Grasa militante

Por Mauro Federico

Por Mauro Federico


Sectores de la oposición intentan boicotear los acuerdos entre el gobierno y las cámaras empresarias para contener el desmesurado incremento de los precios. Lo ocurrido con el programa destinado a controlar lo que ocurre con la carne, muestra el nivel de suciedad al que algunos grupos políticos, ligados a las cadenas de comercialización, están dispuestos a apelar. La ortodoxia liberal se aferra a la mano invisible del mercado y a la “ley” de oferta y demanda que todo lo acomoda y se persignan mirando al cielo cada vez que el gobierno amaga con ejercer un control estricto para evitar abusos. En el oficialismo, hay sectores convencidos de ir a fondo para contener las subas, echando mano a todos los recursos legales disponibles. Y otros que evidencian una tibieza impropia de la concepción histórica del peronismo, siempre proclive a ejercer un férreo control de la cadena de comercialización para proteger a los consumidores. Pasen y lean.

Apenas ochenta días después de asumir su primera presidencia, Juan Domingo Perón promulgó la Ley 12830, cuyo objetivo primordial era la fijación de los precios máximos. En su extenso y detallado articulado, la norma detalla las mercancías susceptibles a ser incluidas en la ley, entre las que se destacan las materias primas y los productos manufacturados o locaciones que intervengan en el proceso de producción o distribución de los bienes destinados al consumo masivo. Esta última categoría engloba alimentación, vestido, vivienda, construcción, alumbrado, calefacción y sanidad. Asimismo, conserva la facultad de declarar el carácter “esencial” de cualquier bien o servicio que influya en el costo de vida popular.

Pero además, esta ley dotó al Estado de una herramienta potente que iba más allá de la simple fijación de precios para intervenir en la economía nacional, porque además, establecía normas de racionamiento, ordenaba la producción, su distribución, uso o abastecimiento; disponía la liberación de los derechos de importación para agilizar los procesos productivos; controlaba, prohibía o circunscribía la exportación de mercancías consideradas de interés público o de aquellas que intervengan en la determinación de algún precio sensible;  administraba los mecanismos necesarios para incrementar la importancia de las ferias comunales con la finalidad de evitar los gastos de intermediarios; y creaba registros de las sociedades o empresas que intervenían en la producción pudiendo el Estado verificar las existencias o solicitar información a los privados.

Dos meses más tarde,  promovió otra ley que tenía el objetivo central de reprimir a los monopolios y a los trusts industriales o comerciales, con la que procuró avanzar en la represión de las prácticas económicas y comerciales abusivas. En consecuencia, se transfirió al Estado una herramienta contundente y moderna para la detección y desarticulación de los monopolios.  

Para consustanciar a todos los sectores sociales, políticos y productivos del espíritu de estos plexos, el gobierno justicialista conformó el Consejo Económico Social, con la participación de las Cámaras empresariales, comerciales y de importadores. En las mismas, Perón solicitó responsabilidad social al momento de la fijación de los precios. Llamó a instalar un espíritu de colaboración de las clases en detrimento de intereses mezquinos. En ese marco, el presidente aprovechó para remarcar que la intención del gobierno no era inmiscuirse en la esfera privada pero que no dudaría un instante en interceder en aquellos casos donde las maniobras fueran por demás escandalosas para la economía popular.

A pesar de todo, los precios se dispararon. Por eso, el gobierno tomó una determinación enérgica: promovió la ley “de represión al agio, la especulación y los precios abusivos”, con la cual facultó a la Secretaria de Comercio para aplicar expeditivamente las sanciones correspondientes, confiriéndole la potestad de arrestar a los infractores, aplicar la ley de deportación a extranjeros, suspender patentes y marcas, incautar productos, congelar precios y obligar a los fabricantes a producir cierto mínimo que el Poder Ejecutivo estipulase.

Para ello delegó en la Policía Federal la vigilancia, inspección, contralor y represión de las sanciones derivadas de las leyes vigentes. El cuerpo policial pasó a transformarse en “inspector” compartiendo esta nueva función con miembros de la Secretaría de Industria y Comercio. A modo de sanción pública, el Poder Ejecutivo publicaba los nombres y domicilios de los infractores y, con posterioridad a la clausura, las fotos del comercio o empresa clausurada. Más allá de las críticas que estas políticas desataron en la oposición, el objetivo se cumplió y el equilibrio entre los precios y salarios pudo sostenerse durante el resto del primer período peronista.

El sistema de precios es el alma misma del capitalismo. Por eso los neoliberales fustigan duramente cualquier política que pretenda regularlo, la boicotean y así terminan perjudicando al conjunto de la sociedad. Las políticas regulatorias apuntan a imponer un precio “justo” o “razonable” para las mercancías de primera necesidad o de consumo masivo, en búsqueda de un estadio de justicia social o distributiva que cualquier gobierno popular debería tener.

