La Justicia en “Py” de guerra

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Por Mauro Federico


En medio de una cuarentena que no da tregua y con la mayor parte de los esfuerzos centrados en evitar la propagación masiva del coronavirus, el Gobierno se apresta a dar una batalla anunciada desde el mismísimo discurso de asunción presidencial: reformar el sistema de administración de justicia. Con matices, los jueces federales plantean objeciones al proyecto cuya letra chica se desconoce, aunque todos suponen que apunta a revolucionar el manejo de los tribunales de Comodoro Py y su relación con el universo de la política, no siempre saludable para la independencia de poderes. En el Ejecutivo subsisten aún las diferencias entre los planteos de Gustavo Béliz –a quien varios magistrados miran con recelo por los enconos que el Secretario de Asuntos Estratégicos tuvo en el pasado con el ala “servilleta” del Poder Judicial– y los referentes kirchneristas, que proponen una reestructuración más profunda de los mecanismos de funcionamiento del engranaje judicial. En este contexto avanza y se amplía la denuncia por los aprietes de los operadores macristas contra jueces para presionarlos a armar causas contra ex funcionarios del gobierno de Cristina y proteger a las empresas amigas. Pasen y lean.

La cuarentena vació los pasillos de muchas dependencias públicas, entre ellas los del edificio emblema que aloja a juzgados, tribunales y fiscalías de la tan mancillada Justicia federal. El periodista ingresa sin mayores inconvenientes en la tarde del jueves para visitar a una antigua fuente que, a pesar de las restricciones, hace uso de la excepción que le corresponde para adelantar trabajo. El despacho del magistrado está atiborrado de expedientes –como el de muchos jueces– pero los más candentes reposan sobre su escritorio, junto al dispenser de alcohol en gel, la máscara full face y el barbijo. “¿No te molesta que te atienda con esto puesto?”, pregunta mientras se acomoda los adminículos protectores y ofrece mate, bombilla y termo individual para no compartir. “Hay que prevenir”, agrega. La charla discurre amena y trivial, hasta que el periodista pregunta por la reforma judicial que volvió a anunciar el Presidente durante una entrevista radial a comienzos de semana. “Se están poniendo a la mayoría de culo y están a punto de mandarse una cagada enorme al pretender fusionarnos con colegas que vienen de otros fueros y que no entienden el lenguaje de Py”, afirma. “Nosotros sabemos cómo tratar con la política, tenemos el pulso ideal para impartir Justicia buscando el equilibrio entre los intereses que siempre existen en este ámbito, no le conviene a nadie que entren otros en el juego que no manejan los mismos códigos”, concluye el juez.

La descripción de esta conversación no hace más que graficar el tono de los conceptos que cotidianamente inundan el grupo de WhatsApp que comparten los “federales” donde abundan las críticas a la iniciativa cuyos detalles aún no trascendieron, pero en cuyo espíritu subyace la idea de limitar los ocasionalmente conniventes conductos de negociación entre magistrados y funcionarios, muchas veces intermediados por el accionar de los servicios de inteligencia.

Desde el mismo día de su asunción, Alberto Fernández incluyó en la agenda de su gobierno la reforma del sistema judicial, con la idea afianzar perfil propio de gestión. Cada vez que el presidente o cualquiera de sus funcionarios se refirió al tema, buscaron destacar que la iniciativa tiene por finalidad desarmar el poder de jueces federales y el entramado de relaciones entre Comodoro Py y los que el mandatario calificó como “los sótanos de la democracia”

Más allá de la pandemia –que obligó a modificar drásticamente la agenda gubernamental– en el Poder Ejecutivo existen diferencias que demoran la redacción final del texto que, según se anunció esta semana, será enviado al Congreso después que finalice la actualmente vigente cuarta fase de la cuarentena. Mientras un sector sugiere matices a la hora de ampliar el fuero federal, otros funcionarios señalan que podría complicarse la aplicación de esos cambios si en simultáneo se pone en marcha el nuevo Código Procesal Penal. El debate se centra en algunos de los conceptos aportados por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, impulsor principal de los cambios en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con cuya estructura histórica mantiene aún los resquemores de su anterior (y fugaz) etapa como funcionario del primer gobierno kirchnerista. 

La forma en la que Béliz pretende realizar la descentralización del poder de los tribunales de Comodoro Py, no sólo irrita a gran parte de los integrantes de la familia judicial. Varios funcionarios del ministerio que conduce Marcela Losardo creen que no sería conveniente federalizar los juzgados ordinarios, sino que sólo debería fusionarse la Justicia Federal con el fuero Penal Económico. El razonamiento sostiene una lógica política: el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires está infectado de macristas posicionados en los últimos cuatro años y permitirles el acceso a este ámbito, le otorgaría a la oposición un poder inconveniente a los intereses del oficialismo.

