¡Si a la 24!

¡Si a la 24!

Por Adrián Machado


Los votantes de California tienen la oportunidad de aprobar una nueva norma que garantice el derecho a la privacidad de los datos en Internet. En la misma elección en la que elegirán el binomio presidencial que gobierne el país hasta 2024 también podrán optar por la propuesta 24: Ley de derechos de Privacidad.

Además de elegir presidente y vice, este 3 de noviembre los ciudadanos estadounidenses votarán por distintas propuestas sobre temas locales a lo largo de todo el país, algo habitual en el sistema político de los Estados Unidos. Los electores del Estado de California no son la excepción, ya que tendrán a disposición una lista de más de diez iniciativas en la boleta electoral, entre las que se cuenta una ley de privacidad de datos en Internet que podría repercutir en toda la nación.

Los californianos decidirán sobre la revocación o no de la prohibición de considerar la raza y el género en las decisiones de contratación y admisión, los impuestos a la propiedad comercial dentro del Estado, el acceso al voto de jóvenes de 17 años y personas en libertad condicional, el control de los alquileres y el financiamiento de células madre, entre otros temas. Estas medidas se votan por si o por no y califican para su votación mediante la firma ciudadana de las peticiones o a través de la postulación de los legisladores. En la boleta de noviembre -o si se ejercer el voto anticipado- las propuestas aparecerán enumeradas del 14 al 25. Nos vamos a detener en la número 24: reglas de privacidad para el consumidor.

La misma consiste en la ampliación de una ley vigente sobre privacidad de datos online de las personas, esta normativa entró en vigencia a principios de año y exigió a las empresas que hagan público si la información de los usuarios se recopila y/o vende. En tal caso, la persona afectada puede solicitar que se elimine la información. La propuesta 24 suma derechos, apunta a evitar que se comparta la información personal de los internautas y limita el uso de los datos personales por parte de las empresas -geolocalización, raza, etnia, religión, afiliación sindical, datos genéticos, orientación sexual e información sensible sobre salud-. Además, limita el tiempo que la información puede ser retenida y triplica las sanciones máximas por violaciones a la ley que involucren a menores de 16 años.

Otro punto importante que plantea la iniciativa es la creación de la Agencia de Protección de la Privacidad de California, que estará formada por una junta de cinco miembros y tendrá plenos poderes administrativos, autoridad y jurisdicción para implementar y hacer cumplir la norma -la Autoridad de Aplicación de la ley vigente es el Fiscal General de California-.

La propuesta que se votará a principios del mes próximo tiene especial relevancia debido a que se puede convertir en una normativa nacional de facto por estar afincadas en el Estado californiano las principales empresas tecnológicas. Un aspecto saliente de la normativa es que se encuentran en el centro de la escena, una vez más, Google y Facebook: la vigilancia y capitalización de los datos de los usuarios, incluso fuera de sus plataformas, ha minado la confianza en la economía digital. La iniciativa se propone cerrar las lagunas legales de la ley vigente y, mediante la devolución del control de los datos a los usuarios, ayudar a recuperar parte de esa confianza perdida.

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El mercado de los medios de comunicación puede ser uno de los sectores beneficiados si la propuesta es aprobada. En un proceso de transformación del modelo de negocios, muchos medios intentan pasar del modelo de publicidad digital al de suscripciones. Y allí puede ayudar la California Privacy Rights Act -CPRA-: ofrecer membresías a quienes opten por no compartir sus datos de manera general. Una de las críticas que recibe la iniciativa señala que se pondría un precio a la privacidad, aunque este planteamiento puede ser desestimado si se entiende como una oportunidad para los usuarios y una ampliación de la competencia mediática: mayor oferta para los consumidores y flexibilidad en cuanto al modelo de negocios para los editores de noticias.

Por último, y quizás lo más importante, la CPRA cierra los vacíos legales que podrían ser explotados por las grandes plataformas. Uno de ellos es lo que se conoce como el “cambio de lenguaje”, que claramente alinea las obligaciones de terceros para servir a los intereses de los usuarios. El texto señala que cuando un consumidor ejerce sus derechos de exclusión voluntaria y un editor transmite su elección a todas las empresas con las que trabaja -terceros-, dichas compañías deben dejar de reutilizar esos datos para cualquier otro fin.

Básicamente, esto obliga a esas empresas a volver al papel de proveedor de servicios. El “cambio de lenguaje” también evita cualquier margen de maniobra al no permitir que los contratos anulen este requisito. Como se desprende del caso europeo, plataformas como Google y Facebook a menudo utilizan su enorme poder de negociación para obligar a los medios de comunicación a ceder los derechos de datos, por lo que esta sección de la norma es muy importante para los medios más pequeños que no tienen el poder para obligar a Google o Facebook a dejar de extraer datos de sus plataformas.

Finalmente, la propuesta 24 aclara que los editores no son responsables de los terceros que infrinjan el apartado anterior, siempre que no tengan conocimiento real de la infracción. En conjunto, estas disposiciones reflejan una comprensión profunda de cómo fluyen los datos en la economía digital. También ponen la responsabilidad directamente en las grandes empresas tecnológicas en cuanto a adaptar sus prácticas de recopilación de datos de acuerdo a las preferencias de los usuarios.

Toda ley es imperfecta per se, al mismo tiempo que inevitable, fundamentalmente en cuestiones relacionadas a la privacidad en línea. El lobby de las Big Tech se centra en subrayar que perjudicará a todos los medios de comunicación que no son Facebook o Google. Por supuesto que la iniciativa puede mejorarse, pero se adecua a los intereses personales de cada usuario: relaciones directas basadas en la confianza, en lugar de manipulación y venta de datos privados. El eje de la disputa es que a corto plazo, si se aprueba la propuesta 24, los anuncios bajen su precio al contar con menos datos para hacerlos más precisos y personalizados. ♣♣♣

#PA.

Domingo 11 de octubre de 2020.