Arce avanza en el impuesto a la riqueza y anula normas del gobierno de facto de Áñez

Arce avanza en el impuesto a la riqueza y anula normas del gobierno de facto de Áñez

Tras una sesión que comenzó el miércoles en la tarde, el Parlamento avanzó en el tratamiento de una ley que crea un impuesto a la riqueza, una propuesta electoral del presidente del país, Luis Arce. La norma fue aprobada finalmente durante la madrugada de ayer en la Cámara de Diputados y ahora será enviada al Senado para su tratamiento.

El tributo, denominado “Impuesto a las Grandes Fortunas” (IGF) se aplicará a quienes tengan un patrimonio mayor al equivalente a unos 4,3 millones de dólares y alcanzará al 0,01 % de la población boliviana, según el presidente de la Cámara baja, Freddy Mamani.

El impuesto se cobrará una vez al año y se prevé recaudar el equivalente a unos 230 millones de dólares que se destinarán “exclusivamente a temas sociales” que se definirán en la reglamentación de la ley, agregó.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró hace unos días que este impuesto llegará a unas 150 personas. La población boliviana supera los once millones y medio de personas según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística.

La norma establece que deberán pagarlo los bolivianos residentes dentro y fuera del país y los extranjeros con permanencia por más de 183 días “en forma continua o discontinua” en un periodo de 12 meses. El tributo se aplicará progresivamente con alícuotas del 1,4, 1,9 y 2,4 %, según el monto del patrimonio.

El presidente Arce resaltó en Twitter la aprobación de la norma junto a otra que establece un reintegro en efectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los trabajadores que ganen como máximo el equivalente a unos 1.294 dólares.

Ambos proyectos de ley están “dirigidos a reactivar la economía” boliviana, aseguró el mandatario. El Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría en ambas cámaras parlamentarias.

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Observaciones y críticas

La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, hizo diversas observaciones al proyecto, la más relevante fue la necesidad de poner un límite a la temporalidad de la norma, señaló a los medios el diputado Walter Arizaga.

“No es una ley que no tiene límites en el tiempo, sino que es una ley que tiene vigencia durante el año 2020 y 2021”, indicó el parlamentario. Arizaga agregó que es importante establecer aquello “porque es una ley de emergencia y una emergencia no puede durar toda la vida”.

Cuando el proyecto pase al Senado, CC también buscará que se establezca que el dinero recaudado mediante el IGF se destine “exclusivamente a atender las falencias del sistema de salud”, teniendo en cuenta que la norma surgió por la emergencia sanitaria.

La senadora Centa Rek, de la alianza opositora Creemos, lamentó por su parte la aprobación de la norma, “no por el número de contribuyentes en los que recae, sino por la señal que se está dando”, pues a su juicio el nuevo tributo desincentivará el ahorro y la creación de empleos.

El gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, consideró que “no es la mejor señal crear impuestos” ni incrementarlos en un contexto de recesión como el actual. Un gravamen a la riqueza se interpreta como “castigar al exitoso, no estimular a generar riqueza que al final del día se traduce en empleos, en bienestar, en mejor calidad de vida para los ciudadanos”, lamentó Rodríguez.

Bolivia prevé cerrar el año con un 8,4 % de contracción de su producto interior bruto (PIB), por encima del 6,2 previsto anteriormente, aunque menos del 11,1 % adverso alcanzado a mitad de año.

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El Gobierno anula normas económicas de la gestión de Áñez

El Gobierno anuló ayer una serie de normas económicas promulgadas por la expresidenta de facto Jeanine Áñez al considerar que “favorecían a grupos de poder” y que “no estaban bien fundamentadas“.

Arce, explicó en Twitter que junto a sus ministros decidió derogar al menos siete decretos de la gestión transitoria de Áñez que con “el pretexto de la pandemia favorecían a ciertos sectores y grupos de poder con ventajas impositivas y otros beneficios“.

Más tarde, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que la anulación de estas normas se debe a que “tienen errores en su diseño”, “no están bien fundamentadas”, no tienen recursos y que presentan “errores de implementación”.

Las normas anuladas estaban enfocadas a reactivar la economía del país en medio de la pandemia de la Covid-19, indicó Montenegro.

“Hemos establecido que no tenía ningún sentido que sigan presentes si no han funcionado y vamos a ir elaborando otras normativas que tengan sentido para la reactivación económica”, manifestó el ministro.

Entre los decretos anulados está uno que liberaba las exportaciones al dejar sin efecto un certificado de abastecimiento interno y precio justo creado en el Gobierno del expresidente Evo Morales y que se exigía a los empresarios para las ventas al exterior.

Montenegro aseguró que durante los 14 años del gobierno previo del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Arce y Morales, “siempre se ha privilegiado el mantenimiento de la seguridad alimentaria y el abastecimiento oportuno de la demanda interna” y que la norma que dejó sin efecto esa certificación “no privilegia aquel efecto”.

“Hemos decidido abrogar este decreto para restituir este certificado del abastecimiento interno a precio justo para la exportación de productos sensibles en el mercado nacional e internacional”, sostuvo. El ministro señaló que estas normas anuladas han significado “un sacrificio fiscal muy grande” y que se tiene pendiente una deuda tributaria equivalente a unos 286 millones de dólares.

#PA.