Reformar el federalismo

Reformar el federalismo

Por Adrián Machado


Apuntes sobre la desigualdad existente entre las provincias argentinas.

“Soy el más federal de los porteños”, es una frase que repite con cierta frecuencia el presidente de la Nación. Tiene una enorme oportunidad de ponerla en práctica.

El abordaje de la pandemia ha sido afrontado de manera federal: reuniones periódicas con gobernadores para evaluar la situación en cada rincón del país, las decisiones sobre la duración y el alcance de las medidas de aislamiento han sido delegadas en los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La descentralización de los laboratorios con capacidad de testeo, mediante el equipamiento de los mismos, también fue una decisión en ese sentido. Es importante destacar esta cuestión porque no descansa únicamente en lo que pueda establecerse en un texto como la Constitución Nacional, hay países que adoptan también un modelo federal como sistema de gobierno pero que han tenido un programa sanitario muy distinto al argentino, Brasil y los Estados Unidos, por ejemplo.

Las medidas tomadas, con las enormes dificultades e inconvenientes que atraviesa Argentina, pueden generar la inercia necesaria para plantear fortalecer y modificar el sistema federal, con el objetivo de lograr un país más justo y menos desigual.

En estos primeros seis meses de gobierno, Alberto Fernández ha recibido elogios en relación a la agenda y el tratamiento federal por parte de gobernadores y legisladores de distintos espacios políticos. Es un primer paso, falta ahondar y ejecutar diversas acciones.

Una cuestión constantemente debatida y mencionada en la esfera pública es la de la Coparticipación Federal de Impuestos -CFI-. Con la reforma constitucional de 1994 se dispuso la creación de un nuevo régimen de CFI, el cual debería haber sido aprobado antes de terminado el año 1996. Todavía no se logró sancionar una ley Convenio entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que defina un sistema de asignación de recursos entre las provincias. Dicha ley debe ser solidaria, equitativa y tiene que asegurar la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

En el marco de coparticipación actual, un caso de inequidad es el que sucede con la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el 39% de la población del país. Sus habitantes reciben una CFI que equivale a la mitad de un ciudadano cordobés o santafesino y a una quinta parte de lo que obtiene alguien de Catamarca o Tierra del Fuego. En unas pocas cifras se observan las consecuencias de esa distribución: la indigencia en el conurbano bonaerense -donde vive el 25% de la población- es la más alta del país y con el mayor porcentaje de desocupados, servicios esenciales como el agua de red y el sistema cloacal también se ven restringidos.

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Las inequidades del sistema tributario

Un aspecto central para aspirar a una menor desigualdad estructural es el sistema impositivo de la Nación y las provincias. Como argumenta la investigadora -Doctoranda en Desarrollo Económico- Magdalena Rúa, la presión tributaria en Argentina es más baja para los sectores sociales más altos. Con datos de 2018 se puede analizar el caso de la provincia de Buenos Aires: el 10% más pobre soporta una presión tributaria del 14,2%, mientras que el 10% más rico carga con un 9,1%. Esto se explica, en parte, porque los estratos bajos y medios no pueden reducir la carga tributaria trasladando sus capitales al exterior.

La otra parte importante que explica esa situación es la regresividad del sistema tributario nacional. Según los últimos datos disponibles de la recaudación de Buenos Aires, ésta se distribuye de la siguiente manera: 69,9% Ingresos Brutos; 9,1% Impuesto a los Sellos; 8,3% Inmobiliario; 8,2% Automotor y 4,5% en la categoría Otros. El más regresivo es el más importante en términos de recaudación: el impuesto a los Ingresos Brutos.

El 10% más pobre carga con una presión de este impuesto 3,54 veces mayor que el 10% más rico de la pirámide social. Representa un 14% del ingreso total familiar de los hogares del decil más pobre, mientras que menos del 4% del ingreso de los hogares del decil más rico. Esto sucede porque dicho impuesto se traslada plenamente al consumo final y los hogares pobres consumen una mayor proporción de sus ingresos. De manera inversa, el impuesto inmobiliario y el automotor representan una mayor proporción del ingreso total familiar para aquellos que se sitúan en los deciles más elevados.

La pandemia acentuará estas diferencias, por lo que la discusión legislativa acerca del sistema impositivo es ineludible, el mismo presidente lo adelantó. A través de la vía impositiva se puede redistribuir el ingreso y gravar de manera progresiva a sectores con mayor capacidad contributiva. En un análisis histórico se aprecia que cuando el sistema impositivo fue más progresivo y aumentó su capacidad recaudatoria, la estructura social se volvió más igualitaria e inclusiva. El coeficiente Gini -un indicador de la desigualdad que cuanto más cerca de 1 se encuentra es más desigual- mejoró en los periodos en que el sistema aumentó su capacidad de recaudación.

