Misiones: Poca paridad y menos perspectiva

Misiones: Poca paridad y menos perspectiva

Por Lucia Sabini Fraga

Hace años las cuestiones de género han tomado notoriedad: los movimientos de mujeres a nivel mundial y en particular en nuestro país han demostrado una potencia que se expresó en una amplia gama de demandas. Mayor visibilidad en las esferas culturales, mayor representación política, el grito del Ni Una Menos para que dejen de matarnos, o la lucha por los derechos sobre nuestros cuerpos como la implementación de la IVE, sólo por citar algunas de las aristas.

La provincia de Misiones (un territorio que acarrea varios de los peores índices en violencia hacia las mujeres en Argentina) no estuvo ajena a los debates y el Gobierno provincial intentó tomar nota, aunque no siempre manera rápida o eficiente. Un balance de gestión de este 2020, entre crisis y pandemia, en materia de género.

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Representación de mujeres

En octubre de 2018 se aprobó por unanimidad la Lay de Paridad en la Cámara de Diputados de Misiones. La propuesta había sido elevada por la diputada Silvia Rojas e impulsada —condición cuasi necesaria— por el presidente de la Cámara, Carlos Rovira. La normativa eleva la vara respecto a la antigua ley de cupo, que otorgaba un 30% de lugares a las mujeres en las listas de candidatos. Como ninguna ley es automática, recién durante las elecciones del año pasado y a través de este alocado 2020, se pudieron empezar a apreciar sus resultados.

Sin embargo, la llegada de las mujeres a los cargos efectivos todavía sigue siendo ridículamente desproporcionada: de 77 municipios misioneros, solo 5 son intendentas, es decir un 7%. Del total de 107 cargos del poder ejecutivo provincial, el 74% corresponde a hombres y el 26% a mujeres. Y a nivel municipal aún menos: de un total de 205, el 79% son hombres y el 21% son mujeres.

Por otro parte, en la fórmula gubernamental no existe aún paridad y en los cargos del gabinete provincial la participación de las mujeres representa sólo el 26%; todos datos recolectados del informe del Equipo Transfronterizo Interdisciplinario (ETI), llevado adelante por la diputada del Mercosur Cecilia Britto y su equipo, con datos actualizados a junio del 2020.

En el Poder Legislativo, la Ley de Paridad se vio reflejada de manera más nítida y creció el cupo de mujeres de un 30 a un 48%. El informe de ETI arroja, sin embargo, un dato inquietante: “hay un 50% más de probabilidades de que llegue a ser diputado un hombre sin título de grado que una mujer”. Por otro lado, en cuanto a las diversidades queda un largo camino: la representación de transgéneros y LGTBQ+ en Misiones es nula, según advierten desde el equipo de estudio.

En cuanto al ámbito de leyes propiamente, Misiones adhirió este año a la ley nacional de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (promulgada a nivel nacional hace 11 años), que incorpora la violencia política contra las mujeres y el acoso callejero como una modalidad de violencia; una práctica tan extendida y naturalizada, como incómoda para quienes la sufren.

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Paridad no es sinónimo de perspectiva

El ámbito judicial pareciera ser una de las grandes deudas de la provincia en cuanto a perspectiva de género. Parece una obviedad, pero no está de más señalarlo: ser mujer no implica incorporar esta categoría de análisis naturalmente; porque el fenómeno del machismo y el sistema patriarcal como tal, no responden a la división de género sino a una forma de ordenamiento social y una cultura en la que todos y todas estamos insertos. Aquí la paridad no es lo que está en juego -y de hecho se cumple a la perfección- ya que un 51% de los cargos provinciales y municipales respecto del Superior Tribunal de Justicia, Vocales —Cámara de Apelaciones, Fiscalías, Defensorías y Juzgados—, están ocupado por mujeres.

