Memorias del subsuelo

Por Mauro Federico

Por Mauro Federico


Se sienten impunes. Acusan a sus adversarios de ejecutar las mismas prácticas que ellos perpetraron cuando tuvieron el poder en sus manos. Y hoy sacan patente de perseguidos cuando la misma justicia que manipularon a su favor pretende hacerlos comparecer. El operador judicial más oscuro del macrismo busca infructuosamente escabullirse del accionar de Comodoro Py pidiendo asilo político en Uruguay, mientras avanzan las causas federales que investigan su responsabilidad en el manejo de los expedientes, en complicidad con políticos y medios afines. Ahora hablan de lawfare, cuando se cansaron de denostar a los ex funcionarios y empresarios encarcelados sin condena que denunciaban la arbitrariedad de sus detenciones producto de este mecanismo de manipulación. Otra película guionada, dirigida e interpretada por los tenebrosos habitantes de los “sótanos” de la democracia. Pasen y lean.

En un artículo publicado este fin de semana por el diario El País, de Madrid, su corresponsal en Buenos Aires –el catalán Enric González-, relata los pormenores de una historia que esta semana ocupó espacios en los medios de nuestro país, con un protagonista excluyente: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a quien el autor cataloga como “el hombre del subsuelo de la justicia argentina”. El puñado de sufridos lectores de esta humilde columna dominical suelen comentarme su interés por las referencias literarias con las que elegimos comenzar cada texto y la de este domingo viene a cuento de lo que trajo a mi memoria esta caracterización efectuada por el colega español del máximo operador judicial del macrismo, hoy aguardando que la jueza María Romilda Servini solicite a Interpol su detención tras el rechazo del hábeas corpus presentado ante la justicia charrúa para que lo considere como refugiado político.

Se trata de dos verdaderas joyas de la literatura universal que, casualmente, descansan plácidamente en mi biblioteca. Una de ellas es “Memorias del subsuelo”, de Fedor Dostoievski; la otra, el “Informe sobre ciegos”  de Ernesto Sábato. El “gran ruso” -autor de maravillosas obras como “Crimen y castigo” o “El jugador”- desarrolla a través del subgénero del monólogo interior del protagonista una profunda reflexión acerca de la contradicción que surge respecto a la noción del bien y la libertad, desafiando la idea tradicional de racionalidad. El hombre del subsuelo es oscuro y no actúa con desconocimiento de los principios morales que podrían ser calificados de correctos, sino que actúa, según la explicación que presenta de sí mismo, en contra de sus principios morales con el objetivo de liberarse de ellos.

Por su parte, el prócer de Santos Lugares da cuenta en su relato –originariamente concebido como apéndice de la novela “Sobre héroes y tumbas”– de la existencia de un antiguo complot milenario, regido desde la Santa Sede de los Ciegos, desde la cual, según Fernando Vidal Olmos, obsesivo y canalla autor del informe, se tejen los siniestros hilos que gobiernan el sentido del mundo y de los hombres. El descenso a su particular Hades de este héroe negro, este Sigfrido de las tinieblas, remite por momentos a las grandes tragedias de la antigua Grecia y encierra pasajes verdaderamente escalofriantes que desvelan los instintos más grotescos del género humano. Todo el Informe es una gran metáfora de otra cosa, acaso más profunda y misteriosa, anidada en nuestros propios temores subterráneos inherentes a la humanidad de la que somos partícipes.

En ambos trabajos el concepto de lo real se encuentra asociado con los dominios de lo subterráneo y la oscuridad. Al igual que en “los sótanos de la democracia” -como alguna vez Alberto Fernández definió a las siniestras conexiones entre los servicios de inteligencia paraestatal y la justicia federal- allí permanecen agazapados los “operadores judiciales”. Estos personajes son los encargados de trasladar a los tribunales las presiones o deseos del poder político. “Siempre es una figura oscura, conocida y reconocida pero no incluida en las jerarquías institucionales”, explica González en su brillante artículo periodístico. El abogado Fabián Rodríguez Simón, apodado “Pepín”, fue el operador judicial de Mauricio Macri. Ahora se encuentra prófugo en Uruguay, donde solicitó asilo político como víctima de una supuesta “persecución”.

