La conquista del pan (y del trabajo)

Por Mauro Federico

Por Mauro Federico


Tras la exitosa gira de Alberto Fernández por Europa, donde le puso el cuerpo a la renegociación de la impagable deuda contraída por el macrismo y consolidó el frente externo, otra batalla —tanto o más importante que la refinanciación de los créditos internacionales— aguarda en Argentina: la lucha contra la pobreza y la desigualdad que, pandemia mediante, se ha expandido por encima de los cálculos más pesimistas. La falsa antinomia entre asistencia alimentaria o generación de fuentes laborales que enfrentó a distintos sectores del Frente de Todos, encubre la propuesta de quienes plantean combinar la universalización de los ingresos sobre la población asalariada y desocupada con la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado. Pasen y lean.

Además de su primer nombre, mi abuelo paterno —a quien no tuve la suerte de conocer— me legó parte de su extensa biblioteca, que atesoro con el esmero y cuidado que merecen los libros impresos. Uno de ellos, pertenece al anarquista ruso y padre del comunismo libertario Piotr Kropotkin. Se llama La conquista del pan y su texto fue originariamente concebido como una serie de artículos que luego se editaron como libro en París, a finales del siglo XIX.

En este trabajo —que cada tanto releo— Kropotkin apunta a lo que él denomina las “fallas del sistema capitalista” al que considera como “creador de miseria y escasez, mientras promueve el privilegio para ciertas clases”. El autor propone como alternativa un esquema económico descentralizado basado en la ayuda mutua y la cooperación voluntaria, afirmando que las tendencias para este tipo de organizaciones ya existen, ambas en la evolución y la sociedad humana.

“La humanidad es rica, incluso sobrepasando los sueños de los cuentos de hadas de Las Mil y Una Noches y sus riquezas han sido reproducidas por generaciones de trabajadores e inventores, que crearon y mejoraron las diversas tecnologías, haciendo de la tierra un lugar más habitable. Pero estas riquezas han sido apropiadas por una pequeña clase de propietarios quienes fuerzan a la gente a producir, no para las necesidades de la vida, sino para la obtención de beneficios por parte de los monopolistas”, sostiene Kropotkin en el primer capítulo de su obra. “Basta de esas fórmulas ambiguas, tales como el derecho al trabajo, o a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos”, completa el teórico anarquista.

Su tesis principal es que el bienestar para todos es posible. En los países civilizados, por ejemplo, los productores, que apenas son la tercera parte de la población, producen lo suficiente para que exista cierto bienestar en cada hogar. Así, si la totalidad de la población fuera productora, se crearían todavía muchas riquezas. Contradiciendo la teoría del malthusianismo —según la cual la población crece en progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión aritmética— Kropotkin afirma que “el hombre acrecienta su fuerza productiva con mucha más rapidez de lo que él mismo se multiplica”, por ende “cuanto mayor número de hombres hay en un territorio, tanto más rápido es el progreso de sus fuerzas productoras”.

Cualquiera de estas teorías necesita la conjugación adecuada del verbo “producir”. Sin producción, no hay riqueza para distribuir. La discusión que sobreviene de modo automático es cómo se distribuye lo que se produce y qué rol le cabe al Estado en la distribución de esos bienes generados por la reproducción del capital invertido. Parece sencillo, hasta que aparece otro factor: la especulación financiera. Esto es, en buen romance, los que ganan plata, prestando plata. Cuando cualquiera de nosotros coloca una moneda excedente en el banco para multiplicar el valor de sus ingresos sin promover ninguna otra actividad que no sea la especulativa. Después el sistema financiero presta ese dinero a una tasa que le permite obtener sus ganancias.

A nivel mundial la cosa funciona más o menos igual. Los países más pobres se endeudan con el sistema financiero trasnacional que controlan los grandes bancos, los fondos “buitres” y las naciones más poderosas. Argentina pecó con todos. Y por eso le viene debiendo a cada santo una vela desde hace décadas y, a pesar de sus condiciones objetivas favorables, postergó su crecimiento y se sumergió en el pantano del endeudamiento cíclico.