Tres casos emblemáticos por su falta de perspectiva de género resonaron este 2020 de nuevo en las tierras coloradas. María Ovando y su segundo juicio (plagado de inexactitudes y falta de pruebas) por el cual fue sentenciada a 20 años de prisión en la ciudad de Eldorado; y la situación de Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, quienes fueron liberadas en diciembre del 2019 por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambas pasaron 11 años presas por un crimen que no cometieron y la resolución del máximo tribunal señala explícitamente que se las condenó con una lectura “parcial y sesgada” de la prueba. El caso tomó notoriedad nacional como ejemplo de un “proceso indebido” al negar el principio básico de inocencia. Vázquez se suicidó en agosto en la ciudad de Posadas, sin logar recuperarse nunca del daño causado.

La abogada y diputada provincial Anazul Centeno del Frente Renovador de la Concordia Social, reconoce esta falta de perspectiva: “Es necesario que la Justicia realice una revisión de sus mecanismos, de sus sentencias y procedimientos, para poder incorporar algo que es obligatorio, que es la perspectiva de género”. La diputada repasa la necesidad de “generar consensos sociales básicos respecto a la situación de las mujeres y de las diversidades, de los niños y las niñas en nuestra provincia; consensos que sean necesariamente con perspectiva de género o con una mirada profunda hacia adentro de nuestras instituciones”.

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La pandemia de la violencia

La Línea 137 es uno de los estandartes de la provincia en materia de violencia de género; o al menos uno de los espacios con mayor difusión y notoriedad. Este programa de atención telefónica está dentro de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, y depende directamente del Ministerio de Gobierno a cargo de Marcelo Pérez. Desde marzo del 2018, dirige la subsecretaria Myriam Duarte —la exdiputada provincial del PAyS proveniente de Nuevo Encuentro, que rompió vínculos con Bárbaro y Sereno allá por 2016—.

“Con la Subsecretaria trabajamos desde la capacitación en lo que tiene que ver con perspectiva de género. Hay que tener en cuenta que no hay normativa específica, ni provincial ni nacional, que aborde como una problemática la violencia de género” explica Duarte. También detalla que, como ministerio de Gobierno, trabajan las cuestiones relativas a violencia como política de seguridad provincial.

Esta subsecretaria tiene sus tres ejes principales de trabajo en relación con la violencia y las situaciones de emergencia: la Línea 137 (que brinda asesoramiento e información), el sistema de Casas Refugio (que hoy en día funciona una en Posadas y otra en Eldorado; aunque desde hace rato se encuentra pendiente la apertura en Oberá, y se prevé una próxima en Iguazú), y la administración de la pensión graciable para victimas menores de edad por delitos contra la integridad sexual.

Respecto a las internaciones en las casas refugio, Duarte asegura que “han bajado mucho en la demanda durante la pandemia. El año pasado cubrimos 22 casos y hasta marzo hubo solo 3 residencias temporales”. Sin embargo, lo que no bajó fueron los índices de violencia ni los femicidios. Según la propia titular “en primera instancia nos preocupó la baja en el número de denuncias, pero finalmente se cuadruplicaron, contando todas las bocas de denuncias: juzgados, juzgados de paz, comisarías.” Misiones cuenta hasta el momento con 10 femicidios durante el año de la pandemia, el segundo peor índice del país.

Dentro del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) se creó el Observatorio De Violencia Familiar y De Género bajo una ley del año pasado, pero que recién en este 2020 comenzó a tomar algo de forma. Hace pocos días, su directora Silvana Labat, detalló que “durante el año 2019 la policía de Misiones contabilizó 21.700 denuncias por violencia familiar y de género”. Es decir: 17 denuncias cada 1.000 habitantes y casi 60 por día. La realidad es que los mecanismos tanto de denuncia, como de formación o acompañamiento sufren el mismo síndrome del país: Dios atiende más fácil y rápido en Posadas.

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Poco para mucho

En el organigrama provincial, el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud (a cargo de Benilda Dammer) tiene una de sus subsecretarías dedicada a cuestiones de género, aunque siempre desde una mirada tradicional: se llama “Subsecretaria de la Mujer y la Familia”, otorgándole una vez más el carácter indivisible a las mujeres de la conformación de una familia. Allí está recién estrenando puesto Celia Kozachik, luego del apartamiento (no sin tironeos) de Giselle Dobidenko quien fue denunciada a poco de asumir por estar violando una resolución del CGE (Consejo General de Educación) que le había dejado cesante en noviembre del 2018 e inhabilitada para cumplir cargos públicos.

