Libertad de contagiar

Libertad de contagiar

Por Mauro Federico


La disyuntiva entre quienes plantean la necesidad de cerrar todo para evitar la propagación de la pandemia y los que se aferran al respeto irrestricto de las libertades individuales, esconde un debate más profundo acerca del rol que le cabe al Estado en la protección de la ciudadanía. En los albores de una segunda ola que parece haber llegado, la inmensa mayoría que se cuida y cumple con los protocolos recomendados por los especialistas se ve jaqueada por el accionar irresponsable de quienes utilizan el argumento libertario para justificar el verdadero atentado contra la salud pública que representa viajar al exterior desatendiendo los sabios consejos de los funcionarios, adulterar los PCR para ingresar al país o asistir a fiestas clandestinas sin ningún tipo de recaudo. Pasen y lean.

John Stuart Mill fue un filósofo, político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo que -como buen liberal- fue defensor a ultranza de las libertades individuales en oposición al control estatal y social ilimitado. Si bien su vida y actuación pública transcurrieron durante el siglo XIX, su obra es objeto de debates hasta el presente. Una de las principales controversias que propuso en sus trabajos quedó reflejada en el libro “Sobre la libertad”, donde el autor se refiere a la naturaleza y límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo.

El principal argumento que utiliza Mill para validar su teoría es el “principio del daño” o “principio del perjuicio”, según el cual “cada individuo tiene el derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a otros”, es decir, que el individuo ha de ser libre para hacer cuanto desee mientras no genere un perjuicio al prójimo.

“El único propósito por el cual el propio poder puede ejercerse adecuadamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es la prevención del daño ajeno. En la parte que solo atañe a uno mismo, su independencia es, por derecho, absoluta. Sobre sí mismo, su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. La única parte de la conducta de una persona por la cual ésta es dócil ante la sociedad es aquélla que concierne a los demás”, asegura el filósofo.

En un estado de derecho, la búsqueda de ese equilibrio entre el interés individual y el colectivo, tiene un árbitro que -enmarcado por la legislación vigente- pone los límites correspondientes a quienes pretenden incumplir con estos principios basales de cualquier sociedad. Ese intermediador es el Estado. Argentina cuenta con un sistema de gobierno configurado a partir de una matriz presidencialista que le otorga a la figura del primer mandatario un rol paternalista. Y eso guarda relación con aspectos del perfil psicológico de la población, que algunos estudiosos han considerado “regresivos”.

De hecho, la expectativa paternalista de Estado, consiste en la creencia que el sentido del Estado es asegurar la existencia de cada uno. Esto implica una intervención estatal para garantizar el trabajo o la asistencia de los habitantes, con el objeto de posibilitar la supervivencia del conjunto. Así, el Estado no aparece como la instancia para sostener reglas y generar condiciones de convivencia y desarrollo sino para garantizar la existencia de todos y todas, como si se tratara de un derecho natural.

Lo ocurrido durante la pandemia evidenció con nitidez el costado más perverso de aquellos sectores que, enancados en la defensa de las libertades individuales, boicotearon las medidas adoptadas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, sin importar las consecuencias que estas acciones tuvieran en la salud de la población más vulnerable. Incluso, muchos de estos personajes vulgarmente identificados con el mote de “anti-cuarentena”, llamaron a rebelarse ante el “poder de un Estado opresor” y hasta atentaron contra el proceso inmunizatorio iniciado con la llegada de las vacunas.

Tras una semana complicada en la que los contagios se dispararon a los niveles más altos del 2020 preanunciando la llegada a nuestro país de una inevitable “segunda ola”, la incertidumbre nuevamente se apoderó del conjunto de la ciudadanía más preocupada por la evolución de la pandemia, en claro contraste con la inconsciencia evidenciada por esa minoría omnipotente que solo mira su propio ombligo, sin reparar en el impacto epidemiológico negativo de sus actos imprudentes.

En ese marco, se produjo este fin de semana un contrapunto que grafica con meridiana claridad este confronte ideológico. El cruce se produjo en el habitual escenario que hoy tienen los debates políticos, que no es otro que la red social del pajarito. Los contendientes fueron una de las funcionarias que mejor funcionan dentro del gabinete nacional -la directora de Migraciones Florencia Carignano– y el excéntrico y sobrevalorado cuadro de la derecha argentina Carlos Maslatón. El punto central del debate fueron las restricciones a los viajes al exterior dispuestos por el gobierno nacional.

