El Frente de Izquierda en contra del finaciamiento político

El Frente de Izquierda en contra del finaciamiento político

#PA

Los diputados del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman y Nicolás del Caño presentaron ante la justicia un amparo contra la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Luego de idas y vueltas finalmente el viernes último se promulgó, la Ley de financiamiento político que semanas atrás había sido sancionada en la Cámara de Diputados con 147 votos a favor y 69 en contra.

La regulación del financiamiento político es uno de los aspectos más delicados y a su vez más reformados en las democracias contemporáneas. Ante la amenaza que supone el dinero proveniente de origen ilícito, es preciso establecer reglas que aseguren la transparencia en las cuentas de los partidos.

La norma aprobada busca lograr tres objetivos claves: transparencia e las finanzas, equidad en la competencia y eficacia en los controles de la justicia.

Sin embargo, los diputados del Frente de Izquierda -que se opusieron desde el primer momento a la promulgación de esta ley- presentaron ante la justicia un amparo por entender que la norma “cambia las reglas de juego” en pleno año electoral y está redactada “a medida de los partidos de los empresarios”.

“Rechazamos esta ley que termina beneficiando a los partidos que establecen lazos con los empresarios en detrimento de aquellos que no aceptamos ningún tipo de financiamiento proveniente de esos sectores” explicó Nicolás Del Caño, precandidato a presidente.

Por otra parte, y a través de un comunicado, la diputada Myrian Bregman consideró que la ley afecta el derecho del FIT a “publicar y dar a conocer ideas y propuestas en la campaña en igualdad de condiciones con los demás partidos”.

“Creemos que es necesario que la justicia intervenga en forma urgente porque se viola la convocatoria electoral y se cambian las reglas del juego de manera totalmente ilegal para que las empresas les paguen sus campañas”, afirmó.

La ley fue promulgada con un veto parcial que permite que las empresas privadas puedan aportar dinero a las campañas electorales y bancariza esas colaboraciones con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas.

En el artículo quinto, el texto de la ley marca -entre otras restricciones- que los partidos no podrán aceptar aportes o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren, por ejemplo, “imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente”.

Redacción PA. Agencia Télam.