Kozachik es licenciada en Economía y empresaria del rubro turístico hotelero (dueña del lujoso Costa Iguazú Apart Hotel) y presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones (CaMEM) desde el año 2018. En sus intervenciones como máxima dirigente del ente, suele referirse a las mujeres de la institución como “mujeres alfa” o quienes “tengan cabeza alfa del género femenino”.

La subsecretaria en cuestión se ocupa en principio, de la promoción humana de las mujeres y la contención y acompañamiento a las infancias. Como programas disponibles dentro de la Subsecretaria de la Mujer y la Familia se encuentra la Línea 102, bajo la Dirección de Violencia Familiar y de Género. Para no pisarse, un objetivo de esta área es atenerse a las llamadas vinculadas a problemáticas de y con la infancia, y encausar aquellas sobre violencia de género a la 137.

Kozachik tendrá que lidiar entre otras cosas, con la realidad de las trabajadoras de esta línea telefónica, una labor que demanda una contención psíquica considerable. Las profesionales cobran actualmente 15.000 pesos (aunque hasta el mes pasado eran 11.000) en forma de “beca” y ni siquiera de contrato. Hace años reclaman y realizan intervenciones ante el Ministerio de Desarrollo Social exigiendo mejoras en sus condiciones laborales.

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Del aborto, poco y nada

Misiones tiene cifras alarmantes de embarazo adolescente y de niñas. La tasa de fecundidad adolescente en la Tierra Sin Mal dobla prácticamente la media del resto del país: es del 40,8 por cada 1.000, versus el 25,4 a nivel nacional. Y durante el año 2019, 180 niñas-madres fueron obligadas a parir. En ese contexto, el debate del aborto asusta a propios y ajenos.

La diputada Centeno, con trayectoria en militancia social y cuestiones de género, es de las pocas políticas renovadoras que se calza el pañuelo verde y defiende la causa feminista. “Este proyecto en particular se hace eco de los reclamos históricos, que son de distintos espacios pero que coinciden en un mismo punto: el de otorgarnos a las mujeres y a los cuerpos gestantes derechos sobre nuestros cuerpos y el de reconocer una situación que en la realidad se da”, afirma convencida.

Si bien sabe que su espacio político es más bien reacio a esta postura, considera que la amplitud de perspectivas es lo que caracteriza a “La Reno”. En el debate del 2018, los votos renovadores fueron mayormente negativos: tanto Ricardo Wellbach, Verónica Derna y Flavia Morales en la Cámara de Diputados (tres de cinco), como Maurice Closs y Maggie Solari en el Senado.

Este 2020, a sólo cinco días del debate en el recinto, el conteo parece haber retrocedido: de los cuatro miembros oficialistas en la Cámara baja, todos votarían negativamente; al igual que los dos de la Cámara alta. Ningún renovador misionero representará a la opción por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación.

En consonancia con ello, 33 municipios de la provincia se adhirieron a la convocatoria nacional de la “Caravana Por la Vida” del pasado 28 de noviembre. Y ya muchos de ellas se han declarado “pro-vida” desde el 2018 para acá, cuando el debate nacional llegó hasta las dos cámaras y estuvo cerca de ser aprobado. El último municipio en sumarse al canto de sirenas celeste fue Bernardo de Irigoyen, que este martes 1 de diciembre declaró “pro-vida” a la localidad, gracias a su Concejo Deliberante.

Para Duarte, el debate no siempre está muy bien enfocado: “Lo que estamos a favor es del derecho a las mujeres que necesitan hacer una interrupción voluntaria del embarazo, a poder acceder. La mayor parte de las expresiones en contrario hablan de posturas religiosos o morales, y eso es una cuestión completamente subjetiva. Lo que no podemos hacer es imponer nuestras opiniones y visiones a otras personas”.

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En un año difícil para ser Gobierno, la gestión provincial parece mirar de reojo una conquista que millones de mujeres esperan hace tiempo. Cuando en varios años, el debate haya madurado y no ubique maniqueamente la vida versus la muerte, ¿dirá la Renovación que fue parte del cambio?   ♣♣♣

#PA.