Los “Judas” de la Patria

Por Mauro Federico

El entramado de espionaje ilegal diseñado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, está muy lejos de ser la iniciativa aislada de una patrulla perdida en los “sótanos de la democracia”. Por el contrario, responde a un plan sistemático que tuvo a Mauricio Macri como su máximo responsable.

El jueves 8 de diciembre de 1977 a las ocho y media de la noche un grupo de hombres vestidos de civil, que se identificaron como policías, interceptó a un grupo de familiares de desaparecidos que salían de la Iglesia de la Santa Cruz, donde habían estado ultimando los detalles y recolectando la plata para una solicitada que saldría en el diario La Nación dos días después. Se llevaron a nueve personas: la religiosa francesa Alice Domon y los familiares de desaparecidos Ángela Aguad, María Esther Ballestrino de Careaga, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Horane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco y Horacio Aníbal Elbert. Ese mismo día fueron a buscar hasta su atelier Remo Carlos Berardo, quien también participaba de las reuniones en el convento ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal. Dos días después, cuando iba a comprar el diario para ver la solicitada, fue secuestrada en Avellaneda Azucena Villaflor. Al mediodía se produjo la detención de la compañera de Domon, Leonie Duquet.

La pieza clave de aquella operación represiva montada por la Armada durante el gobierno dictatorial, fue un joven marino llamado Alfredo Astiz. La misión de aquel grupo de tareas fue desarticular el incipiente movimiento de derechos humanos que se estaba organizando en el país en plena dictadura militar. El “Angel Rubio” –tal el apodo de Astiz- se presentó ante las Madres de Plaza de Mayo como un supuesto hermano de desaparecido y comenzó a participar de las reuniones de los familiares. Proporcionó los datos que guiaron a la patota de la ESMA hasta la Santa Cruz y terminó su tarea marcando a sus víctimas con un beso.

Como si se tratara de una espeluznante analogía histórica, casi 45 años después de aquel horror, otras mujeres que pedían información al Estado sobre el paradero de sus familiares desaparecidos, fueron infiltradas, espiadas y sus actividades reportadas por un grupo de tareas perteneciente a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de un gobierno democrático. Los desaparecidos fueron los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en el fondo del Mar Argentino el 15 de noviembre de 2017 mientras llevaba a cabo una misión cuya responsabilidad es objeto de una investigación judicial donde se procura determinar las razones del trágico hundimiento. Los espiados eran sus mujeres, madres e hijos, que se reunían para coordinar esfuerzos en el reclamo por el esclarecimiento de los hechos frente a diferentes estamentos de la Armada Argentina.

A las pocas semanas de aquel suceso, una valiente abogada porteña se contactó con estas mujeres y les ofreció desinteresadamente colaborar con esta búsqueda de información en primer lugar y de justicia en última instancia, ya que todas las sospechas conducían a suponer que detrás del siniestro hubo, cuando menos, una mala praxis explícita por parte de las autoridades navales y la consecuente responsabilidad política de las autoridades gubernamentales de turno. La doctora Valeria Carreras fue quien comenzó a organizarlas y a pedir informes con insistencia, hasta perforar la sólida coraza de encubrimiento montada para evitar que se llegue a la verdad. 

En abril de 2018, esa abogada –a quien conocía de anteriores investigaciones periodísticas– vino a verme a la redacción del diario donde por entonces trabajaba para decirme, con preocupación, que suponía estar siendo espiada. Comencé a colaborar con ella para determinar si sus presunciones eran realidad o fantasía. La contacté con otras fuentes, se hicieron algunas pericias tecnológicas y se logró establecer que efectivamente, sus teléfonos celulares habían sido “pinchados”. Lamentablemente hubo más hechos. Intimidaciones, amenazas, seguimientos, todo lo cual no impidió que Carreras y estas aguerridas mujeres siguieran reclamando justicia.

