Poli-narcos: el verdadero flagelo

Poli-narcos: el verdadero flagelo

Por Mauro Federico


Cuadernos de Campaña

(apuntes de trinchera en un año electoral)

La relación entre narcotraficantes y fuerzas de seguridad es uno de los temas candentes que enfrentan las administraciones provinciales más importantes de la Argentina. Buenos Aires y Santa Fe, por ejemplo, evidencian claros lazos de connivencia entre quienes distribuyen y comercializan la droga en el territorio y los que deberían evitarlo. En el gobierno del saliente socialista Miguel Lifschitz, fueron denunciados 5.525 policías por hechos de corrupción y más de 300 fueron desplazados, la mayoría vinculados a las bandas narcos. En territorio bonaerense, hubo más de 2000 sumarios iniciados y 72 detenidos. Radiografía de un problema al que la política no le encontró solución. Pasen y lean.

Los políticos en campaña intentan exhibir las bondades de sus propuestas (escasas) y ocultar las falencias de sus gestiones (abundantes). Una de estas miserias irresueltas es la corrupción policial. Lamentablemente, no parece estar entre las principales preocupaciones exhibidas en las encuestas, probablemente porque los ciudadanos no terminan de relacionarla con las causas de la inseguridad, ítem que sí aparece entre los más apuntados en los sondeos de opinión. Sin embargo, la clase dirigente sabe que necesita dar una respuesta a los niveles de ingobernabilidad que evidencian las fuerzas de seguridad, lanzadas a una desenfrenada carrera por consolidar el circuito de recaudación ilegal que históricamente controlaron, con la anuencia y complicidad del poder político de turno. Dos provincias en particular tienen eventrada esa corrupción a punto tal que ni siquiera las propias estadísticas oficiales pueden ocultarla: Buenos Aires y Santa Fe.

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SOCIALISMO SIN RESPUESTAS

Los doce años de gobierno socialista en Santa Fe no pudieron conjurar el accionar de los policías corruptos que propiciaron la instalación de las bandas narcos en todo el territorio. En su último trabajo de investigación recientemente publicado bajo el título “BALACERAS, NARCOTRAFICO Y POLITICA”, el periodista y legislador Carlos del Frade sostiene que “la corrupción de la Santafesina ha crecido al mismo ritmo que creció la actividad narco; en 1988 los datos oficiales dicen que se secuestraron en la provincia tres kilos de cocaína, mientras que para 2017 esa cifra arañó la tonelada. En forma paralela, los hechos denunciados por narcotráfico en los que intervinieron integrantes de diferentes fuerzas de seguridad, se multiplicaron por trece: pasaron de 99 en 2015 a 1.262 en 2017. Hasta el año 2015 había alrededor de 130 comisarios denunciados por enriquecimiento ilícito. Nunca se explicaron razones ni consecuencias. El Ministerio Público de la Acusación recibió 5.525 denuncias de irregularidades policiales”.

La causa que llevó al banquillo de los acusados a los integrantes de la banda de Los Monos arrojó una conclusión muy interesante. En los alegatos finales del juicio por narcotráfico que inculpó a la familia Cantero, el fiscal Federico Reynares Solari apuntó contra la policía. Por eso, además de pedir las penas de prisión contra los acusados, requirió que se investigue si los uniformados y otros civiles formaban parte de la banda o eran cómplices. El fiscal también mencionó el “estado de violencia latente y real” que rondaba el negocio. Y profundizó: “Guille Cantero lideraba desde la cárcel Piñero, donde tenía su oficina de dirección de la organización”.

Del Frade apunta un dato demoledor que reparte responsabilidades entre las administraciones provinciales y el gobierno nacional: “Desde el operativo Ajo Blanco en 2008 a las condenas por Carbón Blanco y Narcoarroz, pasaron por lo menos tres toneladas de cocaína por el puerto de Rosario y los llamados depósitos fiscales de la región. Hasta el presente no hubo ninguna manifestación pública de gobernadores y ex gobernadores, de distintos signos políticos, para que la Nación explicara qué pasó y qué sucede en los puertos localizados en nuestro territorio”.