El abogado autopercibido como “peronista liberal” que supo integrar las filas “ucedeístas”, manifestó en su cuenta de Twitter que “la Directora Nacional de Migraciones de la dictadura de Alberto Fernández profesa ideología nazi alemana de 1938” y que “todas sus medidas son 100% nazis”. Para cerrar su diatriba autoritaria, el marcial Maslatón condenó a Carignano: “va a la lista prioritaria de nuestros enemigos”.

Tras esto, Carignano no eludió la chicana y le dio ejemplos de varios países del mundo que tomaron medidas restrictivas por el notorio aumento de casos. “Estados Unidos no permite ingresar desde Brasil, UK o China; Inglaterra y Alemania multan con más de cinco mil euros a los que incumplen medidas; Francia no deja salir a sus ciudadanos”, arrancó la funcionaria. Para luego cruzarlo sin medias tintas: “El mundo se volvió nazi o usted no se enteró de la pandemia”.

Para cerrar su revés tuitero, Carignano se refirió a la última frase de Maslatón, donde dice que va a agregarla a su “lista prioritaria de enemigos”. “Listas prioritarias de enemigos. ¿MaSSlaton? Eso sí es nazi”, le devolvió la gentileza agregando una segunda “S” a su apellido, aludiendo a las “SS”, las fuerzas de seguridad que respondían a Adolf Hitler durante la Alemania nazi.

Más allá de esta “polémica”, la pregunta que subyace es ¿Qué tipo de Estado prefiere la población argentina a la hora de enfrentar a este enemigo invisible que ya se llevó casi sesenta mil vidas de compatriotas en apenas un año de faena? ¿Un Estado que se comprometa en la defensa de la salud pública y priorice la mirada científica y social disponiendo medidas que protejan a la mayoría vulnerable de los efectos letales del virus? ¿O el que deja librado a la decisión individual la observancia de las normas de protección colectiva, sin evitar el accionar que pueda perjudicar al conjunto de la sociedad?

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Un modelo para tener en cuenta

Un pequeño gran país al otro lado del universo y gobernado por una mujer, viene demostrando con creces que la presencia del Estado en los asuntos que hacen al bien común está muy lejos de ser una intromisión atentatoria contra los derechos de los individuos. Se trata de Nueva Zelanda, cuyo gobierno decidió esta semana aumentar el salario mínimo de los y las trabajadore/as y subir los impuestos a los más ricos.

Quien decidió ambas medidas para luchar contra la desigualdad e impulsar la economía tras el impacto de la covid-19 fue la primera ministra Jacinda Ardern quien, luego de mantener una reunión con su gabinete, destacó que las medidas “representan mejoras reales y largamente esperadas en el apoyo que prestamos a nuestros pobladores más vulnerables”.

Con los cambios presentados por Ardern, el nuevo salario mínimo se eleva de 18,90 dólares neozelandeses a 20 la hora, una medida que forma parte de sus principales promesas electorales y que beneficiará a 175 mil personas. También desde este jueves aumenta el impuesto máximo hasta el 39 por ciento de los ingresos de las personas que ganen más de 180 mil dólares neozelandeses, cuando antes el tope era del 33 por ciento. Se prevé que la medida afecte a un dos por ciento de los contribuyentes.

El gobierno de Nueva Zelanda cerró sus fronteras para frenar la pandemia y ordenó uno de los confinamientos más estrictos del mundo en marzo de 2020, cuando solo tenía 50 casos. Más de un año después acumula apenas 2.141 contagios y 26 muertos en un país que tiene cinco millones de habitantes.

Sin que le tiemble el pulso, la primera ministra ordenó la semana pasada que la mayor ciudad del país, Auckland, vuelva a ser confinada debido a la aparición de un nuevo caso de coronavirus. El resto del país está sometido a restricciones, como el límite de congregaciones de personas a un máximo de 100, y la obligación de usar tapabocas en transportes públicos. Ardern considera que la pandemia progresa porque los ciudadanos no toman los recaudos necesarios, aunque su gestión frente al coronavirus es elogiada internacionalmente.

Un Estado presente tomando decisiones a favor de las mayorías, aun cuando deba afectar los intereses de los grupos concentrados de la economía, es una alternativa posible, aún en un sistema que abraza el capitalismo como modelo de distribución de la riqueza. Argentina debería buscar ese tan deseado equilibrio que la coloque entre los países que no temieron en ejecutar las acciones necesarias para proteger a su población y no sucumbir ante los despiadados cuestionamientos de quienes atentan contra la salud colectiva y solo priorizan sus intereses particulares por sobre los del conjunto de la población. ♣♣♣

#PA.