En esa misma línea, las fuentes consultadas por #PuenteAereo consideran que “las vacantes disponibles en los juzgados que esperan una titularidad y los que se abrirán a raíz de las renuncias por la reforma jubilatoria, serán una ventana abierta para que entren nuevos aires al fuero que protagonizó la ola de ilegalidades y detenciones arbitrarias de la era Cambiemos”. En los de primera instancia, es necesario cubrir la vacante en el Federal 11, que dejó Claudio Bonadío; el 3, que podría ser liberado si Daniel Rafecas parte rumbo a la Procuración; y el 12, que ocupaba Sergio Torres, hasta que fue designado en la Suprema Corte bonaerense. Formalmente también están los dos cargos en la Cámara Federal que dejaron Leopoldo BrugliaPablo Bertuzzi al ser trasladados por decisión política a la Sala I, sin concurso previo y con la sola intención de desplazar a Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, a quienes el macrismo destituyó por liberar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Otro sector del Poder Ejecutivo considera inconveniente que los cambios se efectúen de manera simultánea y sugieren hacerlo de manera paulatina, teniendo en cuenta que debe ponerse en funcionamiento en todo el país el nuevo Código Procesal Penal, que requerirá de tiempo de adaptación por la complejidad que supone.  “Imaginate si esto se hace simultáneamente con la fusión de los fueros, va a ser un verdadero quilombo”, confió otra fuente ministerial. 

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Tiempos, apoyos y denuncias

Cuando el lunes por la noche Alberto Fernández le dijo al periodista Gustavo Sylvestre que el proyecto de reforma “está listo para ser enviado al Congreso ni bien el parlamento agilice su funcionamiento” (cosa que comenzó a hacer con la inauguración de las sesiones virtuales), se encendieron las alarmas en varios despachos. El pánico se incrementó cuando a mitad de la semana se conocieron las conversaciones entre la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde comenzaron a definir la fecha de su inminente tratamiento.

Pero también surgieron voces a favor de la iniciativa. Por ejemplo la del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien en diálogo con el programa Solo Periodismoaseguró que “como en todo tipo de reforma, se genera la expectativa de que las cosas mejoren, porque necesitamos una Justicia que se acerque un poco más a la realidad y de la que podamos estar orgullosos todos los que la integramos”. Lugones indicó que en la gestión anterior “se inventaba cualquier cosa que pudiera generar daño” contra jueces cuyas sentencias no les gustaban y agregó que “luego iban a los medios y después se los denunciaba en el Consejo de la Magistratura”, como una práctica habitual para “generar inseguridad en el ejercicio de sus funciones”, además de la “amenaza de posibles sanciones”. Por su parte el juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar e integrante de la agrupación Justicia Legítima, también marcó la necesidad de realizar una reforma judicial y sostuvo que “la Justicia está emplazada a reformarse y eso no puede ser suspendido por ninguna pandemia”.

La semana finalizó con un dato que introdujo más presión en el ya caldeado ambiente de la Justicia. Dieciocho legisladores del Frente de Todos ampliaron la denuncia sobre presuntas presiones a jueces durante el gobierno de Mauricio Macri, que volvió a involucrar al actual jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahíques, por su desempeño como funcionario del ministerio que condujo Germán Garavano. La denuncia original se basó en declaraciones periodísticas de la jueza Ana Figueroa en las que había relatado las presiones que sufrió por parte de la mesa judicial de Cambiemos. El juez federal Daniel Rafecas contará ahora con testimonios que reafirman las presiones ejercidas por Mahíques en la Magistratura y agregan una visita del exministro de Trabajo Jorge Triaca para presionar en causas que involucraban a trabajadores y sindicatos.

En la nueva denuncia se destacan, además de Garavano, la participación del exsecretario Legal Pablo ClusellasFabián Rodríguez Simón(alias Pepín), el exjefe de la AFI Gustavo Arribas y el extitular del club Boca Juniors, Daniel Angelici. Además, los legisladores hacen hincapié en el rol del exasesor presidencial José Torello como “anfitrión de las reuniones, lo cual deja en evidencia que el presidente Macri estaba al tanto de la mesa judicial, tenía especial interés por los asuntos que allí se trataban, y por eso tenía a su principal asesor, abogado personal, amigo íntimo de la escuela secundaria y hombre de su máxima confianza, al frente de este auténtico grupo de tareas”, señalan.

Los legisladores construyeron la ampliación en base a declaraciones radiales de Luis Raffaghelli, juez de la Sala VI de la Cámara del Trabajo, que denunció presiones en una causa en la que reintegraron a trabajadores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). El juez aseguró que las presiones eran ejercidas por “operadores judiciales que pululaban por la Cámara del Trabajo, que no eran funcionarios, sino asesores de funcionarios letrados profesionales, que estaban todo el día por la Cámara y con sus presiones lograron, entre otras cosas, frenar denuncias por los despidos de la agencia oficial Télam, Pepsico y Mc Donalds”. Raffaghelli relató, además, una visita de Triaca, “en carácter protocolar, con una delegación de máximo nivel de su Gabinete y tuvieron la osadía de proponernos consensuar nuestra doctrina, nuestros fallos”.    ♣♣♣

#PA.

Domingo 17 de mayo de 2020.
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