Lejos del libreto de Kropotkin pero sin sucumbir a las tentaciones de entregar la soberanía económica de la Nación a los designios del capital financiero, el Gobierno de Alberto Fernández propuso encontrar un camino donde no se desconozcan las acreencias, pero tampoco se someta a la población a las postergaciones propias de los gobiernos que jamás pagan la deuda interna con su pueblo. La estrategia desplegada por el Gobierno argentino para negociar con el FMI, su mirada sobre el nuevo orden mundial y su prédica en reclamo de una mayor solidaridad de las naciones más poderosas para enfrentar la pandemia, recibieron esta semana el guiño de varios mandatarios europeos durante la gira por el viejo continente. 

La recorrida por Europa arrojó resultados muy auspiciosos para la administración del Frente de Todos. Si todo sale como Martín Guzmán supone, en los próximos días podrá anunciar que el Fondo Monetario Internacional le posterga los US$ 5.000 millones que vencen este año, y en la misma línea, el Club de París haga lo propio con otros US$ 2.500 que Argentina debe enfrentar este mes. Claro que nada es gratis. El FMI aceptará patear los pagos hasta después de las elecciones legislativas de noviembre para darle oxígeno al Gobierno con un objetivo: que acuerde con la mayoría de los sectores políticos un plan de ajuste que le permita comenzar a pagar lo que debe.

La felicidad de Alberto a la hora de hacer un balance de su gira, contrasta con la preocupación que le genera afrontar la compleja tarea de analizar cómo construirá un plan para conformar las expectativas de todos los que lo abrazaron durante su periplo europeo, sin defraudar las esperanzas de millones de argentinos y argentinas que necesitan imperiosamente de la presencia del Estado para garantizar su supervivencia.

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Comer antes de pagar

Antes de partir a Europa, el presidente comunicó una serie de medidas paliativas de la crítica situación social que atraviesan millones de argentinos y argentinas, sumergidos en la dramática segunda ola de la pandemia, que se está cobrando un promedio de cuatrocientas vidas por día. El eje del anuncio tuvo que ver con la ampliación del alcance de la Tarjeta Alimentaria como forma de enfrentar el proceso de intensificación de la pobreza.

Un grupo de organizaciones sociales —varios de cuyos dirigentes participan de la gestión gubernamental como funcionarios de diferentes dependencias— pusieron el grito en el cielo planteando que el problema que el Gobierno debería poner en agenda es la generación de empleo, antes que destinar recursos a paliar el angustiante déficit nutricional provocado por la falta de alimentos, en un país que tiene capacidad de producir comida para diez veces la cantidad de su propia población.

En este sentido, hay dos opiniones muy bien fundamentadas que han quedado opacadas por la estridencia de ciertas declaraciones identificadas con legítimos intereses sectoriales y que esta columna se propone resaltar. Una pertenece a la Defensoría de los niños, niñas y adolescentes, que este fin de semana salió al cruce de las organizaciones sociales que critican el sistema de asignación de dinero del Gobierno y defendió la política del ministerio de Desarrollo Social. “En este contexto de pandemia era imprescindible atender las situaciones de enorme vulneración de derechos que viven las niñeces y adolescencias en nuestro país”, argumenta Marisa Graham, titular de la dependencia.

Los movimientos sociales, integrados al Gobierno, plantaron bandera esta semana y reclamaron una acción más agresiva para acompañar a los sectores vulnerables. La primera crítica la expresó Juan Grabois, dirigente de la CTEP. Pero luego se sumaron Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y también Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).  El “trío San Cayetano” sintetizó su posición sobre los anuncios del presidente Fernández en un comunicado: “Disentimos de la Tarjeta Alimentaria porque corre el eje de la inclusión desde el trabajo, es ineficiente y limitada”, apuntaron.

