Aborto, legalidad y provincias anti derecho

Aborto, legalidad y provincias anti derecho

Por Florencia Guerrero


 Un fallo polémico contra la ley en Chaco, casi todos los médicos salteños se declararon objetores de conciencia y hay solo 19 profesionales que garantizan el aborto legal. ¿Qué otras regiones complican la libre elección de las mujeres?

“El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”, dice en su articulo 22 la Constitución Nacional, sancionada en 1953, aunque a la luz de las posiciones que despierta la recientemente promulgada ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) parezca no estar tan clara su aplicación.

“La ley es de alcance nacional pero la implementación puede costar en algunas provincias más que en otras”, admitió la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, hace menos de un mes. Entre las regiones a la cabeza de un proceso que opera en contra de la norma están Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy y Mendoza. Así es como en tierras de Coqui Capitanich, esta semana la jueza en lo Civil y Comercial Marta Aucar de Trotti, dio vía libre a una medida cautelar que intenta suspender la aplicación de la Ley N° 27.610. La magistrada, vinculada con el Arzobispado local, enfrenta ahora una denuncia por prevaricato, aunque a ciencia cierta parece la primera expresión de otras que se esperan en contra del nuevo derecho a decidir.

“Es escandaloso que un grupo reducido de personas con el aval del Poder Judicial chaqueño pretenda anular el derecho a elegir de miles de personas gestantes, e intente suspender una ley absolutamente constitucional que fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Estado Federal”, explicó a #PuenteAereo la chaqueña Tere Cubells, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En los hechos, la cautelar presentada por un grupo de activistas celestes es inválida porque pretende impedir la aplicación de forma general, como si la competencia federal no importara. Según los relevamientos propios de la Campaña Nacional en pos de la normativa, en Chaco hay unas 1610 internaciones por aborto inseguro cada año.

“Esta reacción no nos sorprende, pero si es una aberración. Esta es la Justicia que tenemos, uno de los poderes más conservadores del país, pero en este caso lo que sorprende es que la jueza pretenda que una ley votada por otro de los poderes del Estado no tiene validez, no nos vamos a quedar quietas”, insistió Cubells.

También en diálogo con este portal, la diputada provincial Gladys Cristaldo consideró: “Esta resolución ataca directamente los derechos fundamentales de las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, cuando el Comité de los Derechos del Niño, en su Resolución N° 4 pide a los Estados que dicten medidas que garanticen la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad de las niñas adolescentes, producida especialmente por el embarazo y las prácticas de aborto inseguro”.

Una de las quejas más grandes sobre la avanzada contra el derecho a decidir, apuntó contra el Gobierno de la provincia, que eligió mantenerse al margen del proceso de debate de la ley nacional y luego de su promulgación y cuyo ministerio de Salud no ha dicho una palabra sobre el accionar antijurídico. Consultada por este portal, la vocera de Capitanich confirmó la sorpresa del Ejecutivo, que “no fue notificado”, y habló sobre el compromiso de hacer valer la norma nacional. El gobernador guardó prolijo silencio.

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Salta: No tan linda

Otra de las provincias donde la campaña celeste avanza contra el derecho adquirido es Salta, donde solo 19 profesionales de la salud podrían garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, ya que la mayor parte de los especialistas de tocoginecología son objetores de conciencia, según un informe presentado por la directora de Salud Materno Infantil de esa provincia, Susana Velazco.

Para entender la situación, en la capital salteña solo dos médicas realizan abortos voluntarios y gratuitos, en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI), pero una esta de licencia y otra de vacaciones. Luego de conocerse el dato, el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, intentó explicar que por la “idiosincrasia de la sociedad salteña el aborto es una situación especial”. Lo que el funcionario evitó decir es que su provincia ha sido señalada como la segunda en cantidad de egresos hospitalarios por aborto, después de Buenos Aires.

Según la ley sancionada en diciembre pasado, si bien un profesional puede ser objetor, la institución no puede negarse a garantizarle el derecho a la mujer y tiene un lapso de diez días para responder ante el pedido, lo cual recae en la gestión provincial, sin condicionamientos.

Pero sobre las excusas de los funcionarios que deben hacer cumplir las leyes, en la Campaña Nacional por el Aborto las feministas no parecen muy sorprendidas y todavía recuerdan al intendente tucumano Mariano Campero, que cuando la Ley fue promulgada ordenó que las banderas del municipio de Yerba Buena permanecieran a media asta “en señal de duelo por los bebés que no van a nacer”. También en esa provincia los comités sanitarios parecen copados por objetores de conciencia.

Vale recordar que hasta la legalización del aborto como derecho de los cuerpos gestantes, la provincia del gobernador y médico Luis Manzur no tenía protocolo para garantizar la interrupción del embarazo en casos de excepción, una normativa muy anterior que incluso en 2012 fue confirmada por la Corte Suprema. La misma situación se repetía en Formosa, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes.

Así de difícil parece tener derechos en Argentina, para las mujeres a las que ni la sanción democrática de una norma les garantiza su pleno ejercicio. Tal vez, en este como en muchos otros casos, el gérmen del problema radique en la misma Constitución que confirma esas garantías, pero a la vez todavía sostiene en su artículo 2: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

¿Vale más la fe de algunos o la salud de la democracia? Por ahora, la respuesta parece en manos de cierta “Justicia” y de los gobiernos provinciales.  ♣♣♣

#PA.