Todos contra el Pacto Fiscal

Todos contra el Pacto Fiscal

Por Cristian Franchi


La urgencia de Buenos Aires por tener sus números en orden llevó a pedir la revisión del Pacto Fiscal. En tanto, el resto de las provincias solicitará en los próximos días la eliminación del documento.

Más allá de la foto de las reuniones de la pacífica transición bonaerense entre María Eugenia Vidal y Axel Kicillof hay una palabra que está instalada en las oficinas gubernamentales de la ciudad de La Plata: urgencia.

Uno de los temas que más preocupan a la gestión que asumirá el 10 de diciembre es el económico y el rojo que tendrá como herencia el ex ministro de Economía del kirchnerismo. Es por eso que AK espera que la actual gobernadora deje su mandato con el dinero suficiente en las arcas para asegurar el pago de sueldos, aguinaldos y dos bonos por más de 500 millones de dólares que vencen a mediados de enero.

La futura buena sintonía entre la Provincia y la Nación será fundamental para que el distrito más grande del país pueda sanear sus abultadas deudas y pensar en cumplir los propósitos planteados en la campaña: fomento de Pymes y consumo para poder crecer.

Pero hay otra cuestión que los economistas que rodean a Kicillof planean poner entre los temas de agenda: revisar el Consenso Fiscal que en agosto del 2017 el gobierno de Macri les hizo firmar a las provincias, el cual entre otros puntos estableció una reducción gradual del impuesto a los ingresos brutos que cobran los distritos.

Para tener en cuenta, cuando se firmó el documento, la provincia gobernada por María Eugenia Vidal recibió una compensación por el Fondo del Conurbano que fue de $21.000 millones en 2018 y $44.000 millones para el año en curso. Pero como ha pasado a lo largo de la gestión Cambiemos en su relación de tire y afloje con las provincias: “hecha la ley, hecha la trampa”. Los montos establecidos no preveían una actualización por inflación: a mediados del 2017, el Gobierno central estimaba índices del 12% para el 2018, con una baja en 2019. Algo que estuvo lejos de cumplirse: el año pasado la inflación fue del 47% y se estima que al cierre de este será un poco más elevada.

Tras la pérdida, Vidal hizo gestiones para que los montos de la reparación en 2018 y 2019 sean recalculados, aunque sin suerte. La última oportunidad fue tras la mudanza de Hernán Lacunza a la titularidad de Hacienda de la Provincia a la Nación, allí el pedido era que la Rosada girara cerca de $20.000 millones extras a Buenos Aires, algo que aún no fue respondido, pero que se mantendría así ante la proximidad del fin de mandato. Ahora bien, si esos fondos no llegan antes del 10 de diciembre, será Kicillof el que deba repetir las tratativas ante Alberto Fernández. 

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Así como la actual gestión de Vidal y la futura de Kicillof pretenden revisar el pacto fiscal, el resto de las provincias –funcionarios y gobernadores- solicitarán al ministro Hernán Lacunza la suspensión del mismo. ¿El motivo? Evitar una reducción en la recaudación, más aun en un año como el 2020 en donde las perspectivas económicas no son nada alentadoras.  

Con la transición en marcha, los ministros provinciales se apuraron para plantear la suspensión al actual Gobierno. La intención de los funcionarios es llevarle el documento y explicarle cómo la continuidad del Consenso Fiscal golpeará a las arcas provinciales.

Una de las grandes dudas que tienen los gobernadores es si los tiempos alcanzarán para darle forma a su reclamo. Es que a 25 días de que Mauricio Macri le pase la banda presidencial a Alberto Fernández, hay incertidumbre. Si bien, los mandatarios peronistas ya le plantearon el tema al próximo presidente, no quieren perder tiempo y dejar en claro que para 2020, no están en condiciones de resignar recursos.

Durante la campaña el electo presidente logró algo que parecía imposible, nuclear a los gobernadores –aunque no todos- bajo el mensaje de unidad y federalismo. “Vamos a ser un país gobernado por un presidente y 24 gobernadores”, advertía en cuanto acto realizaba rodeado de los líderes provinciales.

El resultado de las elecciones generales de alguna manera modificó el mapa, y aunque esto no cambie la estrategia o el objetivo federal de la gestión de Fernández, algunos gobernadores empiezan a mirarse con algo de recelo.

Por ejemplo, los gobernadores de las provincias “ricas”, como el cordobés Juan Schiaretti, el electo Omar Perotti en Santa Fe, Gustavo Bordet en Entre Ríos y Sergio Uñac en San Juan tienen diferencias importantes (y no solo económicas) con el tándem norteño que lideran el tucumano Juan Manzur y al formoseño Gildo Insfrán.

Esas brechas se vuelven evidentes en el flanco fiscal: las provincias mineras y agrícolas no quieren un aumento en las retenciones, otros distritos barajan la idea de un pacto productivo y un último grupo no descarta la emisión monetaria como herramienta contra la recesión, tal como lo plantearon en el encuentro de la semana pasada junto a dirigentes gremiales.

Para el tratamiento del reelaborado Presupuesto y los primeros paquetes de leyes, de presidir Diputados, Sergio Massa deberá negociar con estos mandatarios y Fernández deberá pensar en esquemas de “compensación” si las normas que impulsa no favorecen a esas provincias.

Los gobernadores de economías altamente dependientes del campo y la minería no comparten la suba de retenciones como fuente de financiamiento, ya que no solo es una carga no coparticipable, sino que afecta Ganancias, que sí se reparte. Una reprogramación de las deudas provinciales acerca a algunos peronistas con quienes estarán en la oposición, como los mandatarios de Mendoza Rodolfo Suárez y Gerardo Morales de Jujuy.

Pero Fernández insiste: “el 10 de diciembre empieza una Argentina gobernada por un presidente y 24 gobernadores”, pero sabe muy bien y no desconoce que deberá (ante todo) consensuar intereses e incluso pensar en alguna ley que le permita, si es necesario, “disciplinar” a los mandatarios. ♣♣♣

#PA.

Sábado 16 de noviembre de 2019.