La Mafia Nostra

Por Mauro Federico

Por Mauro Federico


No conformes con haber logrado su alejamiento del cargo para el que fue convocado por el gobernador Omar Perotti, los detractores del mani pulite santafesino van por la cabeza de Marcelo Sain, el único funcionario que -desde el Organismo de Investigaciones provincial- intentó extirpar el tumor de una corrupción con metástasis en todos los poderes del Estado. Claves para entender las dificultades de gobernar cuando la política se deja atar las manos por las mafias y el crimen organizado. Pasen y lean.

Francesco Borrelli fue un magistrado italiano que dirigió al equipo responsable de las investigaciones anticorrupción conocidas popularmente con el nombre de “Manos Limpias” (Mani Pulite, en la lengua del Dante). El proceso descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a los principales grupos políticos de principios de los noventa -cuya figura destacada era el socialista Bettino Craxi– y a poderosos grupos empresariales e industriales. Así se inició la causa judicial a la que se bautizó como “Tangentopoli” en la que debieron declarar aproximadamente 4.000 empresarios y políticos de diversos partidos, todo en un contexto pre-electoral que enrarecía aún más el clima.

La investigación dirigida inicialmente por la Procuraduría de la República de Milán y posteriormente extendida a toda la península, se desarrolló en un contexto de corrupción, extorsión y financiación ilegal de la actividad política. Estaban involucrados ministros, diputados, senadores, empresarios e incluso los ex presidentes del Consejo. A pesar de las complicidades propias del sistema imperante y las amenazas sufridas por los magistrados –que incluyeron los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, perpetrados por la Cosa Nostra– el proceso acabó liquidando a la clase política que gobernó el país desde la posguerra, incluida la Democracia Cristiana y el Partido Socialista y dejó al descubierto una red muy extendida de corrupción enquistada en el poder.

Las mafias existen en todos los lugares del mundo. Argentina no es la excepción. Pero si hay un distrito de nuestro país donde los oscuros intereses del crimen organizado han cooptado a las herramientas del Estado para combatirlos, es la provincia de Santa Fe. “Acá gobierna el PUS: el Partido Único Santafesino, que está compuesto por cierto sector de la dirigencia socialista, radical, peronista y del PRO, cuyos representantes se encargan de condenar políticamente todo aquello que amenace los privilegios que obtienen por la connivencia con los mafiosos”, explica a #PUENTEAEREO el diputado provincial Carlos Del Frade, vicepresidente de la Comisión parlamentaria que investiga el accionar de un grupo de fiscales y legisladores involucrados en la causa de Juego Clandestino.

Este proceso comenzó con una denuncia contra dos fiscales por haber protegido a personas acusadas de cometer delitos a cambio de dinero que promovió la remoción y la posterior detención de los involucrados. Esta situación puso al descubierto la trama de corrupción que atraviesa a la justicia santafesina, con epicentro en los tribunales de Rosario y tiende un manto de sombras sobre la actuación de algunos representantes del Ministerio Público provincial. Sobre uno de estos fiscales –de apellido Serjal- pesaban serias acusaciones de irregularidades, pero los intercambios de favores con la dirigencia política, fueron un salvoconducto para evitar que el peso de la justicia recaiga sobre sus espaldas. “El dinero de la corrupción genera una organización paralela que termina siendo funcional a la introducción de la plata sucia dentro del circuito legal y todo con el guiño de las autoridades políticas y de las fuerzas policiales”, explica a este portal uno de los investigadores.

La imputación contra este grupo –entre los que se encuentra el senador por el departamento de San Lorenzo Armando Traferri, de aceitados vínculos con el peronismo de la provincia- es muy grave. Para los investigadores, conformaron “una asociación ilícita con el fin de usufructuar dinero ilícito proveniente de la recaudación de una red de garitos y apuestas realizadas por medios electrónicos sin contar con la debida autorización legal”. Según la imputación, estas personas son parte de una organización que funcionó desde el 24 de abril de 2017 hasta el 24 de julio de 2020, donde cumplieron distintos roles e hicieron distintos aportes para la explotación del juego clandestino. Esto incluyó la entrega de dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones que incluyeron la omisión de perseguir delitos cuando estaban obligados a hacerlo y brindar información reservada con el fin de hacer fracasar investigaciones.

Pero la trama delictiva está sostenida en una estructura que en la provincia de Santa Fe trasciende largamente el margen de los partidos políticos y las alianzas. Ese entramado ha contado en las últimas dos décadas con la complicidad de funcionarios políticos, judiciales y policiales, cuya pertenencia partidaria nunca fue obstáculo para que trabajaran mancomunados.

“Traferri fue un eslabón muy importante para asegurar la gobernabilidad en la provincia cuando Antonio Bonfatti se impuso en aquella elección que casi se la arrebata Miguel Del Sel, candidato del PRO. En aquel momento para el socialismo fue muy importante armar una estructura de alianzas con el PJ, sobre todo el ala más cercana a los sectores conservadores y del Frente Cívico y Social, para garantizar la gobernabilidad, pero ese acuerdo también sirvió para proteger hechos delictivos y con ramificaciones ilícitas, y aún continúa”, relató una fuente con acceso a los principales despachos de la Casa Gris.

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El hombre

Si existió un factor determinante para que estas y otras muchas irregularidades comenzaran a quedar al descubierto fue la labor del Organismo de Investigaciones (OI), dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La OI está conducida desde diciembre de 2018 por uno de los especialistas en seguridad más formados académica y políticamente de la Argentina: el licenciado en ciencias políticas y sociólogo Marcelo Sain. Con la fuerza de la ley y el coraje que siempre caracterizó sus gestiones al frente de dependencias públicas, Sain comenzó a depurar un sistema corrompido por una sucesión de gestiones donde la administración de justicia, se confundió con la connivencia entre funcionarios judiciales, policías, delincuentes, todos amparados por la complicidad del sistema político.

