Primero vinieron por ellos

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Por Fernando Oz

En marzo, la organización internacional Reporteros Sin Frontera (RFS) denunció que la censura de los medios de prensa en China contribuyó a expandir el coronavirus en el mundo. Analizaron los acontecimientos ocurridos en los inicios de la epidemia y su nula repercusión en los medios de comunicación.

En el informe publicado se indica que “sin el control y la censura impuestos por las autoridades de China, los medios chinos habrían informado a la ciudadanía mucho antes de la gravedad de la epidemia de coronavirus, salvando así miles de vidas y evitando, quizás, la actual pandemia”.

Una investigación publicada el pasado 13 de marzo por la Universidad de Southampton (Inglaterra) devela que Pekín podría haber reducido en un 86% el número de contagios si hubiera impuesto dos semanas antes las medidas de confinamiento que adoptó el 22 de enero. Sin embargo, el primer caso documentado de una persona infectada por el nuevo coronavirus se remonta al 17 de noviembre, un hombre de 55 años de la ciudad de Wuhan, según el South China Morning Post, que alude a datos gubernamentales.

Pero aun cuando en ese momento los médicos solo hubieran podido certificar una “neumonía de origen desconocido”, un mes después, el 20 de diciembre, las autoridades ya sabían que al menos 60 pacientes en Wuhan sufrían una “neumonía desconocida similar al SARS” y que varios de ellos habían frecuentado el mercado de pescado de Wuhan. “Si las autoridades no hubieran ocultado a los medios la existencia de un brote epidémico vinculado a un mercado muy popular, el público habría dejado de visitar este lugar mucho antes de su cierre oficial, el 1 de enero”, reflexiona RFS. Claro que este es un solo ejemplo de decenas de casos.

El día que China alertó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la existencia de una neumonía de origen desconocido, obligó a la plataforma de discusión WeChat a suprimir un gran número de palabras clave que aludían a la epidemia. La experiencia de lo que sucedió en ese país nos sirve para reflexionar sobre la importancia de los medios de prensa y de su independencia. Todo acto ejercido por cualquier ciudadano, más si se trata del Estado o cualquier poder económico, contra la libertad de prensa debe ser repudiado por toda la sociedad porque atenta contra la democracia y el bienestar general. 

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Semanas atrás el diario Primera Edición denunció públicamente haber sufrido claros intentos de amedrentamiento en su derecho de libertad de prensa. Hablamos de uno de los principales diarios de la provincia y con una trayectoria impecable. 

En su edición del 21 de junio, el matutino publicó un impecable editorial titulado Cercenar la libertad de prensa es dar oscuridad. En uno de los párrafos dice, con toda contundencia y lógica, que la “maniobra contra el diario no es un dato menor, forma parte de una metodología, de una forma de actuar, que podría conducirnos a los días más oscuros de nuestra sociedad”.

Tal como bien dice el matutino que dirige Marlene Wipplinger, la libertad de prensa es un derecho consagrado para todos y defenderla es una obligación de todos. Ninguna sociedad puede desarrollarse no habiendo libertad de elección.

El diario indica que el intento para censurar su voz es para que su “lector y la población en general desconozcan qué hacen con un servicio público que pagan todos los misioneros”. “Quieren seguir haciendo negocios sin que aparezca la mínima crítica, apostando al relato instalado a partir del poder económico. Tratando de instalar que quien descubre sus verdaderas intenciones miente”, se lee en el artículo.

No he visto que los principales medios de Misiones se hayan solidarizado con Primera Edición, tampoco he visto que la comunidad periodística haya alzado la voz al respecto. Pero lo que más me preocupa es que ningún sector político haya dicho algo, tampoco se dijo nada desde el Gobierno de Oscar Herrera Ahuad, un ex colega que entiende muy bien sobre la importancia de la prensa.

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La semana pasada, salió a la luz una polémica Acordada del Superior Tribunal de Justica donde se modifica un artículo del Reglamento Interno del Poder Judicial poniendo en riesgo la libertad de expresión de los empleados judiciales, quienes pueden ser sancionados si se observa alguna “conducta irreprochable” (término difuso) “en el uso de las distintas plataformas digitales de comunicación”.

Con toda lógica, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación emitió un comunicado en contra de la desafortunada postura de los cortesanos. “Hacemos saber que en el hipotético caso de que la interpretación realizada no sea conforme a derecho, lo entenderemos como intromisión a la vida privada de nuestros afiliados y accionaremos por las vías, acciones e instancias pertinentes, sea administrativa, laboral, civil o penal”, se lee en el escrito.

Según el diario Primera Edición –uno de los pocos medios que se hizo eco del asunto–, varios actores judiciales consultados coincidieron en opinar que la Acordada “es una barbaridad jurídica, es entrometerse de manera directa en la vida privada de los agentes judiciales, esto es violatorio del derecho a la intimidad, consagrado en la Constitución y violatorio de los derechos humanos”.

En esta situación, los empleados del Poder Judicial tuvieron la suerte de contar con el apoyo de la comunidad que trabaja todos los días en los tribunales de la provincia. Pero, al igual que el caso de los aprietes a Primera Edición, el silencio del Gobierno provincial no resulta más que llamativo.

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La actitud ciberpatrullera no es nueva. Aún no quedó del todo claro la raíz del allanamiento, durante los primeros días de abril, a la casa de Alicia Arruda en la localidad de Oberá, donde se encontraba durmiendo el secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani.

“Conforme a tareas de Patrullaje Virtual se observa en la red social Facebook un perfil identificado como Alicia Arruda, quien comparte una convocatoria para participar de un cacerolazo, atento a ello en forma inmediata se dio aviso al Juzgado en turno, quien dispuso la ubicación de la persona”, comunicó oficialmente la Dirección de Cibercrimen de la policía de la provincia. Más allá de los presuntos delitos de la imputada y de la prueba que se haya reunido durante el allanamiento, nadie aclaró qué tipo de “ciberpatrullaje” hace el Gobierno sobre las redes sociales de los ciudadanos de la provincia.

Todos conocen aquel poema escrito por Martin Niemöller “Primero vinieron…”, que fue adaptado varias veces y utilizado como bandera de muchas luchas sociales.

Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada,
porque yo no era socialista.   
Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada,
porque yo no era sindicalista.  
Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada,
porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.

El poema, en sus diferentes adaptaciones, fue incorporando a los católicos, a los comunistas, a la iglesia, a los civiles de los países ocupados por los nazis, incluso a los periodistas. Niemöller era alemán y pastor luterano, y su escrito, en principio, había sido dirigido a los intelectuales alemanes que no decían nada frente al avance del nazismo.

Creería que no hace falta aclarar que nada tiene que ver el nazismo con lo que sucede en la provincia. Simplemente es que el poema de Niemöller se puede adaptar a distintos casos. Alguien lo resumió de una manera impecable: “es un poema que nos habla de la persecución, la culpa y responsabilidad social”.

Quienes hacemos este espacio de lectura, nos solidarizamos con el diario Primera Edición y condenamos cualquier acto que atente contra la libertad de prensa.        ♣♣♣

#PA.

1 de julio de 2020.
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