Plataformas y clics

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Por Adrián Machado


Las plataformas y su concentración inciden en el ejercicio periodístico, desde las condiciones laborales hasta el pluralismo y la diversidad. Los marcos regulatorios a nivel mundial y el modelo de negocios del periodismo: el caso de la revista Semana.

Santiago Marino y Agustín Espada presentaron en el dossier de noviembre del SiPreBa -Sindicato de Prensa de Buenos Aires- un trabajo titulado “Modelos y casos de regulación de plataformas digitales para la diversidad cultural y periodística” en el que abordan el desarrollo de las comunicaciones convergentes y su afectación al derecho a la información y a la actividad periodística. “Hoy, Facebook, Google, Apple, Netflix, Disney y otras empresas, casi todas financiadas por capitales del mercado estadounidense, erosionan el financiamiento de la producción local de contenidos, capturan una parte cada vez más trascendente de la renta, regulan de facto la oferta y las capacidades de los usuarios para decidir qué información personal puede ser comercializada o no”, indican los autores.

En estas circunstancias el futuro de la actividad periodística se encuentra en riesgo por la creciente precarización laboral, el proceso de “uberización” -pérdida de derechos y beneficios-, con la consecuente desprofesionalización que eso conlleva. Del mismo modo, sostienen los investigadores, las fuentes informativas y el contenido noticioso han perdido calidad, lo cual amenaza a las democracias mundiales.

El estudio recorre la estructura de medios, así como las regulaciones en Argentina; sistematiza experiencias internacionales de incentivo al periodismo y profundiza sobre la discusión en la UE, los países de la OCDE y los de América Latina en el abordaje del cobro de impuestos a la empresas digitales -estadounidenses en su mayoría-.

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El mercado argentino

En el país, durante el último periodo presidencial, dos fueron los ejes en los que se manifestaron cambios: el conjunto de modificaciones a su plexo normativo y las configuraciones de los actores que consolidan la dinámica del mercado. La regulación, destacan Marino y Espada, sirve para garantizar derechos; en Argentina -al igual que en el resto del mundo- no existe una regulación convergente del sistema, mientras el mercado avanza y afirma posiciones.

Las empresas de telecomunicaciones fueron habilitadas a ofrecer TV de pago, también se habilitó al Grupo Clarín a ofrecer servicios de telefonía móvil con 3G y 4G y a DirecTV a brindar internet. En 2018 se decidió que los servicios digitales paguen IVA.

En cuanto a la estructura del sistema de medios nacional, el trabajo asevera que “tiene lógica privada comercial dominante, expone altos niveles de concentración en la propiedad, además de una importante penetración de capital extranjero y centralización geográfica de la producción de los contenidos. Todo permitido y/o profundizado por el marco regulatorio vigente”. Tanto en producción de contenidos como en provisión de servicios de acceso y conectividad los indicadores exhiben altos niveles de concentración y extranjerización. En el mismo sentido se ubican los contenidos OTT –over the top: audio, video y demás contenidos transmitidos por Internet sin los intermediarios tradicionales-. La conclusión es que la estructura mediática local permite la expansión y el crecimiento del mercado, pero no logra una consolidación de modelos de financiamiento e ingresos novedosos.

En cuanto a la publicidad, la misma se mueve con los vaivenes de la economía general. Sin embargo, las plataformas digitales han ido ganando espacio en la última década: en 2019, 1 de cada 4 pesos fueron invertidos en ese terreno. Los que perdieron con ese avance fueron la gráfica, la vía pública y la TV abierta. Por su parte, la radio se mantuvo en línea con la evolución de la publicidad digital. El mercado publicitario argentino tiene una fuerte incidencia estatal, la fragmentación de los datos puede llevar a perder de vista el total de lo invertido: Nación, provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe alcanzan alrededor del 15% del total.

La balanza comercial de bienes y servicios culturales incrementa su balance negativo gracias al aumento de las importaciones relacionadas a los servicios de streaming. Uno de cada dos pesos utilizados para importar en el sector cultural en 2019 se ocupó para este tipo de servicios.

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Regular

La regulación impositiva sirve para que retornen algunos de los dividendos que obtienen las plataformas en los diferentes países, debido a que tributan solo en su país de origen o en alguna jurisdicción fiscal que les garantice pocas obligaciones. El panorama latinoamericano es dispar, pues no existe una estrategia común: IVA, Ingresos Brutos, futuros impuestos específicos para los OTT pero sin destino fijo para lo recaudado; entre esos ejes se mueve el subcontinente.

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico impulsa desde 2018 un debate interno sobre la posibilidad de reformar la política tributaria de distintos países. El objetivo es mejorar la fiscalización de la actividad económica que transcurre cada vez más en plataformas digitales que brindan distintos tipos de servicios y son de distinta naturaleza”, recapitulan los autores. Los servicios digitales incluidos en plataformas dirigidas hacia consumidores finales son objetos del debate: reordenar la capacidad de los Estados en una economía digitalizada, extranjerizada y desterritorializada y conseguir que las multinacionales paguen un mínimo de impuestos, pero que cuya distribución sea nacional para evitar la tributación en guaridas fiscales son los puntos en discusión. El volumen del negocio y los beneficios obtenidos son indicadores tenidos en cuenta para formular recomendaciones regulatorias.