La incomprensible maniobra de Pepín, que generó bastante incomodidad en el macrismo, puso de manifiesto la desvergüenza con la que cierta dirigencia política utiliza al Poder Judicial para conseguir sus fines políticos y amedrentar a sus adversarios. Técnicamente, Rodríguez Simón debería comparecer el próximo 17 de junio ante Servini para someterse a una indagatoria, en el marco de la causa que lo vincula a las supuestas actividades ilegales para arruinar el Grupo Indalo. Ni bien se enteró que el antiguo operador judicial había pedido asilo y denunciado persecuciones contrarias a los derechos humanos, la titular del Juzgado Federal 1 lo declaró en rebeldía y el miércoles pidió a las autoridades uruguayas que lo localizaran e impidieran su salida del país. El juez uruguayo Marcelo Malvar decidió no hacer lugar al pedido de hábeas corpus presentado por “Pepín” y no podrá permanecer como “refugiado” en territorio uruguayo.

El colega catalán recuerda en su artículo que “el fugitivo es amigo de Macri desde la infancia. El ex presidente utilizó a Pepín a lo largo de toda su carrera política, siempre en funciones delicadas: para expulsar de Buenos Aires a los indigentes cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad, como abogado cuando la familia apareció en los Panamá Papers y como operador judicial durante su presidencia”. Fue Pepín quien organizó la tormentosa transición de poder entre Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente, fue Pepín quien ideó la fórmula para nombrar provisionalmente por decreto a dos miembros de la Corte Suprema sin previa aprobación parlamentaria, y fue él quien tuteló el lawfare de Macri contra su antecesora y sus colaboradores.

Cómo si esto fuera poco, hay que sumar que Rodríguez Simón es –además- integrante del Parlasur, cuyos miembros dejaron de tener fueros en Argentina a instancias de una maniobra del -por entonces- oficialismo que en 2016 pretendió (y logró) que la misma justicia que hoy lo demanda, encarcelara injustamente y sin condena previa a la dirigente jujeña Milagro Sala, también parlamentaria del organismo. Otro dato curioso: esta semana Pepín le dio una entrevista desde su refugio uruguayo al canal La Nación+, propiedad encubierta del ex CEO de SOCMA y la Casa Rosada y explicó que no tenía la menor confianza en la justicia argentina. Curioso, justamente tratándose de alguien que se encargó de “cuadrar” a los jueces según los intereses de su poderoso amigo.

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Los “sótanos de la democracia”

Desde el edificio de Comodoro Py 2002 se controlan casi todas las causas judiciales relevantes para el poder. Durante la última década, esa concentración de poder, potenciada por los perniciosos vínculos con los servicios de inteligencia y los operadores mediáticos, facilitó una verdadera campaña de persecución judicial a opositores políticos.

El intento de Alberto Fernández por desmonopolizar las causas judiciales sensibles es solo una de las patas de la modificación que propone el gobierno del Frente de Todos. La otra es la reasignación de fondos reservados destinados a la AFI y la prohibición de intervenir en procesos criminales. “Es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos. Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, planteó el presidente en febrero de este año para cuestionar el pase de las tres causas por presunto espionaje ilegal perpetrado durante el gobierno de Cambiemos a la órbita de los tribunales de Comodoro Py. “Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, agregó el mandatario.

Es evidente que quienes gobernaron el país entre 2015 y 2019 pretendieron consolidar una justicia que los proteja y les evite el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas y que, para ello, se valió de esta “mesa judicial” coordinada por personajes oscuros como Rodríguez Simón. Todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas y que justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se han asociado a los propósitos del mismo gobierno que los alimentó.

Sólo el éxito de una reforma profunda de esta estructura viciada por las mañas de la política permitirá sanear nuestro sistema de administración de justicia, evitando así que las sombras que anidan en los sótanos al servicio de los poderes corporativos se apoderen de nuestra democracia y la debiliten hasta asfixiarla. ♣♣♣

#PA.

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