Tras el cambio de gobierno, en 2020 la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, encontró documentación y fotos sobre los seguimientos a los familiares que se centralizaron desde Mar del Plata. Lo hizo mientras relevaba información que le había solicitado el juez Alejo Ramos Padilla mientras investigaba el rol de las distintas bases bonaerenses de la AFI, en lo que se conoció como Proyecto AMBA. Caamaño radicó inicialmente la denuncia en Mar del Plata, donde la instrucción estuvo a cargo del fiscal Daniel Adler. Allí se identificaron los hechos, pero el juez Santiago Inchausti entendió que debía tramitar junto con la investigación que llevaba adelante entonces Ramos Padilla sobre el Proyecto AMBA. Cuando Ramos Padilla dejó Dolores para mudarse al Juzgado Federal 1 de La Plata, la causa quedó a cargo de su subrogante, Martín Bava. Lejos de dormirse, el proceso se mantuvo activo y este viernes produjo un hecho que pocos esperaban: el pedido de indagatoria para el mismísimo expresidente Mauricio Macri.

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“La inteligencia es conocimiento” 

El llamado a indagatoria del 7 de octubre para Macri es solo una parte del extenso documento donde se analizaron diversos episodios de espionaje que sufrieron los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Al analizar la situación, el juez Bava, sostuvo que todas las maniobras eran “de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia” y que el deber del Poder Judicial era “investigarlo y sancionarlo”.

“Se encuentra acreditado que luego de la finalización del Proyecto AMBA y la restructuración de la Agencia Federal de Inteligencia, el espionaje político, social y sindical continuó desarrollándose desde la Delegación de Mar del Plata y todo ello aconteció sin que nada ni nadie lo hubiera controlado. En ese marco, el espionaje ilegal llegó al extremo de llevar a cabo esas mismas acciones contra quienes ya habían sido víctimas del Estado, por haber perdido a sus seres queridos en el marco de un acto de servicio a la Nación. Ello se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”, resaltó el juez.

“Está mal y es igual de ilegal que la Agencia Federal de Inteligencia realice espionaje sobre organizaciones sociales gremiales y/o políticas, como hacerlo respecto de familiares de un submarino desaparecido”, consideró Bava, al momento de analizar dos cuestiones que hay dentro de esta causa y sus ramificaciones. El espionaje a los familiares está enmarcado dentro de la actuación de las ya famosas sedes AMBA de la AFI, desde donde se desplegaron diversas maniobras ilegales. “El hecho de que agentes cubran hasta los reclamos efectuados por cuatro familiares dentro de un predio militar, no hace más que reflejar la especial atención que la Agencia Federal de Inteligencia le prestó a las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, sus reclamos y cada una de sus medidas de fuerza”, puntualizó.

Luego, puso el foco en el hecho de que, durante todo 2018, la agenda mediática y política estuvo centrada en lo sucedido con la desaparición del ARA San Juan. “¿En qué momento esta “comunidad” de hombres y mujeres, reconocidos socialmente como el ideal de la abnegación, se convirtieron en una disfunción del sistema, una amenaza al orden social?”, se preguntó. “La trascendencia nacional e internacional del conflicto suscitado con la desaparición del submarino ARA San Juan; como también por el contenido de los documentos de inteligencia hallados al respecto, se descarta cualquier argumento de ‘cuentapropismo’ y/o extralimitación de agentes de ‘bajo rango’ y pone en el centro de la escena a las más altas autoridades políticas de aquel entonces”, aclaró. La postura de cuentapropismo fue abordada en más de una ocasión en este expediente y en otros por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

“Se encuentra acreditado que la Agencia Federal de Inteligencia se dedicó en forma sistemática a la recolección, sistematización, análisis y producción de inteligencia vinculada con los y las familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, marcó y detalló el juez que eso implicó el registro de reuniones, manifestaciones públicas, misas, audiencias en órganos legislativos, visitas al entonces Presidente de la Nación, y otra serie de eventos y reclamos, “que implicaron la compilación exhaustiva de datos personales de las personas espiadas y hasta la infiltración en los reclamos que llevaban adelante”. Todo esto está prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia.

Es significativo el modo en el que Majdalani ejerció su legítimo derecho a su defensa. En uno de los escritos presentados, la ex Señora 8 sostuvo: “A la AFI, en realidad, no le interesa cuál es el motivo de la reunión, de la manifestación o de la protesta; los ciudadanos tienen derecho a protestar, a manifestarse, a peticionar libremente, la agencia ni interfiere, ni opina, ni juzga respecto del reclamo en sí, del fondo de la cuestión; la agencia lo que hace es velar, velar, por la seguridad interior, la agencia está atenta a la forma de la manifestación, a si puede esa reunión convertirse en un riesgo, a si puede esa reunión ser infiltrada por algún grupo revoltoso y entonces ocasionarse una situación riesgosa, eso es lo que hace la agencia y eso es lo que corresponde que haga y eso es lo que hace cumplimentando con la ley”.

