Matar con impunidad

Matar con impunidad

Por Fiorella Del Piano


Otra vez, el gatillo fácil se cobró una vida. Según CORREPI, el 20% de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad corresponde a la era Macri.  En los últimos tres años hubo un caso cada 21 horas.

En la mañana del martes 29 de octubre en la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe, Lautaro Saucedo fue asesinado a manos de la policía. Su muerte, llegó al centro de la escena mediática y con ello volvió a poner en tela de juicio al gatillo fácil, un tema que en la sociedad –como casi todo– no encuentra punto medio.

Un día después de este hecho, los argentinos festejamos 30 años desde el retorno a la democracia y desde aquel octubre de 1983, hasta el 12 de febrero de este año 2019, según un informe elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) se registraron 6.564 muertes a manos de las fuerzas de seguridad. Con un dato curioso, de esos 6.564 casos, 1.303 ocurrieron entre el 3 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, lo que indica que un 20% del total de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad corresponde a la era Macri.

Según el archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Estado de CORREPI, en los últimos tres años hubo un caso cada 21 horas. Esto incluye muertes en comisarías, en cárceles, en enfrentamientos donde hay exceso de la legítima defensa e incluso en el ámbito privado de los funcionarios de las fuerzas de seguridad.

La “doc­tri­na Cho­co­bar” ins­tau­ra­da por el go­bierno de Ma­cri y la mi­nis­tra de Segu­ri­dad, Pa­tri­cia Bu­ll­rich, nos sirven como mar­co de referencia para en­ten­der es­tos nú­me­ros. Ya que lue­go de la reivin­di­ca­ción de aquel po­li­cía que en di­ciem­bre de 2017 mató por la es­pal­da a un delin­cuen­te en el ba­rrio por­te­ño de La Boca, y las reite­ra­das celebracio­nes del uso de armas de fue­go por par­te de la pri­me­ra lí­nea de funcionarios, se ha­bi­li­ta­ron nor­ma­ti­vas que avan­zan en ese mis­mo sen­ti­do.

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Cuando hablamos de gatillo fácil, nos referimos a la utilización de armas de fuego con total impunidad por parte de la policía, abusando del poder que le fue conferido para resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Con este tema –tal como lo dijimos más arriba– como con casi todo en esta sociedad que de grises sabe muy poco, el debate y discusión sobre el mismo genera rispideces. Por un lado, se encuentran aquellos que lo justifican (y peor aún, lo festejan) y por el otro, se encuentran aquellos que consideran que aquel que comete este tipo de hechos debe ser penado ante la Ley como un homicida, tal como lo indica el Código Penal argentino.

En esta causa, esto último es algo a destacar, ya que los fiscales a cargo la calificaron como “homicidio calificado por el uso de arma de fuego, agravado por alevosía y por haber abusado de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad”. Todo un logro, teniendo en cuenta que generalmente la mayoría de estos casos, se encuadran como resistencia a la autoridad o autodefensa y muchas veces los acusados salen absueltos. Cabe resaltar además, que en este caso, los videos de una cámara de seguridad privada que se incorporaron a la causa, también fueron determinantes para que los fiscales tomaran esta decisión.

A Lautaro Saucedo, lo asesinó Francisco Aldo Olivares, un policía que en su historial tiene más de 12 denuncias por apremios ilegales, doble suspensión de empleo, cuatro arrestos y sanciones disciplinarias de los más diversos calibres. Su trayectoria está marcada por el ejercicio de la violencia policial, que inclusive el año pasado le negaron el ascenso de inspector a subcomisario.

Los registros fílmicos, claves en este proceso, muestran que ese martes por la mañana una señora de edad avanzada camina por la vereda con una bolsa en su mano izquierda. Desde atrás se lo ve a Lautaro corriendo hacia ella, posteriormente se ve que éste intenta quitarle la bolsa, que ambos tironean de ella, que la mujer le habla, lo increpa y el chico da media vuelta para irse. Se ve que no estaba armado. La mujer lo llama, él regresa, ella le da algo que extrae de la bolsa y él escapa corriendo. Unos metros, más adelante, se ve un camión de gaseosas descargando mercadería. Allí aparece en escena Olivares que sale del local, mira la situación, se acerca, indaga a la señora, saca el arma de un bolsillo, apunta, sostiene con las dos manos el revólver y dispara. El disparo fue certero. Impactó en la columna de Lautaro, que horas más tarde murió en el Hospital Cullen.

Teniendo en cuenta que de todos los casos similares a este sólo el 10% llega a juicio y no todos los acusados son condenados, o son condenados con penas leves manipulando las figuras penales, sabemos que existen posibilidades de que Francisco Olivares pueda ir o no a la cárcel, pueda ser exonerado o bien pueda ser reubicado en otro cargo dentro de las fuerzas de seguridad. Y tal como decía Michel Foucault en su reconocido libro vigilar y castigar “el poder no es algo que alguien tiene, sino algo que se hace a otros, una acción que afecta a las acciones de otros”. En este caso, –como en tantos otros– el abuso de poder por parte del oficial de policía es evidente a todas luces y la familia del chico asesinado debería tener justicia.

Algunos dicen: “Un chorro menos”. Lo hacen sin entender (o sin querer comprender) que el gatillo fácil es algo que como sociedad no debemos permitirnos, sobre todo viviendo en un Estado de derecho y en una democracia que reivindica el derecho a la vida. También debemos entender que el gatillo fácil no logra reinsertar personas en la sociedad, sino que se cobra vidas. Y sobre todo, hay que comprender que no avalar el gatillo fácil, no significa estar a favor de la delincuencia sino entender que el mismo es el reflejo de la violencia institucional. ♣♣♣

#PA.

Sábado 9 de noviembre de 2019.