Una temática que se desprende la tributación tradicional y requiere tratamiento es el de las empresas digitales, las mismas no requieren de presencia física para prestar servicios y eluden impuestos en todo el mundo al ubicar sus ganancias en guaridas fiscales. Según Fair Tax Mark, Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple y Microsoft habrían evadido 100.000 millones de dólares en todo el mundo durante la última década. El criterio de presencia económica puede ayudar a que estas empresas tributen en los lugares donde prestan servicios, por ejemplo, la cantidad de usuarios que tienen en cada territorio puede ser un elemento a ser tomado en cuenta.

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La incapacidad de cobrarle impuestos a los ricos

El Licenciado en Economía Horacio Rovelli señala un aspecto nodal en la decadencia de buena parte de las provincias argentinas: la deficiencia en el cobro de impuestos a la propiedad. Los sub estados tienen una doble vía de dependencia con el gobierno nacional: dependen de la distribución de los recursos coparticipables como de las transferencias corrientes y de capital que la Nación decida efectuar. Son incapaces de cobrar impuestos a los sectores más ricos: el Impuesto Inmobiliario Rural -en un país que produce grandes rindes por hectárea de soja, maíz, trigo, cebada y otros granos- representa solamente el 0,3% del PIB.

Volvamos al ejemplo de la provincia de Buenos Aires, dijimos que Ingresos Brutos representa casi el 70% de lo recaudado. Esto se contrasta con un impuesto directo como el que grava al inmobiliario rural, que pagan los dueños de la tierra, que explica el 2,6% de la recaudación. En otras palabras, recauda menos de lo que pagan los propietarios de viviendas de los distintos cordones del Gran Buenos Aires.

En general, la estructura tributaria nacional se compone de impuestos que gravan el consumo, ganancias y bienes patrimoniales. Dos tercios son gravámenes al consumo, el IVA representa el 7,8% del PIB, por ejemplo. Ganancias, en cambio, explica el 4,9% y el patrimonio representado en Bienes Personales lo hace en un 0,1% del PIB.

El grueso de las provincias ofrece enclaves productivos con muy poco multiplicador de trabajo e inversión en la región, con mínima contribución al fisco y un aprovechamiento total de las ventajas comparativas que puedan existir.

Mendoza, por ejemplo, ocupa la mitad de sus explotaciones agrícolas en la vitivinicultura. Tiene el 70% de los viñedos y de la producción del país, lo que convierte a la provincia en el principal centro dedicado a esa actividad en el Argentina y América. La riqueza generada se reparte entre los grandes productores y los fraccionadores de vinos, el precio lo regula el mercado. Existe una gran asimetría entre los productores: precio y plazo lo determinan los grandes industriales, por lo que el productor de uvas queda rehén de ese sector. Sumada a esa cuestión se encuentra la cartelización y extranjerización de las bodegas -francesas, estadounidenses y chilenas-.

Salta replica el modelo dependiente del exterior. Las inversiones son diversas: tierras, ganado, frigorífico -Grupo Juramento, de Jorge Brito-; La Salteña -Pérez Companc-; Pluspetrol -petróleo y litio-; soja -Peña Braun, Alfredo Olmedo-. El modo de producción tipo enclave predomina, de escasa generación de trabajo, por lo que las actividades con mayor nivel de ocupación son los servicios y el comercio -57%-, mientras que la ganadería y la pesca se ubican muy por detrás -18%-.

Finalizamos nuestro pequeño repaso con Chaco, otra provincia con elevados índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y con una débil infraestructura de servicios, lo que agrava la situación. Nuevamente encontramos una pésima distribución de la tierra, donde pequeños productores agropecuarios, campesinos y grupos aborígenes tienen un bajo acceso a la misma. Según un estudio de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, el 80% de los productores chaqueños poseen superficies de hasta 60 hectáreas y, debido a la expansión de la frontera agrícola, se incorporaron un conjunto relevante de nuevas explotaciones de mayores extensiones -de 10.000 hectáreas y más-, que se destinan en su mayoría al cultivo de cereales y oleaginosas, fundamentalmente soja. Es la provincia con mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas fuera del área pampeana, según los datos del Ministerio de Hacienda de la Nación. Dicho proceso fue coincidente con la disminución del peso del cultivo de algodón.

La tarea venidera es enorme y debe ser afrontada de cara a la sociedad. Partir del cumplimiento del artículo 16 de la Constitución Nacional: “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, sería un inicio alentador. Con ese principio como meta se puede hacer frente a la infamia impositiva de los ricos en la Argentina.

Usufructúan la renta agraria, minera, petrolera y financiera. Deben contribuir por ello, de esa manera se podría lograr un crecimiento económico y una mejor distribución del ingreso, ya que se fortalecerían los eslabones de la cadena del proceso productivo y se apuntalaría el mercado interno -para este propósito, es fundamental el rumbo que tome la participación estatal en Vicentin, por ejemplo-. ♣♣♣

#PA.

Domingo 14 de junio de 2020.