Con la firma de su titular, Graham destacó en un comunicado “la ampliación de la Tarjeta Alimentar” anunciada este mes de mayo para las familias con niñas y niños de hasta 14 años. “Esta Defensoría reconoce que esta decisión en materia de política alimentaria es un avance relevante, en línea con las recomendaciones y gestiones realizadas por esta institución”, esgrimió el organismo.

“En tal sentido seguimos advirtiendo aún sobre la falta de políticas integrales, que más allá del ingreso monetario, deben estar particularmente dirigidas a los y las adolescentes de 14 a 17 años, que requieren una mirada específica que los incluya en la protección posibilitando un lugar de mayor protagonismo”, agregó Graham.

En realidad, este enfrentamiento entre el Gobierno y los organismos sociales es una disputa por controlar una billetera cada vez más flaca. Los dirigentes sociales tienen una serie de proyectos que consideran más prioritarios que la Tarjeta Alimentar: ampliar el Potenciar Trabajo y avanzar en el Plan de Desarrollo Humano Integral, el ambicioso proyecto para construir un millón de viviendas en cuatro años a través de cooperativas. 

En contrapartida, en el Gobierno, en una visión que comparte el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, creen que hay un objetivo determinante y de corto plazo: atacar el hambre.

En este enfrentamiento, la defensora tomó partido, destacó que “el derecho a la seguridad alimentaria debe ser entendido como estratégico” y celebró “la ampliación de la Tarjeta Alimentar como una política fundamental para paliar la emergencia alimentaria en la franja más golpeada por la pobreza e indigencia como lo es la niñez y adolescencia”, concluyó.

La otra mirada que merece ser tenida en cuenta es la que propone el director del Banco Nación, Claudio Lozano quien, además, forma parte del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y es uno de los referentes nacionales del partido Unidad Popular, que integra el Frente de Todos. “La única manera de resolver de manera urgente la emergencia alimentaria es la implementación de un programa de carácter universal que garantice seguridad económica a la población en edades centrales. Una alternativa posible que superaría el propósito de la tarjeta alimentar es la conformación de un piso alimentario para toda la población conformada por la asignación universal por hijo para los menores de 18 años y un ingreso básico universal destinado a toda la población que no tenga garantizado un ingreso formal. En tanto esta asignación equivaldría a la línea de indigencia para un adulto, una familia tipo tendría garantizado un ingreso mensual de $25.600”, explica Lozano. 

Desde esta perspectiva, resulta equivocada la visión planteada por algunas organizaciones sociales que confronta la universalización de los ingresos con la implementación de planes con contraprestación laboral. Es una mirada que parece no reconocer la urgencia del hambre en el contexto pandémico, ni las discusiones contemporáneas respecto a qué es y qué no es trabajo, e incluso desconoce el proceso de precarización de las relaciones laborales que hace que un cuarto de las personas que trabajan es pobre.

Para Lozano, “la Argentina no debe discutir entre universalidad de ingresos o trabajo. Debe combinar la universalización de los ingresos sobre la población asalariada y desocupada con la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado”. El problema de la Tarjeta Alimentar no es que se podrían haber generado más planes potenciar trabajo. Es que no universaliza y no garantiza el piso alimentario que la Argentina necesita. Existen recursos fiscales y políticas que permitirían financiar los 3 puntos del PBI que requiere la propuesta del IPyPP. 

Por último, lo resuelto respecto a la tarjeta Alimentar es una demostración más de la dificultad de los movimientos populares nacidos a mediados del siglo pasado en el marco de la industrialización, para avanzar en la universalización de los ingresos. Ese límite resultante de un contexto histórico que ya no existe, generó en gestiones pasadas que fuera necesaria una derrota electoral (2009) para que se impulsara la AUH. Instrumento que terminó siendo la política social más efectiva. Ante el cuadro social de incremento de la pobreza y de la indigencia, en el marco de la gestión del Frente de Todos, demanda que los sectores que lo integran se adelanten a la coyuntura electoral recuperando la universalidad como criterio de política pública en la intervención sobre el tejido social.  ♣♣♣

#PA.

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