Esa política debe constituirse en el dique contenedor del accionar inescrupuloso de los sectores monopólicos que abusan de su posición dominante en perjuicio de los consumidores, que ven aniquilado su poder adquisitivo por la notoria depreciación del salario ante el espiral inflacionario.

***

Carne podrida

A mediados de la semana pasada, el gobierno presentó un acuerdo con las cámaras frigoríficas que establece ocho cortes populares con rebajas de hasta el 30%. Como suele ocurrir con este tipo de programas, la primera polémica se desató ante el faltante de los productos promocionados, algo que se regula de acuerdo al stock disponible de mercadería. Pero hubo otro hecho que mereció la observancia especial de las autoridades y generó muchísima repercusión mediática.

Varios posteos en redes sociales con imágenes incluidas, dieron cuenta de cortes promocionales que tenían gran cantidad de grasa y ponían en duda la calidad de los productos ofrecidos. Rápidamente, las cámaras frigoríficas y las organizaciones que nuclean a las grandes carnicerías se mostraron indignadas por una situación que pretendía desacreditar la validez del convenio a partir de un cuestionamiento a la mercadería puesta a la venta.

Algunos ojos atentos a la profusión de fotografías con cortes de asado muy similares a una falda tan grasosa que ni para puchero serviría, prestaron atención a los datos de las bandejas y detectaron que las etiquetas (todas) tienen la inscripción correspondiente a la cadena de supermercados “La Anónima”, que pertenece a la familia del ex secretario de Comercio macrista, Miguel Braun. Como todos seguramente recuerdan, Braun es, a su vez, primo del ex jefe de Gabinete y mano derecha de Mauricio Macri, Marcos Peña.

Si la jugada fue intencional o simplemente una “casualidad”, es difícil de determinar. Pero viniendo de una empresa familiar cuyos exponentes políticos no han dudado ni un instante en apelar a las campañas sucias a través de las redes sociales para denigrar a sus adversarios y apelar a la viralización de fake news para sostener sus argumentos, no sería extraño suponer que todo formó parte de una maniobra para torpedear un acuerdo logrado con muchísimo esfuerzo entre el gobierno y las cámaras empresarias.

***

Convicción de controlar

Si el gobierno quiere lograr algún efecto en su política anti-inflacionaria, debe profundizar la senda que comenzó a exhibir este fin de semana, mostrando fuerte presencia política en el control de precios. En función de este objetivo y conciente de que la semana entrante comenzará el debate en el Gabinete Económico-Socia ampliado ente empresarios y trabajadores para definir la intensidad del tironeo entre precios y salarios, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recorrieron supermercados en distintos lugares de la Argentina para supervisar el acuerdo de precios de los productos cárnicos.

Además de la recorrida de Kulfas y Español, en conjunto con Provincia y sus municipios, se realizaron distintos operativos a puntos clave de comercialización para que se garantice el abastecimiento de cortes de calidad en todo el país. “Tenemos un Estado presente comprometido con el cuidado del bolsillo de los argentinos; por eso vamos a fiscalizar no solo para que se cumpla el precio y el abastecimiento, sino también la calidad de los productos”, afirmó Kulfas durante la recorrida en la provincia de San Juan.

Al mismo tiempo, la secretaria Español recorrió supermercados en el barrio porteño de Villa Crespo, mientras que un equipo de fiscalizadores del ministerio y funcionarios provinciales y municipales participaron de distintos operativos en otros puntos del país. “Estamos haciendo, en conjunto con las provincias y municipios, una fiscalización constante desde el primer día del Acuerdo de Carne como hacemos con Precios Cuidados y todas las políticas y programas estructurales que impulsamos desde la Secretaría de Comercio Interior”, afirmó.

En la misma línea, agregó que “es un acuerdo federal en el cual empezamos con una oferta de cortes y de bocas de expendio representativa en todo el país que permite referenciar cortes esenciales en la canasta de consumo y cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos”.

El control genera la previsible reacción de los que no creen en el rol rector del Estado para regular la aplicación de sus políticas económicas. Pero las críticas de los “reaccionarios” solo confirman que este es el rumbo correcto, si lo que efectivamente se persigue es evitar los abusos en perjuicio de las mayorías siempre castigadas por el poder económico. ♣♣♣

#PA.

Notas Relacionadas

Posadas, polo del Conocimiento del NEA

Del 25 al 29 de octubre, la ciudad de Posadas expondrá todo su potencial académico en una expo que tendrá como principal atractivo el regreso a la presencialidad. Cinco universidades, 40 Institutos de Educación Superior para englobar a más de 210 carreras de nivel superior que ofrece la capital de Misiones.