Con la llegada de Omar Perotti a la gobernación, Sain fue convocado para ocupar el ministerio de Seguridad provincial, una de las sillas más calientes de la administración pública “mundial”. Y no solo no se arrugó, sino que supo enterrar el bisturí hasta el fondo para extirpar el verdadero tumor de la política santafesina, que es la corrupción enquistada en el corazón mismo del poder que debería combatirla. Por eso las víctimas de su accionar –eufemismo elegante que reemplaza el calificativo de corruptos que les cabría perfectamente- hicieron todo lo posible para limar los bulones que sostenían el andamiaje de su gestión.

Finalmente, el pasado 18 de marzo de 2021, Sain presentó su renuncia y apenas cuatro días después solicitó al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación que deje sin efecto la licencia al cargo de Director Provincial del Organismo de Investigaciones que había solicitado para ejercer como responsable de la cartera de seguridad. Y ahí mismo quedó claro que sus enemigos –que son los mismos que los del pueblo santafesino- no le iban a facilitar el retorno a su función originaria.

Varios fiscales y legisladores exhumaron denuncias nunca investigadas sobre presuntos abusos contra presos detenidos en comisarías; supuestas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego; o sobre expresiones discriminatorias del funcionario en perjuicio de ciudadanos e instituciones de la provincia. Formalmente, incluso, un grupo de diputados promovieron un requerimiento específico para que Sain no reasuma al frente de la OI. Nada de esto prosperó y finalmente quedó oficializado el retorno del funcionario al cargo al que había accedido no por obra y gracia de ningún dedo, sino por concurso.

Sin embargo, la embestida legislativa y judicial en su contra no se detuvo. Las presiones y hostigamientos continuaron hasta que, finalmente esta semana, la mayoría de la comisión bicameral de Acuerdos de una Legislatura integrada por varios miembros sospechados de proteger a las bandas criminales, resolvió avanzar con el proceso sancionatorio al titular de la OI por supuestas “faltas graves”. Y solicitó a las Cámaras alta y baja, que sesionarán en forma conjunta el 1° de julio próximo, para suspender al ex titular de la cartera de Seguridad santafesina por 180 días y retener el 50 por ciento de sus haberes.

Con la celeridad propia de quienes necesitan terminar rápido con su faena vergonzante, el titular de la Bicameral despachó una nota a la presidenta del Senado provincial, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, para que realice la convocatoria a una sesión conjunta de ambas Cámaras el jueves, con el objetivo de votar el dictamen que suspende a Sain. El requerimiento es, a todas luces, inconstitucional, entre otras razones porque se lo cuestiona por su desempeño en el Organismo de Investigaciones a causa de supuestos hechos protagonizados cuando integraba el gabinete provincial.

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Objetivo: eliminar a Sain

Claramente la suspensión de Sain es el precio que el establishment político y económico de Santa Fe pretende cobrarle por haber osado investigar a importantes dirigentes como el diputado radical Maximiliano Pullaro y el senador peronista Traferri, conectados por una delgada línea que solo divide aguas entre quienes combaten realmente el delito –como el resistido ex ministro de Seguridad de Perotti- y aquellos que se alían con los delincuentes.

El golpe a la red de juego clandestino o la condena a diez años de prisión por tráfico de drogas para Alejandro Druetta, ex jefe de inteligencia de Drogas Peligrosas durante la administración socialista, fueron verdaderas patadas al hormiguero de un entramado mafioso, que incluyó crímenes de claro corte mafioso, como el asesinato del financista Hugo Oldani, que manejaba “plata sucia” de la policía provincial. Justamente la OI de Sain estaba tras la ruta del dinero desaparecido tras el homicidio, en cuyo recorrido aparecerían mencionados funcionarios sindicales y hasta integrantes de la Corte Suprema provincial.

Este viernes, Sain presentó un recurso de amparo ante la Justicia laboral de Rosario, en el que enumera prolijamente las circunstancias que llevaron a esta instancia y los motivos por los cuales a su entender no corresponde aplicarle sanciones por las acciones supuestamente cometidas en el ejercicio de un cargo que ya no desempeña, que es el de ministro de Seguridad de la provincia.

Sain considera que la ley 14.016, que faculta a la Legislatura a suspender a fiscales, defensores y funcionarios de alto rango del MPA y la Defensoría General, además de quebrar la división y el equilibrio de poderes, “fue dictada a poco tiempo del comienzo de una persecución política” en su contra, “que comenzó en marzo de 2021 y ahora culmina con la suspensión en el cargo que se dispone”. Al punto que recoge para identificar a esa norma la denominación de “ley anti Sain”.

Para el funcionario, la norma está hecha “a medida”, para que él no pueda volver a ejercer el cargo de Director del Organismo de Investigaciones, “estableciendo un régimen de incompatibilidades específicamente diseñadas para este caso concreto, y posibilitando que sea la Legislatura santafesina, la encargada de aplicar sus disposiciones”.

Al igual que la “cosa nostra” hizo con Falcone y Borsellino, la mafia nostra pretende sacarse de encima una espina que le molesta para continuar haciendo sus negocios a sangre y fuego, como lo vienen haciendo desde hace más de veinte años en la provincia de Santa Fe, con el silencio cómplice de los gobernantes. Los resultados de la gestión Sain son una bofetada que interpela a la política argentina y la obliga a mirarse desde afuera, sin piedad, para preguntarse si realmente está decidida a poner proa contra los poderes siniestros que tienen a la democracia contra las cuerdas. ♣♣♣

#PA.

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