Para el juez, esa admisión colisionó directamente con lo que habilita la ley de inteligencia: “La imputada admite que durante su gestión la Agencia Federal de Inteligencia se inmiscuía en movilizaciones políticas con el pretexto de ‘velar por la seguridad interior’”. Cuestionó entonces que Majdalani haya dicho que la información que se recolectaba, por más de que no fuera útil ni un “peligro para la sociedad”, se guardara para “futuros análisis” en lugar de destruirse. En esa línea, consideró que se analizaron los perfiles de redes sociales de familiares de los tripulantes y se agregaron a los informes las opiniones que tenían sobre el gobierno. “No se observa cuál es el valor que puede representar esa información para futuros análisis, a menos que los mismos no guarden relación con la defensa de la seguridad interior, sino con el nivel de aprobación de la gestión de gobierno”, concluyó el juez.

“Majdalani pretendió justificar, adjudicando razones de seguridad presidencial, que los agentes de la AFI hayan realizado un informe colocando a dos mujeres -esposa y hermana de dos de los tripulantes desaparecidos-, que las hayan fotografiado e identificado y hasta hayan adjuntado sus perfiles de redes sociales en las que se indicaban cuáles eran sus opiniones sobre algunos funcionarios del entonces Gobierno Nacional y sobre el manejo que estos tenían respecto la desaparición del submarino”, remarcó el juez. “¿Qué amenaza a la seguridad interior o a la seguridad presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y/o militares que lo único que querían era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la República en aquel entonces?”, se preguntó.

“Sostener la idea de que puedan hallarse factores de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional en eventos de este tipo, nos remonta a inaceptables épocas anteriores a la recuperación de la democracia, en las que se efectuaban similares tareas de espionaje político interno, recopilando información de numerosos ciudadanos en base a su militancia sea esta partidaria, gremial, comunitaria, etc. Esa producción de inteligencia ilegal no pudo deberse a una concatenación de ‘extralimitaciones’ sino a una directiva precisa emanada de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, remarcó. En esa línea, mencionó que los informes se hicieron después de las manifestaciones, donde ya no había posibilidad de evitar supuestamente las vulneraciones a la seguridad.

“El informe es ilegal porque no había argumento que justificara su realización, es ilegal porque se individualizó injustificadamente a esas personas, es ilegal porque se las fotografió y es ilegal porque luego de eso se compulsaron sus perfiles de redes sociales con sus opiniones personales sobre la gestión del gobierno de turno y se agregaron todos esos datos al informe”, resaltó al respecto de uno de los informes que se analizaron y encontraron. 

“El hecho de que se hayan encontrado numerosos documentos que refieran el espionaje contra los familiares de los tripulantes, además de dejar en evidencia la ilegalidad del accionar, es un argumento más que permite demostrar la planificación y la orden de los eslabones superiores del organismo de inteligencia”, estableció. Al mismo tiempo, trajo un comentario de Majdalani sobre el armado de “carpetas” y como quedaban “en consideración del Presidente de la Nación”. “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, sostuvo.

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Macri y su peligrosa manía de espiar

No es la primera causa en donde se investiga el fetiche James Bond del expresidente. Según consta en otros procesos judiciales en curso, Macri ha espiado a su entorno, a sus colaboradores directos, a sus socios políticos y hasta a su propia familia. Los métodos –que no se diferencian en mucho de los utilizados por los Grupos de Tareas de la dictadura militar– dejan en evidencia el poco apego del fundador del PRO a las reglas de la convivencia democrática.

En el fallo de Bava se mencionó el rol de Presidente y cómo ordenó y posibilitó entre diciembre de 2017 y fines de 2018 “la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

“En este contexto, el Presidente de la Nación no solo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político en la determinación de los lineamientos y objetivos estratégicos”, resumió el juez.

Por último, dijo que Macri “impartió las directivas generales para el desarrollo de las conductas antes descriptas y para ello, destinó recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos y logísticos para llevar adelante las tareas ilícitas”.

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#PA.

3 de octubre de 2021.

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