La Unión Europea es otro bloque político de integración que reseña el trabajo de Marino y Espada. Recientemente se modificó la definición para el sujeto alcanzado por el impuesto común, se trata de “presencia digital significativa”, esto es cuando “un Estado miembro en un periodo impositivo si la actividad ejercida a través de la misma consiste total o parcialmente en la prestación de servicios digitales a través de una interfaz digital y cumple, además, una o varias de las siguientes condiciones con respecto a la prestación de dichos servicios por parte de la entidad que ejerce esa actividad, junto con la prestación de tales servicios a través de una interfaz digital por cada una de las empresas asociadas de dicha entidad en términos agregados”. El sistema común del impuesto sobre los servicios digitales alcanza una tasa del 3%.

Australia, Francia, Reino Unido y Canadá son casos que el estudio considera relevantes: pagos a los productores de contenidos por parte de Google y Facebook; posición dominante y acceso a los datos de los usuarios y preservación, a través de políticas proactivas, del pluralismo informativo son tópicos en debate y aplicación en los países mencionados.

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Estímulos para mayor pluralidad

En cuanto a los fomentos y estímulos, en AL no existe un modelo único, cada país va por su lado debido a “las tradiciones de sus sistemas y por el otro el modo en que transitan (o no) el camino a la regulación convergente. Además, existen algunos programas regionales y otros programas nacionales o locales”.

En el plano de la Unesco -Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- se destaca el Fondo para la Diversidad Cultural: una iniciativa que financia con 8 millones de dólares a múltiples proyectos de países en desarrollo, que comprenden una gran cantidad de áreas en el amplio espectro de las industrias culturales. En Latinoamérica Google también interviene financiando medios, lo que se conoce como Google News Iniciative es un programa de incentivos para la producción de noticias. Desde 2018 hasta la actualidad el gigante tecnológico invirtió 26 millones de dólares en 1190 medios de comunicación.

La situación en Europa incluye recursos de larga data gracias a acuerdos regionales, debido a la existencia de la UE. También hay experiencias particulares en cada uno de los países miembro. El Consejo de Europa “pidió a los estados europeos que desarrollen estrategias para apoyar los medios de comunicación profesionales y el periodismo de investigación e independiente de calidad, incluidos los medios online”, explicitan Marino y Espada. Asimismo, recomiendan apoyos financieros y no financieros relacionados con la educación periodística, la investigación de medios, el periodismo de investigación y enfoques innovadores para fortalecer el pluralismo mediático y la libertad de expresión.

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Contenidos locales

Otro aspecto desarrollado en el texto es el concerniente a las obligaciones de producción, cuotas y gravámenes para los actores del sistema. En la región, la investigación señala que están, por un lado, los países -Chile, México, Colombia y Argentina- que utilizan IVA para gravar los sistemas digitales prestados por compañías extranjeras en suelo nacional. Por otro lado, se encuentra Brasil, que tiene tres categorías impositivas estatales -federal, estatal y municipal-, pero ninguna aborda los servicios digitales. Perú y Bolivia no poseen legislación en ese sentido.

Los países centrales y Europa exhiben avances mayores gracias a su experiencia previa en la cuestión. En el pensamiento europeo se fundamenta la intervención del Estado con base en “la centralidad de la protección de los valores propios de la democracia, de los derechos de los ciudadanos” y la necesidad de “un marco legal común basado en el principio de neutralidad tecnológica”, donde “es irrelevante la tecnología que soporta la difusión, lo importante es la caracterización del servicio”.

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Semana

El resumen presentado del estudio “Modelos y casos de regulación de plataformas digitales para la diversidad cultural y periodística” encuentra algunos puntos de contacto con lo ocurrido recientemente con la revista colombiana “Semana”. La tradicional publicación, reconocida por sus investigaciones, mutó en muy poco tiempo, exponiendo de esta manera como las empresas de medios afrontan la actividad periodística en la actualidad.

Desde que su fundador vendió, primero la mitad, la revista a un empresario del sector financiero, el semanario dio un vuelco de 180 grados: casi 20 integrantes de la redacción renunciaron, cambió el control editorial y evidenció el modelo de negocios imperante, así como la vinculación con el poder político.

En poco tiempo el medio pasó de tener como norte a The Economist a reflejarse en la cadena norteamericana Fox News, el viraje fue de liberal a conservador. “Con un estilo emotivo y siguiendo la estela de las tendencias de las redes sociales, la presentadora logró incrementar el tráfico de la página”, afirma el reportaje de El País en referencia a la nueva directora. El trasfondo del cambio también es económico, si no hubiera aparecido el grupo comprador muy probablemente la revista tendría que haber cerrado.

Este recorrido tuvo como objetivo exponer la necesidad de una regulación estatal activa y abierta, con participación ciudadana, en pos de garantizar el derecho a la comunicación, a la información, pluralidad, diversidad y contenido local. ♣♣♣

#PA.

Domingo 22 de noviembre de 2020.
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