“Si bien la connivencia entre fuerzas de seguridad y delincuentes no empezó con este gobierno, es innegable que desde la administración de Hermes Binner ese vínculo se ha profundizado a punto tal de generar la detención de jefes policiales muy importantes, como fue en su momento el caso del comisario Hugo Tognoli (preso durante seis años) o el recientemente apresado ex jefe de Inteligencia de la Dirección de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta”, completa el legislador en diálogo con Puente Aéreo. La derrota del Frente Cívico y Social en las recientes elecciones a manos de la fórmula Omar Perotti-Alejandra Rodenas le permitirá al peronismo recuperar una provincia que gobernó hasta la llegada del socialismo en 2007 y demostrar si tiene o no la decisión política de ir a fondo en la transformación de una policía carcomida por la corrupción y cooptada por el poder narco.

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UNA GOBERNADORA, EN LA ENCRUCIJADA

Despejadas las dudas respecto a su candidatura y con la mira puesta en la reelección, María Eugenia Vidal enfrenta el desafío de mostrar los logros de su gestión, sin dejar de lado el análisis de los “Debe” que integran el balance tras cuatro años de gobernar el principal distrito de la Argentina. “Somos conscientes que no hemos podido llegar a fondo en nuestra lucha contra los inescrupuloso que deshonran el uniforme, pero logramos sentar las bases de lo que será una reforma integral de la policía, con eje en el combate contra los corruptos”, afirma un funcionario de máxima jerarquía del gabinete provincial.

El destino del actual ministro de Seguridad Cristian Ritondo es la Cámara de Diputados, que aspira a presidir en caso de triunfar en las elecciones de octubre la lista que encabeza en la categoría de postulantes parlamentarios nacionales. Así que Vidal debe definir cómo continuará con la gestión en un área tan sensible donde sabe que tiene tarea pendiente. “No es fácil enfrentar al poder de la Bonaerense y somos conscientes que necesitamos parapetarnos para soportar el contragolpe de los que no van a dejar fácilmente que les quitemos sus privilegios”, continua la fuente. Y agrega: “Cristian ya hizo su tarea, ahora necesitamos un cuadro renovado que esté en condiciones óptimas de enfrentar a ese núcleo duro que siempre apostó al autogobierno de la fuerza”.

El narcotráfico también tuvo mucho que ver con la degradación de los efectivos de seguridad en el distrito. El trabajo realizado por el departamento de Asuntos Internos desde fines de 2015, arrojó resultados muy contundentes: más de 12.500 policías fueron apartados de la fuerza, algo así como el 25 por ciento del total de los uniformados. Solo exclusivamente por connivencia con la venta o protección para la comercialización de estupefacientes, se iniciaron 2075 sumarios, con un saldo de 256 excluídos, 72 detenidos y 65 exonerados. En esa estadística también 1.056 sumarios iniciados por enriquecimiento ilícito sobre un total de 3.000 investigados (esto implica un total de policías en todas las jerarquías desde oficiales hasta comisarios generales, más su entorno, más posibles testaferros).

Algunos de estos episodios tuvieron trascendencia mediática, como el caso de los polis de la Departamental Pilar involucrados en la desaparición de una tonelada de marihuana, en cuya defensa esgrimieron el insólito argumento de que a la droga se la habían comido los ratones; la siniestra trama detrás de los integrantes de la DDI Avellaneda-Lanús involucrados en el cobro de sobornos a supuestos narcos, que culminó con la balacera en la que fue abatido el jefe de Drogas Peligrosas del distrito; o las 160 dosis de cocaína camufladas en chalecos antibalas de la Departamental La Matanza. Pero muchos otros que no cobraron notoriedad, engrosan una estadística que demuestra el preocupante nivel de corrupción que ostenta la fuerza.