dentro y fuera de Argentina. En consecuencia, podría poner en funcionamiento al grupo empresario en un plazo no mayor a los dos años.

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#PA. Fabián Medina es economista, asesor de empresas y dicta clases en la UBA.

Domingo 5 de julio de 2020.