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Alertan que el gobierno Porteño entregó barbijos truchos

Por Fernando Oz

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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregó barbijos truchos a las Unidades Febriles de Urgencia (UFU), una de las áreas de mayor riesgo en la batalla contra pandemia por coronavirus. El dato surge de un relevamiento realizado por médicos de planta del Hospital Juan Fernández. La denuncia se suma a una larga lista de reclamos que vienen realizando los trabajadores de la salud por falta de insumos médicos, elementos de seguridad y problemas edilicios.   

“Hemos notado que uno de los elementos de protección personal, específicamente la máscara FFP n95 (barbijo), presenta deficiencias en su calidad, lo que nos permitió dudar empíricamente de su eficiencia para la protección de la salud”, se lee en el escrito al que accedió #PuenteAereo.

Los barbijos fueron entregados a mediados de mes a todos los médicos, enfermeros, y personal auxiliar de las Unidades Fabriles de Urgencia, una suerte de primera línea en la batalla que se lleva contra la COVID-19 en el territorio porteño.

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Entre otras falencias, los trabajadores de la salud señalaron que los barbijos en cuestión “no presentan evidencia de sellos o rótulos en indelebles, que permiten identificar claramente si han demostrado cumplimiento de los estándares de calidad establecidos, a diferencia de las máscaras entregadas en oportunidades anteriores”.

Lo más grave es que se determinó “deficiencia en el sellado en la zona de boca y nariz, permitiendo el pasaje de aire no filtrado a la zona inspiratoria a través de la parte superior e inferior del barbijo”, según se lee en el documento que enviaron los médicos del Hospital Fernández al coordinador general de las UFU. También indicaron que el “ajuste no ergonómico a nivel del pabellón auricular, que permite el pasaje de aire no filtrado a través de los laterales del barbijo” y “presenta cuatro zonas lineales desprovistas de filtro dos a cada lado de la línea media”.

La pandemia, además de develar las graves falencias del sistema de salud, dejó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta bajo sospecha por los sobreprecios en la compra de barbijos. Ahora los trabajadores de la salud vuelven a apuntar contra el jefe del Gobierno porteño.

Según los médicos que estamparon su firma en el documento, el barbijo otorgado “se encuentra dentro de la lista de productos disponibles para uso industrial y no se encuentra dentro de los productos médicos aprobados por autoridades sanitarias para uso quirúrgico y no quirúrgico en instituciones de salud”.

Evidentemente, las autoridades ni siquiera se tomaron la molestia de consultar sobre la compra. La máscara FFP n95 “no se encuentra en la lista de materiales aprobados para uso sanitario según CDC/NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos) o FDA, organismos que en el contexto de la pandemia COVID-19 ofrecen la posibilidad de constatar en forma inmediata y vía web qué empresas fabricantes y qué modelos de barbijos n95 están aceptados para uso sanitario”.

Los trabajadores de la salud también destacaron una cuestión que poco se tiene en cuenta, la legal: “La utilización de material de uso industrial no certificado y no sanitario podría suponer más allá del riesgo de contagio individual, un vacío desde el punto de vista de la protección ante las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo”.

Desde que la pandemia se desató, los reclamos por las deficiencias del sistema de salud tuvieron un considerable aumento. Las condiciones en las que trabajan los médicos, enfermeros, y auxiliares son deplorables. Incluso se llegó a denunciar la falta de protocolos adecuados, dejando a los trabajadores en absoluta vulnerabilidad frente a la constante amenaza del coronavirus.

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La Justicia investiga una millonaria compra de barbijos con sobreprecio por parte del Gobierno de Rodríguez Larreta. La semana pasada, la Cámara Federal porteña resolvió que la causa debe tramitarse en la justicia penal, contravencional y de faltas porteña.

La denuncia se presentó contra el jefe de Gobierno de la Ciudad y funcionarios de su gestión por supuesto “fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles” y “malversación de caudales públicos” por la compra directa de barbijos a un valor unitario de 3 mil pesos, para prevenir la COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

“Con los datos objetivos con que se cuenta respecto de los hechos –vinculados a contrataciones y compras supuestamente fraudulentas de elementos sanitarios, realizadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por funcionarios públicos– no se observa, de momento, la afectación de algún interés federal que motive la intervención de este fuero de excepción”, se lee en la resolución del Tribunal de Apelaciones.

La Cámara decidió remitir la denuncia penal presentada el 15 de abril pasado por un abogado y empresario Pyme dedicado a importar este tipo de artículos, Mariano Alonso Maneiro, al juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la Ciudad. En este juzgado ya se investiga otra denuncia presentada por hechos similares, por lo cual se remitió por “conexidad”.

El Tribunal de Apelaciones confirmó así una decisión al respecto del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien recibió la denuncia en primer lugar y se declaró incompetente. “Corresponderá que sea la justicia penal local –que por cierto previno sobre la base de una denuncia análoga anteriormente radicada– la que deba en principio conocer en la investigación de las maniobras”, concluyó la Cámara.   ♣♣♣

#PA

Sábado 30 de mayo de 2020.